Reforma laboral: Un debate para todos, más que un tema sectorial
No es una discusión técnica ni un capricho ideológico: es una disputa por el sentido mismo de la democracia y por el lugar que ocupan quienes viven de su trabajo. Esta reforma laboral no sólo avanza sin debate público ni escucha social, sino que intenta desarmar, por la vía rápida, un entramado de derechos construidos con historia, lucha y consenso democrático. Lo que está en juego no es una «modernización», sino un retroceso profundo: menos protección, más desigualdad y un regreso a un país donde el poder manda y la ley deja de cuidar a los más vulnerables. Aquí no se trata de frenar el cambio, sino de evitar que, una vez más, el costo lo paguen siempre los mismos.
No se trata de oponerse porque sí. Existen motivos en este proyecto de reforma laboral que merecen ser puestos en la mira y opinión pública. Hay ejemplos en la historia reciente donde se siguieron pasos con mejor respeto por valores democráticos. Cuando se impulsaron leyes de importancia social, económica o cultural se hizo desde una mirada siempre convocante a opiniones distintas y fijando mecanismos que aseguren la participación de personas, organizaciones y estudiosos antes que se trate en el Congreso.
En 2010 se pone en valor un tema complicado y candente como el matrimonio igualitario y antes de que llegue al Congreso se discutió y trató en decenas de espacios convocados a tal efecto en todo el pais. Lo mismo ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (puede gustar o no y eso es otro cantar) que fue pródigamente debatida en cientos de foros y se aceptaron más de cuarenta modificaciones antes de ser votada en el Parlamento. La sanción del Código Civil y Comercial en 2015 reconoció previo a su sanción la toma de opiniones de especialistas de todas las corrientes del pensamiento jurídico. Y hubo pluralidad y apertura al debate en temas muy complejos de uniformar posiciones (y está bien que así lo sea) para recién luego ser votados en las Cámaras, como con la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de acceso a la información pública y muchas otras propuestas legislativas y regulatorias que, nacidas generalmente de matriz peronista, se pusieron a consideración de un público más amplio con criterio democrático y federal.
Insisto: estas normas pueden agradar o no, estoy hablando de una metodología de participación y oportunidad de debate antes que se presenten en el espacio definitorio de su sanción que es el Congreso.
En estos ejemplos se puso en valor herramientas del sistema democrático en donde no todo debe quedar en manos de 257 diputados y 72 senadores, sino que se asignó importancia y validez política a la polémica pública y a la reflexión compartida con otras miradas antagónicas. La presencia de voces diferentes enriquece todo debate. Las argumentaciones sostenidas en pensamientos inteligentes e informados mejoran todo proyecto. Haciendo un parangón con la política internacional puede decirse que es preferible el multilateralismo antes que el unilateralismo.
Este introito tiene que ver con la llamada ley para la modernización laboral, que es una reforma escasamente justificada en la hermenéutica jurídica, pues se aparta de la interpretación clara de una norma establecida y en el reconocimiento de un instituto fuertemente instalado en las jurisprudencias del derecho positivo, normas de rango constitucional, acuerdos ut supra internacionales y la inmensa mayoría del derecho constitucional reconocido como tal en miles de fallos de tribunales de menor cuantía.
Y este proyecto, sin debate ante ningún foro público y solo alentado por funcionarios cooptados por ideologías férreas de un liberalismo lleno de naftalina y promocionado por periodistas incultos del derecho y del mundo laboral, pretende modificar todo un orden jurídico protectorio de los trabajadores en las relaciones laborales, que en la Argentina se sostiene en doctrina de larga data y reconoce en su origen firmes luchas para obtener el necesario y, aun insatisfecho equilibrio, en el asimétrico mundo de las relaciones entre trabajadores y la patronal.
No hay justicia cuando la norma deja sin resguardo del derecho laboral a trabajadores bajo inciertas y dudosas figuras de «colaboradores» o «autónomos que facturan», «trabajadores independientes» y que deberán regirse por códigos ajenos al derecho del trabajo como son los civiles y comerciales. Más allá de fundamentos técnicos que pasaré a detallar, el tema cobija, con cierta pretensión de camuflaje, una fuerte decisión política de regreso a situaciones históricas donde las relaciones sociales se definían en función de fuerzas de poder y no de basamentos legales acordados y establecidos por mecanismos democráticos. Se quiere, hoy, una situación que quite valoración ontológica a la justicia laboral y se regrese a un mundo donde los trabajadores carecían de tutela legal y la vulnerabilidad era la constante de sus vidas. Y no estoy dramatizando para asustar a nadie. Esto que pretende el gobierno de Milei es todavía peor que lo que acabo de mencionar.
Veamos, aparecen en el proyecto puntos donde en función de «inocentes» cambios menores se logra mejorar la posición económica de la patronal como es el caso de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), para pagar indemnizaciones y que se forman con el aporte obligatorio del tres por ciento de las remuneraciones de todos los trabajadores. «¡Hasta acá, vamos bien Camilo!», dijo alguien. Lo que ocurre es que ese tres por ciento no lo aporta la patronal sino que los empleadores incluidos en el régimen acceden a una reducción de tres por ciento en la contribución patronal al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA). ¡Que tal Pascual! El fondo conformado para pagar futuras indemnizaciones es gratuito para el empleador, solo lo descuenta de sus aportes al sistema previsional (SIPA/Anses) con lo que se desfinancian de manera irresponsable los recursos de la seguridad social y toda indemnización pasa a no tener costo para la patronal. La van a sostener los jubilados y aquellos que cobren AUH. Asi está en el texto del proyecto. ¡Leer y ver para creer!
Esto, amén de la injusticia con que se reubica un costo lógico para las empresas a las espaldas de jubilados, es una clara transferencia de recursos económicos desde el universo laboral al capital y hay que sumarle un punto más que ganan las empresas al disminuir el aporte patronal a las obras sociales de seis al cinco por ciento.
En definitiva, si se aprueba este punto del proyecto de ley, toda la patronal en tiempo record pasa a tener una ganancia extra de ¡cuatro puntos! ¡cuatro por ciento del total de la masa salarial!
En el tema indemnizatorio también agregan que al cálculo para pagar no se incorporan los valores de aguinaldo y vacaciones ni se toma en cuenta el dato de los mejores diez años, sino que se hará un promedio, también incluyen el concepto de «tope indemnizatorio». Estas tres mutaciones son contrarias al interés del trabajador cesanteado. Otra enorme ventaja para la patronal. Festeja la patronal, con champagne, estas visiones de Sturzenegger y Milei.
No hago cálculos, pero sí les puedo asegurar que son varios miles de millones de dólares que cada doce meses pasaran a engrosar las cuentas de los empleadores.
El régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo o banco de horas es digno de los hermanos Marx, por lo grotesco. Se perderán, sin duda alguna, todas las horas extras y sobre todo aquellas que se cobran doble o más en días feriados o domingos.
El planteo de descentralizar las negociaciones colectivas —priorizando lo individual y las estructuras gremiales por empresa— debilita desde ya el rol de los sindicatos y federaciones y promueve acuerdos fuertemente desiguales debido al tipo de organización gremial y su fuerza relativa para luchar por sus reclamos. Pero tampoco debe ser del gusto de la patronal de los grandes emprendimientos, pues en lugar de convenir con un solo interlocutor sindical deberán hacerlo con comisiones internas de fábrica o nuevos sindicatos de empresas y la evocación de los años setenta con los sindicatos cordobeses de Sitrac y Sitram no debe ser un recuerdo agradable para los empresarios.
Esto forma parte de los puntos del proyecto que buscan debilitar la fuerza colectiva de los sindicatos junto al intento que los convenios colectivos queden en una nebulosa legal y que el histórico derecho de huelga sea legalmente cubierto por el texto del decreto 70/23 y la incorporación de mas sectores laborales al carácter de servicios esenciales para que no puedan desarrollar medidas de lucha.
Se habla de que durante una huelga los trabajadores deberán asegurar un servicio mínimo que puede llegar hasta el 75 % con lo que deja de existir el derecho de huelga como un instrumento apto para los trabajadores.
En realidad, todo esto tiene un sentido técnico reaccionario y prediluviano, antiguo y con intento de regresar a categorías subalternas a la gente que trabaja. También posee un objetivo que es disciplinar la fuerza laboral, lo que es peor ya que habla de una vocación por cierta restauración conservadora que llevaría a la Argentina a los años previos a la sanción de la Ley Sáenz Peña (1910). Por eso serán objeto de regulación las asambleas de trabajadores las cuales requerirán autorización expresa del empleador (¿Por qué daría permiso?) y durante su efectivización se le descontará el salario a quienes participen.
En síntesis, para lo técnico, no hay nada creativo nuevo para gente analfabeta social como Sturzenegger y Milei, ya que acuden a casi lo mismo que se hizo con aquella famosa Ley Banelco (la 25250) y se completa cuando se da valor taxativo a lo que quieren modificar de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se eliminan diez artículos, se cambian casi sesenta, con lo que se afecta en su totalidad el sentido a dicho instituto señero y de juridicidad pacíficamente aceptada durante tantos años.
Ya hemos pasado por esto. ¡De que cabeza ocupada por ideologías y sueños de pesadilla puede salir tanta vocación por reiterar fracasos que causaron dolor y angustia en millones de compatriotas! En los años noventa se probó con el neoliberalismo atado políticamente a una mirada coyuntural del justicialismo y fue un claro signo negativo para la historia laboral del pais. Se flexibilizaron las relaciones de trabajo, lo contractual tradicional mutó en nuevas formas, se limitaron las indemnizaciones por despido, se morigeraron derechos laborales creyendo que eso produciría mejor competitividad empresarial, se abrieron importaciones, se descentralizaron las negociaciones colectivas. Mucho de lo que ahora se busca, ya se hizo, ¿y cuál fue el resultado que todos conocemos? Una crisis que llegó en los años 2000 y 2001 donde el total de los indicadores sociales y económicos tocaron el subsuelo demostrando los escasos límites de ese modelo y lo maligno de su aplicación. La pobreza trepó rápidamente, la desocupación se cuadruplicó (¡sí, cuadruplicada!) y la calidad de vida de toda la población trabajadora, humilde e incluso sectores medio cayó a niveles inéditos.
En toda la América cercana las relaciones laborales siempre viven el sube y baja entre la vigencia de la protección de derechos y los intentos de flexibilización y desregulación, conflicto este que marca el forcejeo entre capital y trabajo. En nuestro pais esta querella va modificando realidades productivas y cambiando condiciones laborales y eso se nota en relación con los vaivenes electorales, ya que según la identidad política triunfante se pasa de políticas redistributivas y con cierta justicia social a posiciones de liberalismo y neoliberalismo.
No habrá mejora alguna desde la simple enunciación de una ley laboral mientras el mercado no mejore condiciones. En la medida que no haya dinero en los bolsillos de los habitantes. No mejoraran condiciones de producción con todas estas ventajas que pretenden asignarle a la patronal. Habrá conflicto y la naturaleza antijurídica de este proyecto ya prefigura su judicialización y la improbabilidad de su aplicación.
Hay experiencias internacionales que hablan de la dificultad de llevar a cabo estas prácticas regulatorias tan desfavorables para los trabajadores. Francia, Portugal, Chile, México entre otro han comprobado en situaciones similares la decepción con estas políticas.
Debe existir en la sociedad el coraje —aun en contra de algún sentido común mayoritario que puede ver con simpatía (generalmente por adhesión ideológica, laboro fobia o incultura)— para enfrentar estas medidas y denunciarlas. No está de más recordar la frase de Martin Luther King: «Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto».
Las reformas auguran falsamente reactivaciones productivas y económicas que requieren de otros carriles, que no son el recorte de derechos laborales, para ser fructíferas. No habrá más competitividad ni aumentará el flujo inversionaista externo por este proyecto. Los datos de la historia son concluyentes y demuestran lo contrario. Y en caso que pueda ocurrir tienen la perentoriedad de ser transitorios, pero lo que si cambia y por mucho tiempo son las condiciones de vida de millones de trabajadores y desempleados y allí los costos sociales son infinitos y de consecuencias devastadoras para las familias, su tranquilidad social, su salud y su futuro. De eso tienen que hacerse cargo los que hoy defienden la ley.
Y a ciertos dirigentes gremiales que pueden tener una visión favorable, sepan que si hoy se aceptan estas modificaciones los trabajadores quedarán presos durante mucho tiempo a relaciones de poder absolutamente desiguales.
Mucho más peligroso que un cambio regulatorio es la consecuencia social que, de aprobarse esta ley, se producirá en el pais donde el aumento de la precarización en los empleos y la carencia de derechos que protejan va a afectar la calidad de vida de millones de familias, va a obturar su movilidad social y va a destruir cierta coherencia social de la que Argentina hace gala como característica muy propia del pais a diferencia de otras naciones de la América Latina. El destino de enormes franjas etarias que entrarían al mercado laboral bajo estas condiciones ofrecerá volubles objetivos de estabilidad en sus trabajos y de seguridad social y previsional. Vivirán años y años en la incertidumbre.
No hay mucho más que decir. Hay que desafiar este proyecto. Los legisladores son los que votan, pero la sociedad, o gran parte de ella, es la que en este caso debe poner inteligencia, coraje, fe humanista, solidaridad y convicción para evitar que se degraden más los modelos inclusivos.
«La vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje», escribió Anaïs Nin
Osvaldo Nemirovsci
Diputado nacional (MC) por Río Negro. Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática (2003/07). Ex coordinador general del Consejo Argentino de Televisión Digital (2009/2015). Director de Propuesta para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual (Pirca).
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