El INTA prohibió mencionar en sus documentos las palabras agroecología, cambio climático, género y biodiversidad
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) —el mayor organismo técnico del agro argentino— prohibió a sus trabajadores el uso de las palabras «cambio climático», «sustentabilidad», «agroecología», «género», «biodiversidad», «huella de carbono» y «prohuerta» en documentos y publicaciones del organismo. Así lo denunciaron desde la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta).
El 11 de junio, Apinta emitió un comunicado en el que denunció la situación de censura y alertó que la prohibición de utilizar los términos mencionados afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030. Dos semanas después, el 25 de junio, la situación fue llevada a un encuentro de comunicadores de las regionales del INTA (estructuras administrativas en las que dividen al país). Allí estaba presente el presidente del instituto, Juan Cruz Molina Hafford, un reconocido impulsor del agronegocio y detractor de la agroecología. En esa oportunidad las autoridades reiteraron la recomendación de «no usar esas palabras y que se baje la presencia en la red social X (ex-Twitter), diciendo que es donde el Gobierno da la discusión política», afirmó el secretario general del sindicato, Mario Romero. Y destacó: «Nos llegó información que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea similar».
El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 —contra el que atenta la directiva comunicacional— se plantea como objetivo impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competitivo, «inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente». También menciona la intención de ser un espacio que contribuya a la «soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria».
La decisión del INTA está en sintonía con el cierre de programas como el Prohuerta, con la desarticulación de políticas para fomentar la agroecología y con el discurso de negacionismo climático del presidente Javier Milei.
Apinta cuestionó también la utilización de bots/trolls ligados al Gobierno, que realizan comentarios descalificadores y posteos agresivos contra la institución y la recepción de correos de «propaganda política y adoctrinamiento» desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.
Ante la censura, el Consejo Directivo del organismo hace silencio. Se trata de la máxima autoridad del Instituto, cuyos cargos son políticos y con fuerte presencia del agronegocio con representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales (CRA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El actual presidente fue un activo miembro de CRA, Aapresid y Aacrea.
La denuncia de Apinta no es un hecho aislado. El INTA «siembra» censura desde hace años. En junio de 2023, la dirección nacional del INTA envió una nota a la investigadora Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Se la «instruyó» a suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto internacional Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (Sprint). El proyecto evaluó la presencia de plaguicidas en Europa y Argentina. Los resultados preliminares evidenciaban que los plaguicidas no permanecen únicamente en los campos de cultivo: están presentes en suelos, el agua, el aire y en los cuerpos de las personas.
A fines de 2022, ATE-INTA denunció que el INTA Córdoba, entonces encabezado por el actual presidente Molina Hafford, realizó un sumario al ingeniero agrónomo César Gramaglia, especialista en agroecología. Gramaglia había sido denunciado en 2020 por el propio Hafford, a partir de quejas de funcionarios del gobierno cordobés y del Senasa provincial. El motivo: difundir las técnicas agroecológicas para el control de plaga de langosta, a contramano del modelo convencional con agrotóxicos.
También en ese año, el INTA reconoció el impacto de la deriva postaspersión con agrotóxicos en la contaminación del agua y de los suelos, como así también la creciente resistencia de las malezas por la «alta frecuencia» de aplicación de insumos de síntesis química. Sin embargo, frente a estos problemas, el organismo reivindicó las llamadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que no excluyen el uso de plaguicidas en la producción.
En 2018, el estudio «Plaguicidas en el ambiente» editado por el INTA, y escrito por Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa, fue borrado del repositorio digital de la entidad. Tras hacerse público el retiro de la publicación, decidieron volver a publicarlo.
Más atrás en el tiempo, en 2017, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino prohibió a sus trabajadores utilizar la palabra «agrotóxico». El correo electrónico enviado a quienes se desempeñaban en la entidad vetaba el término en las comunicaciones de los profesionales, en materiales impresos o virtuales o en cualquier otro tipo de comunicación institucional correspondiente al INTA. Argumentaba: «El término “agrotóxico” implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado o inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental». Y pedía usar, en cambio, los términos “productos «fitosanitarios» o «agroquímicos».
Con información de Tierra Roja
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