España: El plan de Sánchez para atajar la desinformación
En el marco del Plan de regeneración democrática, el Gobierno de España busca incorporar lo antes posible el Reglamento europeo sobre libertad de los medios de comunicación para luchar contra las noticias falsas y los medios que manipulan la información.
Las medidas anunciadas por el presidente España, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados se pueden resumir en una mayor transparencia en la propiedad de los medios, un mayor control de la publicidad institucional y una real y auditada medición de audiencias. Aunque también se podría resumir diciendo que lo anunciado es la incorporación del Reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación que se aprobó el pasado marzo en el pleno de Estrasburgo «con todos los votos de todos los partidos menos los de la extrema derecha», tal y como repitió varias veces Sánchez mirando hacia la bancada derecha y mientras pedía el apoyo al paquete al Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo, que votó a favor del Reglamento en Europa.
Dicho Reglamento ha sido aprobado en las instituciones europeas y deberá ser adoptado por los Estados miembro a partir de agosto de 2025 para «establecer salvaguardas que permitan combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación, proteger a los periodistas y sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación», tal y como dice el propio texto aprobado y que Sánchez citó en el Congreso.
«El problema no es la crítica, el problema es la mentira. Cuando esas mentiras se vuelcan en el público y estos no son capaces de distinguir la realidad de la mentira», dijo el presidente, que también señaló que «el ciudadano debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los problemas reales y los inventados, entre los datos y los relatos».
Con la adhesión a las medidas emanadas de la UE, el Gobierno debe hacer cumplir a los medios de comunicación con los nuevos estándares de transparencia sobre su propiedad, lo que implica ofrecer a la ciudadanía información actualizada, de forma sencilla, sobre sus accionistas y titulares directos con participación suficiente para tener poder de decisión e influencia sobre el medio y sus decisiones estrategias. Es decir, tendrán que dar información detallada con nombres, apellidos y porcentajes de todos aquellos accionistas de los medios que puedan tener influencia en su marcha.
Asimismo, los medios de comunicación tendrán que publicar cuánto dinero reciben de publicidad institucional, así como las cantidades de fondos públicos que reciban desde otros Estados o entidades públicas de terceros países.
El clickbait, las recetas de cocina que poco tienen que ver con el periodismo y el uso de bots para inflar estadísticas de visitas son técnicas que están a la orden del día para incrementar las cifras que abren las puertas a recibir publicidad pública y privada. El nuevo reglamento también pretende poner coto a dichas prácticas aplicando también medidas a los sistemas de medición de la audiencia y las empresas que las miden para que cumplan con los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
El foco no se ha puesto sólo en la falta de transparencia de las empresas de comunicación. También lo ha hecho en la falta de transparencia que reina en las administraciones públicas, tanto en las autonómicas como en las del Gobierno central, que brillan por su ausencia a la hora de publicar en qué medios acaba el dinero público que estos reparten en sus planes de medios anuales. El nuevo reglamento obligará a las administraciones a publicar mediante un formato electrónico el desglose de sus gastos anuales en publicidad en medios de comunicación.
«El reglamento es muy claro, los ciudadanos y ciudadana deben conocer el nombre de los accionistas, lo que reciben de dinero público y sus audiencias para evitar fraudes en la inversión publicitaria, mediante el uso de bots o clickbait», resumió Sánchez.
Para la ejecución, control y supervisión del nuevo reglamento, el Gobierno propone ampliar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que sea esta la que ejerza de organismo independiente de control.
Además de todo ello, Sánchez anunció un paquete de ayuda al sector que se financiará con los fondos Next Generation, un paquete de medidas que sigue la senda de otros sobre la digitalización y que se dotará con cien millones de euros.
Esta iniciativa tendrá que ser aprobado en el Congreso y el Reglamento incorporado en los próximos meses. Con ese propósito, Sánchez anunció una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para avanzar en las negociaciones. También insistió con lo del voto a favor del Partido Popular en Estrasburgo (sede de varias instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, entre otras) para forzar el apoyo de los liderados por Alberto Núñez Feijóo, que tendrán que decidir si —en su estrategia de bloqueo y oposición a todo lo que sale de las filas del Gobierno de coalición— hacen lo contrario que apoyaron en las instituciones de la Unión Europea.
Con información de El Salto
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