La energía nuclear no es un servicio público más
POR OSVALDO NEMIROVSCI | La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. no es un trámite administrativo ni una simple operación económica: es un giro político de alto voltaje que pone en juego la soberanía energética y el control estatal sobre un activo estratégico. Amparado en viejas leyes de la era privatizadora y en nuevas delegaciones de poder, el Gobierno nacional busca desprenderse de parte del patrimonio nuclear construido durante décadas con recursos públicos. Detrás de los tecnicismos legales, asoma una decisión que puede alterar la arquitectura institucional de la política nuclear argentina y abrir la puerta a intereses ajenos al proyecto nacional.
