¿Qué pasó con la ley de medios?

¿Qué pasó? ¿Por qué la LSCA, popularmente conocida como ley de medios, no produjo los efectos esperados? ¿Cómo se explica que una ley promovida por la sociedad civil y que el gobierno nacional de Cristina Fernández tomó como propia quedara trunca o inconclusa en su aplicación? Lejos de ser una cuestión académica, los interrogantes planteados son necesarios para aprender de los errores y no repetirlos

Reinstalar en la sociedad el tema de la comunicación desde la perspectiva de los derechos humanos plantea un gran desafío que, de mínima, implica la construcción de un sujeto social de la comunicación, como lo fue la Coalición por una Comunicación Democrática, y el involucramiento de un gobierno de dispuesto a incorporar en su agenda las demandas de ese sujeto para transformarlas en herramientas democratizadoras.

La ley 26522 es el resultado de la convocatoria política y la capacidad de construcción transversal de la Coalición y del compromiso del gobierno nacional, que tomó las demandas sociales de la Coalición para convertirlas en un proyecto de ley que luego aprobara el Congreso de la Nación. Y es preciso destacar que el Gobierno de Cristina Fernández no solo impulsó y garantizó el proceso de debate público y la discusión en el Congreso del proyecto de ley, sino que asumió como propios los argumentos de la Coalición expresados en los 21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia.

Sin embargo, una ley impulsada desde la sociedad civil y que en su momento se convirtió casi en una causa nacional quedó a la deriva, permitiendo una nueva fase de concentración convergente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué la LSCA no produjo los efectos esperados? ¿Cómo se explica que una ley promovida por la sociedad civil y que el Gobierno tomó como propia quedara trunca o inconclusa en su aplicación? Lejos de ser una cuestión académica, los interrogantes planteados son necesarios para aprender de los errores y no repetirlos

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Pero antes de ensayar a modo de hipótesis alguna respuesta, hay que recordar que la LSCA —sancionada por el Congreso Nacional el 10 de octubre de 2009 y promulgada por el Decreto 1467/2009—consagró la comunicación como un derecho humano y reivindicó la identidad cultural mediante la producción nacional de contenidos a través de medios públicos, comunitarios y comerciales.

La ley reposa en dos pilares: la desmonopolización del sistema tecno-mediático y la construcción de un modelo de comunicación con multiplicidad de voces. La ley promueve entonces el pasaje de una mediación corporativa en manos de grupos monopólicos que conducen la producción de sentido, a mediaciones múltiples ejercidas por diversos actores (estatales, universitarias, comunitarios, pequeños y medianos medios privados, cooperativas). Esto explica el porqué la adjudicación de un 33 por ciento del espectro para medios sin fines de lucro debía constituirse en un componente estratégico de la reconstrucción de la esfera pública posneoliberal y la profundización de procesos políticos y simbólicos de construcción de ciudadanía.

El eje central de la ley es que la esfera pública —el ámbito de relacionamiento de las dirigencias políticas, sociales, sindicales y culturales y la sociedad, el espacio de la política— no quede mediatizada por una comunicación monopolizada cuyo fin es consolidar los intereses del establishment que decide qué dirigentes circulan y cuáles no y qué discursos son promovidos, destruidos o entorpecidos. Por tanto, lo que estratégicamente promueve la norma es que la esfera pública no quede atrapada por una mediatización privada y concentrada y sus integrantes puedan construir mediatizaciones propias, desarrollando medios comunitarios, interviniendo en la gestión de los estatales o asociándose a pequeños y medianos medios privados.

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Mi hipótesis, yendo al interrogante de por qué no se efectivizó la aplicación de la LSCA es que, luego de su aprobación, el accionar de los conglomerados mediáticos, las medidas que adoptó el Gobierno en materia de comunicación, más el desempeño de los actores sociales que apoyaron la ley se combinaron para obstaculizar el cumplimiento de ésta y revertir las relaciones de fuerza que hicieron posible la aprobación de la ley.

Ciertamente, las arremetidas judiciales de los grupos hegemónicos del sistema mediático, que contaban con sus ramificaciones en la Justicia, lograron impedir por un tiempo la aplicación de dimensiones clave de la ley, como el proceso de desmonopolización, y desgastar políticamente al Gobierno. De hecho la LSCA tuvo su propio vía crucis judicial que terminó cuando en octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia valida la constitucionalidad plena de ley. La Corte avaló la vigencia de los artículos cuestiones por el Grupo Clarín y sentenció que la ley no afecta la libertad de expresión ni pone en riesgo la sostenibilidad económica del grupo.[1]

Por otro lado, el gobierno nacional también aportó lo suyo para dificultar la aplicación de la LSCA. Después de la crisis del 2008 con el «campo», la pelea con Clarín fue tomada por el kirchnerismo como una bandera para ganar militancia nueva y galvanizarla. La aplicación de la LSCA quedó encuadrada por la clarinización de la política.

Frente a los embates judiciales del Grupo Clarín, este enfoque partía del supuesto de que la única manera de aplicar en su totalidad la LSCA era yendo contra la posición dominante del grupo. El Ejecutivo puso entonces toda su atención en sortear la judicialización que primero frenó la norma y luego suspendió solamente el artículo 161 para poder obligar a las empresas adecuarse a los límites de propiedad establecidos, subordinando a esta estrategia la construcción de un modelo de comunicación con multiplicidad de voces que no estaba objetado judicialmente.

Parcializar la ejecución de la ley en el objetivo de desmonopolizar constituyó un error que descuidó la otra parte de la norma que era tan relevante como la desmonopolización del sistema tecno-mediático. Apalancado en este enfoque sesgado, en vez de gestionar la distribución del capital informativo en representaciones sectoriales (empresariales, públicas y no comerciales), la gestión de Cristina Fernández terminó reproduciendo la mirada mercantil de la comunicación, apostando por los empresarios supuestamente «amigos», a la compra de medios y el despilfarro de recursos públicos en multimedios inviables. Resultado, el gobierno que promovió la ley fue, objetivamente, un obstáculo para la construcción de un modelo comunicacional conformado por las radios y televisoras comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, micro y pequeñas empresas de comunicación de arraigo local, cooperativas y los pueblos originarios.

Todo esto se produjo en el marco de ciertos supuestos constitutivos del discurso del kirchnerismo —que las elecciones de diciembre de 2015 demostrarían erróneo—, como el que la ampliación del bienestar económico genera automáticamente lealtades políticas. Este enfoque lineal le impidió advertir lo que Paula Canela llama «déficit de representación».[2] Al promover el acceso al consumo de sectores empobrecidos, el discurso del kirchnerismo deja de representarlos, ya que le sigue hablando a lo que eran y no a lo que son. Los sectores en ascenso ya no se sentían, por ejemplo, identificados en la idea de «la patria es el otro», que aludía a los sectores sociales más desprotegidos, y querían ser reconocidos en su nueva situación de individuos que ascendieron socialmente. Estas cuestiones (enfoque de ejecución de la ley y construcciones discursivas sobre la dinámica social) ayuda a entender el porqué se fueron revirtiendo las relaciones de fuerza favorables al Gobierno, circunstancia que, desde luego, impactó en lo relacionado con la ley.

Aunque con un nivel de influencia y responsabilidad secundaria, la Coalición por una Comunicación Democrática también tiene que hacerse cargo de algunos yerros. La LSCA es una construcción colectiva impulsadas por referentes legítimos de la comunicación organizados en la Coalición, que logró instalar en la opinión pública la necesidad de contar con una norma que interpreta la comunicación como un derecho humano, no como un negocio, y una herramienta de construcción de ciudadanía, ya que considera a los oyentes y televidentes como ciudadanos activos y no como meros consumidores pasivos.

Después de la sanción de la ley, las organizaciones que integraban la Coalición comenzaron a moverse en función de sus objetivos o para integrarse en las distintas instancias institucionales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo previsto por la ley para regular el sistema de funcionamiento de los medios en la Argentina, creyendo tal vez que de esa manera aseguraban la obtención de sus demandas. Así, la Coalición se fue diluyendo y dejó de ser la orientadora de un sujeto social que llegó a contar con la adhesión de más de trescientas organizaciones.[3] La efectiva aplicación de la ley necesitaba de la autonomía de la Coalición y su fortalecimiento luego de octubre de 2009.

Sin duda, los embates judiciales de los grupos hegemónicos del sistema mediático para impedir la aplicación de la ley dieron resultados. Pero, en mi opinión, son los errores del gobierno nacional los que hicieron que la herramienta que pudo equilibrar tamaños y voces en el debate social se desgastara sin llegar antes a empoderar a aquellos que venía a rescatar, sin cambiar el peso relativo de los sectores y permitiendo una nueva fase de concentración convergente.

Y no hay que olvidar que, una vez aprobada la ley, desde el Gobierno se promovió la desmovilización de los actores de la comunicación y se removió a funcionarios ligados a la Coalición por otros ajenos al campo de la comunicación. En buena medida, la sostenibilidad de un proyecto como el de la ley de medios depende de que el sujeto social que lo impulsó sea también actor en su ejecución.

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Lo que se ejecutó de la ley fue tan poco que, en diciembre de 2015, el sistema de medios estaba más concentrado que antes de su aprobación en el Congreso Nacional. Ni bien asumió, y a fuerza de decretos de necesidad y urgencia, el gobierno de Mauricio Macri buscó restaurar el status quo previo a 2008, dejando el campo librado a un mercado concentrado. Y hay que decir que el macrismo avanzó sobre la ley sin encontrar mucha resistencia.

Sin embargo, la «amputación» que el gobierno de Macri hizo a la ley con la derogación por decreto de los artículos relacionados con la desconcentración de los medios monopólicos no alcanza el capítulo relacionado precisamente con el fortalecimiento de los medios sin fines de lucro. Esta circunstancia ofrece al gobierno de Alberto Fernández la posibilidad de promover el pluralismo y una oportunidad para articular comunicación y territorio desde las mediatizaciones locales. En tal sentido, sería conveniente que un nuevo sujeto social de la comunicación trabaje sobre la cultura y la conciencia ciudadana para instalar que el derecho a la comunicación es tan importante como el derecho a la educación o a la salud.  

En fin, el desafío por hacer realidad el escenario comunicacional que construya la representación social y política desde una efectiva pluralidad de voces depende de la sinergia entre actores sociales aglutinados en un sujeto y el Estado. Pero de un Estado que busque ampliar sus bases sociales sin cooptar a los dirigentes populares que impulsan medidas democratizadoras.

Quizás el aprendizaje más importante es que la existencia de una ley no garantiza el ejercicio del derecho; que la concreción de un derecho son las políticas públicas que se pongan en funcionamiento, y eso requiere de un sujeto político que las defienda.

[1] En su fallo la Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. A fines de 2013 el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación. El plan buscaba sacar provecho, al igual que la propuestas de otros grupos de medios, del principio que los multimedios pueden desafectar unidades de negocios siempre que éstas no crucen accionistas y operen de modo separado. Diez meses después de declarar admisible el plan, el Gobierno descubre en octubre de 2014 que éste no reunía los requisitos exigidos. Como el titular de la Afsca, Martín Sabatellla, anuncia este hallazgo primero por la prensa, antes del pronunciamiento del Directorio de la Afsca integrado por directores de los partidos de oposición que desconocían el contenido del expediente en que se basaba esa decisión, la adecuación del multimedios termina en los estrados judiciales. 

[2] En ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos (Buenos Aires, 2019), Paula Canelo plantea la llegada de Cambiemos al gobierno como un síntoma de ciertas transformaciones sociales que el kirchnerismo no supo representar.

[3] Entre los integrantes de la Coalición había sindicatos de la comunicación, universidades nacionales, directores de cine, federaciones de medios comunitarios, cooperativas, organismos de derechos humanos, etcétera.