El asalto a la ciudadanía

La Corte consideró ilegal limitar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos

En un extenso ensayo publicado por CounterPunch el crítico cultural Henry Giroud plantea que la ofensiva de Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento trasciende el debate migratorio. En su interpretación, se trata de un intento por redefinir quién tiene derecho a pertenecer plenamente a la comunidad política estadounidense y, con ello, alterar uno de los pilares constitucionales que sostienen la democracia moderna. Más allá del caso estadounidense, Giroux plantea un interrogante que interpela a todas las democracias contemporáneas: ¿qué sucede cuando la ciudadanía deja de ser un derecho protegido por la Constitución y comienza a depender de criterios políticos, culturales o identitarios?


Notas
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1 Nota del editor: Al regresar a la Casa Blanca, el presidente Trump firmó el 20 de enero de 2025 la Orden Ejecutiva 14160. Los puntos centrales de esta medida establecían: Exclusión de hijos de indocumentados. Es decir, negaba la ciudadanía automática a bebés nacidos en suelo estadounidense si la madre no poseía estatus legal. Restricción a visados temporales. De esta manera la prohibición se extendía a hijos de padres extranjeros con estatus legal pero temporal, tales como turistas, estudiantes o trabajadores con visas de corta duración. Debido a múltiples demandas colectivas, la orden civil nunca llegó a entrar en vigor de forma práctica en las agencias federales. La Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la iniciativa de Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento. En un fallo de seis a tres, emitido el 30 de junio de 2026 en el caso Trump v. Barbara, el máximo tribunal ratificó que el derecho a la ciudadanía automática está garantizado por la Constitución. A pesar del dictamen adverso de la justicia, el oficialismo no ha abandonado el proyecto y busca vías alternativas, como solicitar una reconsideración del caso ante la propia Corte Suprema o impulsar en el Congreso  la propuesta legislativa denominada Citizenship Act of 2026. Este proyecto de ley busca incorporar limitaciones a la ciudadanía por nacimiento directamente en la legislación federal para sortear el decreto anulado.

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