Defensoría del Público: diez años promoviendo el derecho a la comunicación
La Defensoría, que depende de la Comisión Bicameral y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, cumplió diez años. En una entrevista con la agencia Télam, Miriam Lewin, actual titular del organismo, y Cynthia Ottaviano, la primera defensora, dan cuenta del desafío que significa promover el derecho a la comunicación de las audiencias de medios audiovisuales. Aspiran tener competencia en el ecosistema digital.
La Defensoría del Público, el organismo autónomo más joven de la democracia, cumplió el lunes 14 de noviembre diez años con la misión de promover el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de medios audiovisuales, «un derecho humano que en algunos contextos es la garantía de que no se vulneren otros derechos», dijo Miriam Lewin, que asumió en junio de 2020 tras ser elegida por la Comisión Bicameral de Comunicación Audiovisual del Congreso con el respaldo del oficialismo y la abstención de la oposición. La periodista y escritora asumió en plena pandemia de coronavirus y a partir de su designación se reactivaron «los trabajos que se habían paralizado» durante el gobierno de Mauricio Macri.
Lewin recordó que es la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) sancionada en 2009 la que «abrió las puertas para la Defensoría en 2012», cuando se designó el 14 de noviembre de ese año la primera defensora del público, la periodista Cynthia Ottaviano. Luego de cumplir su mandato de cuatro años, «la Defensoría entra una etapa de acefalía y después de intervención», contó la actual defensora.
En septiembre de 2018, intervino el organismo el abogado Emilio Alonso, a quien los trabajadores y trabajadoras acusaron de generar un vaciamiento de la Defensoría. Durante el período de acefalía las trabajadoras y trabajadores, dijo Lewin, «mantuvieron el trabajo como pudieron y luego vinieron 1dieciocho meses de intervención que paralizaron distintas líneas de acción» hasta la designación de Rodrigo Rodríguez, a través de una resolución de la presidenta del Senado, Cristina Fernández y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
La Defensoría tiene cuatro direcciones: relaciones con las audiencias, para recibir reclamos; investigación y análisis, para realizar informes sobre las piezas radiofónicas y audiovisuales reclamadas; jurídica, con abogadas y abogados especializados en derechos humanos; y capacitación, para difundir buenas prácticas y evitar que se produzcan las mismas situaciones.
Una idea de Alfonsín, retomada por Cristina Kirchner
Cynthia Ottaviano —quien durante la celebración del aniversario en el Centro Cultural Tacheles recibió una distinción— sostuvo que «el reconocimiento de la comunicación como derecho humano implica alejarse del mero negocio y de las lógicas de producción del caos, del espectáculo, clasistas, coloniales, étnicas y patriarcales». Durante los cuatro años de su gestión, el organismo recibió más de diez mil denuncias que fueron solucionadas «prácticamente todas, a través del diálogo, del encuentro, del intercambio de puntos de vista», dijo la exdefensora y doctora en Comunicación. La solución de las denuncias, explicó, «se realizó en un escenario de alta concentración y resistencias a aceptar que las miradas de las audiencias completan la comunicación sobre todo con sus reclamos por discriminación de grupos históricamente vulnerados».
«La Defensoría fue una idea nacida del gobierno radical de Raúl Alfonsín para fortalecer la democracia», precisó Ottaviano. El exmandatario decidió fundar el Consejo para la Consolidación de la Democracia (Cocode) y conformó una comisión de comunicación, desde donde se reconoció la centralidad que ocupa la libre circulación de información, ideas y opiniones para la toma de decisiones.
«Cristina Fernández retoma aquélla propuesta de Alfonsín e incorpora los artículos 19 y 20 a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para crear la Defensorí»”, recordó la fundadora de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID). Lewin explicó que el organismo «depende funcionalmente de la Comisión Bicameral y tiene en su trayectoria valores como la libertad de expresión de todos y todas, no solo de los propietarios de medios».
Las audiencias públicas
Son «un mecanismo participativo de las audiencias donde la Defensoría escucha» para conocer «lo que la gente espera de los medios». En total, se llevaron a cabo 38 audiencias públicas en todo el país en las que los reclamos más escuchados fueron los referidos al incumplimiento de la accesibilidad que, de acuerdo al artículo 66 de la LSCA, todos los medios deben brindar, subtitulado y lengua de señas argentinas.
La falta de contenidos «adecuados para niños, niñas y adolescentes, la vulnerabilidad de los pueblos originarios, y la cuestión del suicidio, que está tomando mucha relevancia», también son reclamos recurrentes, indicó Lewin y agregó que reciben «entre un 18 y 20 % relacionados a violencia digital y desinformación en redes».
«Estamos discutiendo tener competencia en lo digital, algo indiscutible porque no se puede comparar el ecosistema de medios de 2012 con el actual. Esto es un reclamo de las audiencias», agregó.
Resaltó además la «gran apropiación de los feminismos como instrumentos por parte de la Defensoría» y apuntó que «cada vez que se vulnera el derecho de las audiencias por una cobertura inadecuada de un femicidio o un hecho de violencia de género recibimos un aluvión de reclamos». En ese sentido, señaló que hubo más de 1500 reclamos en un solo día, una cifra sin precedentes, que «no fueron presentados por personas travestis y trans, sino por ciudadanos y ciudadanas que se sintieron ofendidos por lo que circula en los medios contra un colectivo históricamente vulnerado en sus derechos».
La Defensoría cuenta con veinticuatro trabajos que orientan en temas como niñez y adolescencia, identidades de géneros, suicidios, violencias y discapacidad y brinda capacitaciones en temas como suicidio, trata, salud mental, y consumos problemáticos.
«La capacitación más requerida es la de género», dijo Lewin y expuso que desde la Defensoría promovieron y asesoraron «la aprobación de la ley de Cupo Travesti Trans en los medios y ahora acompañamos el proceso de reglamentación que está pendiente», como así también el respaldo para «la designación de editoras de géneros en los medios». La gran manifestación de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 fue un punto de inflexión que «hizo evidente que era necesario en las coberturas periodísticas tener en cuenta la perspectiva de género».
El organismo forma parte de la Organization of News Ombudsmen, una institución que agrupa a quienes defienden a las audiencias de veintidós países. Asimismo, puso en marcha la Defensoría Móvil, un trailer con un estudio de radio y televisión que recorre el país para los que lo deseen puedan hacer radio, televisión o presentar un reclamo en forma presencial. También comenzó una alianza estratégica con Unicef de Argentina para trabajar el derecho a la comunicación de niñas, niños y adolescentes.
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La LSCA y la Defensoría
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 26522 consagra la comunicación como un derecho humano. En tal sentido, al reconocer los principios del pluralismo informativo, crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a fin de proteger los derechos de las audiencias con legitimación judicial y extrajudicial para representar al público ante la autoridad administrativa o judicial.
En dos artículos, la LSCA crea la Defensoría y precisa las misiones y funciones de ésta (artículo diecinueve) y establece el procedimiento para designar el Defensor del Público y los requisitos exigidos para ocupar ese cargo (artículo veinte).
El artículo veinte expresa que el Defensor será designado por una resolución conjunta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a propuesta de la Comisión Bicameral. En cuanto a los requisitos para ocupar el cargo, éstos son los mismos que los exigidos para integrar el directorio (artículo catorce) de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual (Afsca), organismo disuelto por el macrismo en el Ente Nacional de Comunicación (Enacom).
Este artículo también dice: «Previo a la designación, el Congreso de la Nación deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de la persona propuesta para la Defensoría del Público y garantizar los mecanismos suficientes para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del candidato».
Luego, tras establecer que el mandato del Defensor es de cuatro años, pudiendo ser renovador por única vez, precisa que la dependencia orgánica de la Defensoría es la Comisión Bicameral.
