Informe de la Defensoría del Público: En Jujuy está en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión
A fines de junio un equipo de la Defensoría del Público viajó a Jujuy a raíz de denuncias sobre una obstaculización del ejercicio del periodismo, además de hechos de represión y persecución, en la cobertura de las protestas contra la reforma de la Constitución local impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Ayer la Defensoría dio a conocer un informe en el que manifiesta su preocupación por prácticas que «ponen en riesgo el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la integridad personal y la libertad de expresión».
El informe surge de un relevamiento realizado luego de que la Defensoría recibiera reclamos y denuncias sobre una obstaculización del ejercicio del periodismo y una posible vulneración a la libertad de expresión durante los operativos policiales desplegados en las manifestaciones del 17 y 20 de junio en Purmamarca y la ciudad de San Salvador, capital de la provincia de Jujuy.
Una comisión del organismo, integrada por su secretario general, Pascual Calicchio, y su director general de Protección de Derechos, Paolo Petreca, viajaron a la provincia para tomar contacto con periodistas y trabajadores de medios de comunicación y recabar información sobre la situación.
Además de los relatos, el informe comparte una serie de recomendaciones para hacer llegar a los distintos organismos vinculados a la temática de la prensa y la comunicación.
El relevamiento contó con relatos de representantes de la Asociación de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ), periodistas y trabajadores de prensa de Radio Chaski FM 88.7, de Prensa Originaria Llankaj Maki, del Colectivo Radio Pueblo, de Radio Universidad FM 92.9, de El Submarino de Jujuy, la Izquierda Diario, TeleSISA y de Télam.
El informe de la Defensoría señala que los hechos denunciados por las y los trabajadores de prensa dejaron entrever situaciones de persecución y agresiones por parte de fuerzas de seguridad provinciales; intimidación con armas de balas de goma; seguimientos y registros fotográficos a cronistas; y la permanencia de efectivos policiales en camionetas sin identificar apostadas en cercanías de trabajadores de prensa. Además de la detención de dos periodistas y el secuestro de sus teléfonos celulares, y cualquier otro elemento de trabajo o comunicación; así como la negativa al acceso a conferencias de prensa oficiales.
Otro de los datos recogidos hizo hincapié en que todas las personas entrevistadas coincidieron en la «imposibilidad de transmitir en tiempo real», por ausencia de señal telefónica o de internet, los sucesos ocurridos durante el 17 de junio en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52, en Purmamarca, así como también durante el 20 de junio en alrededores del Palacio de Gobierno de Jujuy, fecha en que se juró la nueva Constitución de la provincia, que es resistida por avanzar sobre derechos sociales y políticos. Las personas entrevistadas afirmaron que sospechan «de la posible presencia de inhibidores de señal con el objetivo de bloquear o interferir los dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico».
El informe deja en claro que todos estos hechos constituyen «irregularidades que podrían enmarcarse en violencia institucional» y en afectaciones de los derechos personalísimos de las personas que prestaron su testimonio. Sumado a que «tensionan frontalmente con normativa nacional e internacional que ampara la libertad de expresión, la labor periodística y el derecho de acceso a la información de la sociedad».
En este sentido, la Defensoría recordó la vigencia de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual es de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. Y destacó que la tarea llevada adelante por periodistas y medios de comunicación en Jujuy constituye «una actividad social de interés público, que el Estado provincial debe salvaguardar, para asegurar el derecho a la información y la libertad de expresión».
El organismo nacionalrecordó manifestaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado reiteradamente el deber de las autoridades gubernamentales de proteger activamente la labor informativa. En este sentido, señalalas obligaciones de los Estados de instruir a las fuerzas de seguridad acerca del respeto al trabajo de las y los periodistas, y el derecho de trabajadores y trabajadoras de prensa a la reserva de sus fuentes de información.
En ese marco, retomó las denuncias de periodistas de Jujuy que aseguraron que agentes estatales revisaron sus teléfonos celulares. Esto fue señalado como una violación al artículo 43 de la Constitución Nacional que establece que «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», disposición que está en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos que, en su artículo 13 consagra la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
Asimismo, la Defensoría manifesta que en un contexto de protesta social, incluyendo los cortes de ruta, «lejos de disminuir el derecho a la libertad de expresión» se deben extremar los recaudos para su protección. Tal como lo ha expresado la Relatoría de la CIDH, en el documento Protesta y derechos humanos: Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, de 2019.
En lo relativo a las ya consumadas detenciones y la promoción de acciones penales contra trabajadores de prensa, la reciente Declaración conjunta sobre la libertad de los medios de comunicación y democracia, de este año, indicó que para promover, proteger y crear un entorno propicio para la libertad de los medios, los Estados deben «adoptar medidas integrales para la seguridad de las y los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y para su protección contra la violencia y todas las formas de ataques, amenazas y hostigamientos físicos y en línea, o vigilancia ilegítima».
Otros de las cuestiones analizadas refiere a la negativa de parte del gobierno provincial al acceso a conferencias de prensa oficiales. El organismo cuestionó que tal decisión «determina que los medios de comunicación no podrán cumplir sus objetivos, deberes y obligaciones si deben enfrentar restricciones estatales que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de sus periodistas y sus audiencias»,; es decir, lafectación directa de la libertad de expresión.
