El precio único del libro en la mira del Gobierno
Hay una idea que atraviesa buena parte de las reformas del gobierno libertario: que toda regulación es, por definición, un obstáculo para el bienestar general. Bajo esa premisa, la Ley de Defensa de la Actividad Librera —que garantiza que un mismo libro cueste igual en una gran cadena que en una librería de barrio— quedó en la mira. Al respecto, una nota de Rodolfo Hamawi, publicado en La Tecl@ Eñe, advierte que detrás de la promesa de libros más baratos se esconde un mecanismo que puede terminar concentrando el negocio editorial en muy pocas manos.
El Gobierno nacional busca derogar la Ley 25542, sancionada en 2001 con el argumento de que su eliminación traerá una baja generalizada en los precios de los libros. Según el análisis de Hamawi, quien fue director nacional de Industria Culturales, se trata de un diagnóstico apresurado que ignora la función que esa norma cumple desde hace más de dos décadas: sostener, mediante el precio único de venta, un ecosistema editorial que la Argentina no comparte con casi ningún otro país de la región.
El dato no es menor: en la Argentina se edita más de treinta mil títulos por año —de los cuales cerca de dieciocho mil llegan efectivamente a las librerías— y existen más de dos mil puntos de venta y quinientas editoriales activas, muchas de ellas pequeñas o medianas. Esa diversidad, señala Hamawi, no es un dato espontáneo del mercado sino el resultado de una política pública deliberada: el precio único evita que el libro compita como cualquier otra mercancía de góndola.
El argumento oficial —que sin regulación lloverán libros baratos— es, para Hamawi, una simplificación que no resiste el análisis. El riesgo real no es la ausencia de precios bajos sino su selectividad: sin precio fijo, las grandes superficies y las plataformas digitales podrán vender los títulos de mayor rotación a precio de costo, o incluso por debajo, para atraer clientes que después dejarán su dinero en electrodomésticos, alimentos o indumentaria, rubros de mayor margen. El libro deja de ser un fin en sí mismo y pasa a operar como cebo comercial.
Con arreglo a ese enfoque, advierte que ese esquema no beneficia a la bibliodiversidad, sino que la castiga: los best sellers de alta rotación encontrarán espacio en las góndolas de los supermercados, pero la poesía, el ensayo, la narrativa experimental o la literatura regional —los géneros que sostienen económicamente a buena parte de las librerías independientes— quedarán afuera de esa lógica. Privadas de los títulos que les permiten equilibrar sus cuentas, esas librerías corren el riesgo de desaparecer.
Para demostrar su planteo, Hamawi recurre a un antecedente concreto. Cuando el Reino Unido abandonó el acuerdo de precio fijo del libro en la década de 1990, el mercado editorial británico cambió de fisonomía de manera irreversible y más de mil librerías independientes bajaron sus persianas. El autor sostiene que la baja inicial de precios que produce la desregulación es transitoria: una vez que los actores más pequeños quedan fuera de juego, la competencia se reduce y los precios, lejos de mantenerse bajos, tienden a subir. El mercado del libro, insiste, no se autorregula como promete el dogma neoliberal; tiende, como cualquier mercado sin contrapesos, a la concentración.
Lo que está en discusión, más allá del articulado de una ley, es qué lugar ocupa el libro en la vida pública: si es una mercancía más, sujeta a las reglas de cualquier góndola, o un bien cultural que requiere condiciones específicas para sobrevivir en su diversidad. La pregunta que deja abierta el análisis de Hamawi no es solo económica: es qué libros —y qué voces— seguirán teniendo un lugar donde ser encontrados cuando la única variable que importe sea la rotación.
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