Telecomunicaciones: Decreto 690/20 limitado por poder judicial a favor de las empresas

El Gobierno autorizó aumentos en las tarifas de televisión, internet y telefonía en un documento emitido por Enacom con la firma de su presidente Claudio Ambrosini.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este 25 de abril un aumento del 9,5 % para las tarifas de teléfono, internet y televisión en mayo y otro en julio. Mediante la resolución 725/22 publicada en el Boletín Oficial. No obstante, la medida no alcanza a las empresas amparadas por medidas judiciales, como Telecom y Movistar, las cuales vienen aplicando aumentos superiores.  

Telecom ya aumentó trece por ciento los precios en enero y otro 12 por ciento en abril con lo cual a julio tendrá un acumulado de un 44 %, mientras que Movistar ajustó en febrero dieciséis por ciento y para abril tiene previsto un nuevo incremento de hasta un 12,6 %, acumulando un 47,6 %.

De este modo, el tope que establece Enacom rige solo para las compañías que no lograron un amparo judicial para eludir el cumplimiento del DNU 690/2020, por lo general las empresas con menos capacidad de lobby en el poder judicial.

Enacom indicó, en el caso que el usuario no abone su factura con incrementos superiores a los autorizados, que las prestadoras no podrán suspender el servicio ni computar mora sobre esas facturas.

Para la modalidad prepaga, se estableció que a partir del 1° de mayo de 2022 los valores máximos para la recarga de cincuenta megabits (MB) de datos móviles por día no puede superar los $ 27,40, el segundo de voz los $ 0,42 y los mensajes de texto (SMS) $ 5,50 pesos; en todos los casos con impuestos incluidos.

En tanto, para julio los valores pasan a ser de $ 30 pesos para la recarga de 50 MB de datos móviles, de $ 0,46 en el segundo de voz y de seis pesos por cada mensaje de texto.

A diecisiete meses del decreto 690/20 necesitamos terminar con las demoras y dilaciones judiciales a favor de las corporaciones de telecomunicaciones

El Estado continúa, como muy poca efectividad, en disputa por los derechos en telecomunicaciones. Las empresas continúan facturando servicios de mala calidad desconociendo el decreto 6890/20 gracias a la protección judicial logrado en los amparos que benefician a Telecom, Telefónica y Claro.

La aparición y propagación de la covid-19 han puesto más visible los retrasos en conectividad y la calidad de los servicios digitales. La brecha digital entre los que pueden acceder y tiene usabilidad informática es aún más visible. Los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Alberto Fernández por mejorar esta situación resultaron insuficientes y poco efectivas. Las elecciones del pasado 14 de noviembre expresaron las necesidades de atender las demandas del pueblo y el acceso a estos servicios declarados esenciales.

Durante el lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa, Alberto Fernández puntualizó. «Sabemos que vivimos en un país injusto, vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar».

Los servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía móvil y cable), las limitaciones en el acceso, la calidad y los costos de los mismos, son parte de las demandas insatisfechas de los argentinos y muy especialmente de los compatriotas que habitan los llamados barrios populares y pueblos distantes de las grandes zonas urbanas.

En estas barriadas, para que los pibes asistan a clases, los padres tuvieron que recargar los celulares para tener datos y mediante WhatsApp intentar tomar una clase que los vinculará con la escuela, sus maestros y compañeros.

La brecha digital no perdona la pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos personas que pasaron uno o dos años tomando clases por un celular con recarga y WhatsApp y otros con una computadora e internet domiciliaria.

Un relevamiento de conectividad en barrios de Mar del Plata y Batán muestra que un ochenta por ciento de los hogares carece de dispositivos informáticos como computadoras; en un 76,5 % no tiene conectividad a Internet (ni con wifi ni con cable de red); y un 65,5% depende del acceso a los datos del celular para poder navegar por Internet.

¿Democracia o corporaciones?

El pasado 22 de junio, un tribunal federal de Argentina resolvió por mayoría denegar los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado. El Enacom realizó la presentación contra la sentencia que favoreció a Telecom Argentina, por la cual la empresa no se ajustará a los controles de precios acordados por el regulador estatal.

El argumento principal que exponen los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín), dueños de las firmas que monopolizan los mercados de Internet, telefonía móvil y TV paga, es que los aumentos autorizados por el ente regular producen «daños irreparables a la economía de la empresa», por lo cual buscan la suspensión del decreto 690/20 que declaro los servicios mencionados como «esenciales» y que regula el precio de éstos desde diciembre de 2020.

El Grupo Clarín, distribuyó a fines de agoto u$s 556.000.000 en dividendos entre sus accionistas. Mientras judicializó y logró frenar el decreto que limitaba sus aumentos de tarifas reparte las ganancias en dólares. Con este monto, en lo que va de la pandemia Héctor Magnetto y sus socios se repartieron u$s 1.153.000.000.

El dato de este reparto de u$s 556.000.000 lo informó Telecom a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En una nota con fecha 12 de agosto y detalló que va a distribuir dividendos en especie, es decir: Bonos Globales 2030 por u$s 370.000.000 y Bonos Globales 2035 por u$s 186.000.000.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su fallo favor de Telecom Argentina S.A. suspendió los artículos principales del DNU 690, que en 2020 declaró como servicio esencial de las telecomunicaciones las prestaciones de Internet, telefonía celular y el cable. Además, abre instancias para que otras empresas se sumen en el mismo sentido de desconocer el control de precios a cargo del Estado.

Los jueces priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos, su fallo a favor de la empresa del grupo Cablevisión Holding es el «botón de la muestra». Cabe recordar que el holding fue estructurado en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. La decisión de la ¿Justicia? federal reestablece la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas.

Ahora que lograron consolidar mediante un «golpe blando» mediante la ocupación del Consejo de la Magistratura, el poder detrás logra entre acciones antidemocráticas desconocer los límites que pretende el Decreto 690/20 para regular las tarifas de os servicios de Telecomunicaciones y cuidar los bolsillos de los argentinos.

Los números que muestra la Cámara Argentina de Internet, Cabase, ponen en evidencia la inequidad de la infraestructura digital: de las 2618 localidades con acceso a Internet 34 % cuentan con acceso alámbrico, veinte por ciento inalámbrico y 46 % con ambos tipos de tecnología. De esas 2618 localidades solo un 30% (781) cuentan con opción de acceso por fibra óptica.

Servicios esenciales de las TIC

En el mes de julio de 2021 Tolosa Paz, por entonces presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales afirmaba «la conectividad hoy es la plataforma de acceso a la educación y a la salud y, en ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio, para que, en treinta días, tres millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas, con una gran disposición de las empresas en acompañar esta prestación».

Para modificar esa situación, el Gobierno creó la Prestación Básica Universal (PBU) mediante el decreto 690/20, pero las empresas de telecomunicaciones dificultan su implementación. La PBU es la tarifa social de la conectividad, así como existen tarifas sociales en electricidad y gas. Las familias beneficiarias, son las mismas, tienen en común sus condiciones de vulnerabilidad social.

La PBU fue decretada para que más de tres millones de compatriotas que viven situaciones de pobreza e indigencia puedan acceder a los servicios de las plataformas digitales. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se han convertido en indispensables mucho más en este tiempo de pandemia. Para realizar trámites, notificarse de pagos y fechas de vacunación, para el trabajo o teletrabajo, la educación, la salud y las relaciones sociales y recreativas, estos servicios son esenciales.

El negocio con la pobreza que realizan Telecom, Telefónica y Claro, se evidencia en las políticas comerciales, amparadas por el dictamen de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. Dos de los tres jueces que la conforman de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que les permitió desconocer el 690/20 y avanzar con los aumentos de precios de los servicios esenciales que brinda el grupo Cablevisión Holding.

Sin tiempo de espera

Los números que muestra la Cámara Argentina de Internet, Cabase, ponen en evidencia la inequidad de la infraestructura digital: de las 2618 localidades con acceso a Internet 34 % cuentan con acceso alámbrico, veinte por ciento inalámbrico y 46 % con ambos tipos de tecnología. De esas 2618 localidades solo un 30% (781) cuentan con opción de acceso por fibra óptica.

Los datos publicados por Enacom muestran una fuerte disparidad en la penetración de acceso fijo a Internet en los hogares. Mientras que en la CABA el porcentaje es 105.98, en Corrientes es de 38.73, Catamarca 37.62, Chaco 37.48 y Formosa 30.23.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) realizó un relevamiento de conectividad en conjunto con el movimiento Barrios de Pie y otras organizaciones sociales que forman parte de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) en barrios de Mar del Plata y Batán. La muestra abarcó geográficamente a 52 sectores populares, unos 200 hogares del Partido de General Pueyrredón.

El resultado pone visible una dimensión poco explorada de la desigualdad estructural en nuestra sociedad que se profundizó con la pandemia: la vulneración del derecho al acceso a Internet y a la tecnología digital. Expone la realidad en los barrios, donde un ochenta % de los hogares carece de dispositivos informáticos como computadoras; en un 76,5% no hay conectividad a Internet (ni con wifi ni con cable de red); y un 65,5 % depende del acceso a los datos del celular para poder navegar por Internet.

A diecisiete meses del decreto 690/20 necesitamos terminar con las demoras y dilaciones judiciales a favor de las corporaciones de telecomunicaciones. La necesidad insatisfecha se puso visible con los resultados electorales del 14 de noviembre. No es posible seguir esperando la equidad en servicios esenciales para la población sin profundizar las medidas expuestas y fortalecer la regulación en la calidad de los servicios.

La infraestructura y economía digital es una posibilidad de desarrollo para la Argentina; para su pueblo y, no solamente para los que nos dejaron las ya que las vaquitas y los tractores son de ellos.