Por los ataques a la libre expresión en Argentina, Amnistía Internacional envío una carta a la CIDH

La organización envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el «potencial peligro que esto genera para el debilitamiento del debate público».

A casi ocho meses del gobierno de Javier Milei, Amnistía Internacional responsabilizó a la administración libertaria por los ataques a la prensa. Para eso, envió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las relatorías especiales de defensores de derechos humanos y de libertad expresión.

Según detalla ese informe, «en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, cerca de treinta periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación».

«El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho», señaló la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belski.

El documento puntualiza que la red social X «se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones», y que el modus operandi de los usuarios libertarios, entre los que se incluye al Presidente, es atacar a los periodistas e insultarlos.

«A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: “mentirosos”, “ensobrados”, “idiotas”, “violentos”, “agresivos”, “despreciables”, “imbéciles”, son algunos de los calificativos e insultos elegidos», detalla el informe dirigido a la CIDH.

Los periodistas atacados son, entre otro Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, a los que recientemente fue sumado Marcelo Longobardi, calificado como «dinosaurio», «idiota», «chanta» y «pifiador serial» a través de la cuenta del presidente. 

En el escrito, la organización internacional también cuestiona la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado. Y alertó sobre el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada, que pueden devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que puedan preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno.

Amnistía Internacional ha relevado que este tipo de ataques suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres, lo cual impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas.

El informe subraya que «Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad».

«La libertad de expresión y de prensa —concluye— son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo.»

MÁS INFO

El Gobierno nacional reafirmó ante la CIDH su política de criminalización de la protesta y defendió la represión

En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.

En la audiencia, el gobierno de Javier Milei intentó justificar su política de represión de la protesta, el uso indiscriminado de balas de goma, gases y palos por parte de las fuerzas de seguridad y la criminalización de las personas y organizaciones que se manifiestan en el espacio público. A través de la intervención del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y del director nacional de cooperación internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alberto Fohrig, volvió a caracterizar a las manifestaciones como un alzamiento contra las autoridades democráticas.


 

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