Argentina, un escenario de alto riesgo

«En siete meses, Milei ha acelerado el desmantelamiento de lo que se había hecho en las últimas décadas en materia de memoria, verdad y justicia. Vivimos una situación muy complicada y de alto riesgo». Con estas palabras describió Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, la grave situación que vive Argentina.

«Si hablamos de memoria, verdad y justicia —explicó Torras— Argentina había logrado avanzar con políticas públicas importantes, tanto de juzgamiento a los responsables de violación de derechos humanos durante la última dictadura, como de apertura e investigación de archivos militares y de seguridad.

Actualmente hay más de 1300 personas condenadas en más de trescientos procesos judiciales, entre militares, policías y civiles. También se crearon equipos de relevamiento al interior de ciertos ministerios, para identificar y analizar archivos, al tiempo que se aprobó una Ley de Sitios de Memoria (Ley 26691). Hoy existen cuarenta espacios de memoria funcionando como espacios abiertos a la comunidad, pero fueron identificados más de ochocientos sitios en Argentina que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

Asimismo, se incorporaron en la curricula educativa temas de memoria, como por ejemplo los impactos sociales y colectivos de la dictadura y el terrorismo de Estado.

Desmantelar la búsqueda de verdad

«En los últimos siete meses, las nuevas autoridades han venido desmantelando estos avances, y lo han hecho por diferentes vías», advirtió Torras. «Han comenzado a desactivar varios programas, eliminando, por ejemplo, los equipos de relevamiento y desfinanciando el propio proceso de verdad y justicia». agregó.

La experta en memoria y derechos humanos condenó también el despido masivo de trabajadores y trabajadoras con mucha experiencia y una larga trayectoria de militancia en estos temas. Muchas veces, después de haber descabezado los programas en área de memoria, se han dejado estos puestos claves vacantes, generando parálisis operativas.

Otra estrategia que están adoptando es desactivar el apoyo gubernamental en los procesos de justicia. Afortunadamente, aseguró Torras, no han podido ejercer mayor injerencia. Lo que han hecho es mantener posicionamientos públicos que contradicen los avances logrados en términos de memoria, verdad social e histórica sobre el terrorismo de Estado.

Remilitarizando la sociedad

«Se han dado a la tarea, por ejemplo, de negar, relativizar y cuestionar la sistematicidad de los crímenes cometidos, el número de víctimas, la existencia de campos de concentración o de las torturas y violaciones sexuales», detalló la directora de Memoria Abierta.

«Hasta han reivindicado la actuación de las Fuerzas Armadas y el proprio Milei ha elogiado los indultos de los años noventa, que dejaron a la Argentina durante dieciocho años sin la posibilidad de avanzar con el juzgamiento de los responsables», argumentó.

Es decir, un proceso reconocido mundialmente como un gran logro en el camino de búsqueda de memoria, verdad y justicia, es presentado por este gobierno como un proceso de venganza y humillación hacia los militares.

«Es evidente que preparan el terreno para profundizar la desarticulación de estos procesos, revalorizar el papel de las Fuerzas Armadas, llevando el país hacia una nueva remilitarización y resecuritización de la política y la sociedad», avizoró Torras.

Todo esto a la par de un ataque sistemático a los derechos sociales, que ya está dando como resultado una recesión muy preocupante, unida a un aumento exponencial del desempleo y los índices de pobreza.

«El objetivo general es restringir la participación democrática, política, comunitaria. En este sentido la movilización en las calles, el rol de la CGT en la protesta y la resistencia institucional como contrapeso de poderes han sido fundamentales en estos meses. Esto no debe, ni puede parar», concluyó.

Fuente: Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Turismo y Afines (UITA)

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