Medios comunitarios: la lucha continúa, atados al Estado

Productoras cooperativas, aborígenes y barriales crecen, pero reclaman más subsidios y un esquema equitativo para la pauta estatal. Sustentabilidad, la pelea.

La ley audiovisual fue una bisagra para los medios comunitarios e indígenas. Desde 2009 se constata un crecimiento federal del sector, que llega a poblaciones pequeñas o alejadas. Suman entre 210 y 290 estaciones, principalmente de radio FM, según el relevamiento que se tome. Esa expansión estuvo facilitada por la legalización de emisoras de baja potencia, indígenas y de zonas despobladas, y también fue acompañada por la política inédita que significó el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) desde 2013.

Si bien la legalización ha avanzado, aún se encuentra incompleta y la falta de reconocimiento deja desamparada a una porción importante de emisoras. Desde la sanción de la ley se entregaron 219 licencias para entidades no lucrativas -10 de ellas para televisión digital- y 85 autorizaciones a pueblos originarios. En este gobierno fueron cuarenta licencias y nueve autorizaciones.

Pese a su inicio demorado en 2013 y a la paralización durante 2016, el Fomeca tuvo continuidad durante tres gestiones. Sin embargo, las críticas recurrentes de las redes de medios comunitarios radican en la burocratización, el desfinanciamiento y la pérdida del poder adquisitivo del mecanismo por las demoras en las entregas. Por ejemplo, al cierre de 2020 quedaban pendientes desembolsos correspondientes a adjudicaciones de ese año, y en menor medida de 2019 y de 2018, pero también de 2015 y 2014. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informó que casi 97 % del total pagado durante 2020 se destinó a líneas entregadas ese año y el anterior. «Esto muestra un claro compromiso de esta gestión de desembolsar los subsidios lo más aproximado posible a la fecha de adjudicación», concluye el informe.

En la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc Argentina) ubican a este mecanismo dentro del contexto de políticas generales hacia los medios. «Los subsidios del Fomeca fueron y son una gran ayuda para sostener nuestros medios, pero en comparación con los beneficios que reciben grandes medios a través de pauta oficial, exenciones impositivas, leyes que benefician a las corporaciones, entre otros factores, siguen siendo insignificantes», señalan.

Según Enacom, entre enero de 2020 y marzo de 2022 se habían adjudicado 840 premios por $ 679.000.000. En el gobierno de Cambiemos se adjudicaron 541 premios por $ 312.000.000. Durante el gobierno de Cristina Fernández fueron 1007 adjudicaciones por $ 155.000.000. Entre 2013 y 2021 fueron 647 organizaciones las beneficiadas por el fondo. Las cifras deben analizarse con precaución pues la economía inflacionaria quita poder adquisitivo a los fondos.

El reclamo más apremiante fue abordado por la Cámara de Diputados, que aprobó la extensión por cincuenta años de las asignaciones específicas para instituciones de la comunicación y la cultura, entre ellas, los recursos del Fomeca. La urgencia responde a que la ley 27.432 de 2017, sancionada por iniciativa del gobierno de Mauricio Macri, ordena la caducidad de estas partidas en diciembre. Aún resta la aprobación del Senado.

Otra demanda urgente es la inclusión de los medios sin fines de lucro en el reparto de la publicidad oficial. La exclusión del sector constituye una tendencia histórica que se mantuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, salvo excepciones como FM La Patriada y el diario Tiempo Argentino.

Según la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC), entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, sus trecientos integrantes habían recibido sólo 0,6 % del total de publicidad oficial distribuida. «Exigimos una ley que pueda regular esa distribución, en la cual el sector comunitario sea protagonista y que tienda a equilibrar el escenario para evitar que los recursos se sigan concentrando en tan pocas manos», explica Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV y de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta). El principal cuestionamiento de las redes al gobierno apunta al abordaje general de la comunicación, donde se sienten marginados. Amarc Argentina lo sintetiza así: «Que quien conduce el Estado crea que la comunicación puede entenderse solo como un negocio debe ponernos en alerta, porque es regalarle a las corporaciones esa construcción. En un contexto de desnacionalización de la economía, las corporaciones lejos están de representar los intereses de ninguna comunidad».

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