Audiencia Pública 2024 de la Defensoría del Público: Tres jornadas para hacer una radiografía del ecosistema federal de medios

Con el foco puesto en cómo defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces en este nuevo contexto político, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizó la audiencia pública 2024 en tres jornadas (viernes 10, modalidad presencial, y lunes 13 y miércoles 15 de mayo en modalidad virtual). Participaron más de doscientas personas. Las jornadas se transmitieron por streaming de video desde el canal de YouTube del organismo con interpretación lengua de señas argentina y subtitulado simultáneo en la transmisión.

Ilustración: Defensoría del Público

La Defensora del Público, Miriam Lewin, abrió formalmente el desarrollo de la audiencia, la 40° desde la creación del organismo y la 17° de su gestión. «Esta audiencia es urgente porque desde diciembre se han dado profundos y vertiginosos cambios en el ecosistema de medio», aseguró. «El desmantelamiento de políticas e instituciones está teniendo un grave perjuicio en el pluralismo. Los ataques verbales y digitales a trabajadores y trabajadoras de prensa y a grupos empresarios están generando un grave perjuicio a la libertad de expresión. Estamos acá para escuchar», agregó.

La perspectiva de género, la situación de los medios públicos, la libertad de expresión, los problemas en los medios comunitarios, los discursos de odio y la pluralidad de voces fueron los principales temas de las exposiciones en la primera jornada de la audiencia pública en la sede de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, en CABA.

En cada una de las exposiciones se destacó la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la comunicación y se recordó que en 2012 la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano y exhortó a los Estados a promover y facilitar su acceso.

Además, se alertó sobre el retroceso registrado en la industria publicitaria en los últimos meses, en el trabajoso camino que se había iniciado hacia la eliminación de discursos misóginos y sexistas.

Entre los participantes, se destacaron el vicepresidente de la Comisión de Diputados de Libertad de Expresión, Christian Castillo, Lucila Galkin (Amnistía Internacional Argentina), el diputado nacional Esteban Paulón, Martín Becerra (académico e investigador), Larisa Kejval (directora de la carrera de Comunicación UBA), representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato de Prensa de Rosario y Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) delegados y trabajadores de medios públicos y la empresa estatal Contenidos Públicos SE y las periodistas Silvia Mercado y Luisa Valmaggia.

También tuvieron la palabra la presidenta de la Asociación de Jueces de Ejecución Penal, María Jimena Monsalve, Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), organizaciones de la sociedad civil, integrantes de experiencias de comunicación en contexto de encierro, Mujeres en Publicidad, Red Par, Guillermo Tello de la Multisectorial Audiovisual, Luis Lázzaro (Coalición por una comunicación democrática), Sandra Chaer de Comunicar Igualdad y Parques Nacionales.

En reiteradas ocasiones se abordó la preocupante situación en la que se encuentran radio Nacional, Télam, la Televisión Pública y Contenidos Públicos SE y el perjuicio a las audiencias y medios, consecuencia del apagón informativo de la agencia oficial y las delegaciones de radio Nacional. La delegada de la comisión interna de Télam destacó que sólo el 0.017 % del PBI es lo que invirtió el año pasado el Estado Nacional en esa agencia de noticias. También se denunció el desmantelamiento del Ente Nacional de Comunicaciones Enacom), organismo regulador, y la facilitación de la concentración de medios por la falta de límites del número de licencias a nivel nacional.

La falta de ficción de producción nacional fue otra de las problemáticas abordadas por las audiencias, así como los salarios, la precarización laboral y el multiempleo de los trabajadores de prensa, que afecta la calidad de la información. No estuvo ausente la endeble situación en la que se encuentran proyectos de comunicación escolares y se destacó la obligación del Estado de cumplir con lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En distintos momentos se celebró el trabajo que lleva adelante el organismo. «La tarea de la Defensoría debería interesar de manera mucho más directa a gobernadores, intendentes y legisladores porque lleva adelante una tarea federal para vincular todos los espacios institucionales», dijo Martín Becerra.

Otros expositores señalaron la necesidad de ampliar las competencias de la Defensoría a lo digital para representar a las nuevas audiencias y prevenir discursos de odio y desinformación que circulan y se potencian en estos canales.

El derecho a la comunicación y la libertad de prensa que lo protege

La audiencia continuó el lunes 13 de mayo, en modalidad virtual, para las regiones Buenos Aires, Noreste y Patagonia.

Nuevamente, en la segunda jornada de la se volvió a destacar que la comunicación es un derecho que habilita a otros derechos, pero que hoy está en riesgo. Como el trabajo periodístico, amenazado por la economía, la política y las agresiones de altos funcionarios. Participó, entre otros, el periodista y empresario de medios, Jorge Fontevecchia.

El primer expositor fue el periodista Osvaldo Quiroga. «En la Televisión Pública, en un 98 %, levantaron todos los programas y ponen programas muy antiguos porque no destinan presupuestos para la producción», puntualizó. «Están convirtiendo a los trabajadores en ñoquis, que sería el primer paso para luego estigmatizarlos y echarlos. Todo esto atenta contra la libertad de expresión», comentó Quiroga.  Finalmente, llamó a «la resistencia cultural», citando un poema de Juan Gelman.

Desde el sur del país se plantó la necesidad de la sostenibilidad de proyectos de comunicación alternativa cuyo trabajo multiplica voces que abordan temas que no están en la agenda de los medios hegemónicos. Desde el norte, se expresó la urgencia de sostener espacios alternativos. Se remarcó el enorme esfuerzo que realizan cooperativistas para mantenerlos en pie y la creciente autocensura que genera el miedo a perder otros trabajos necesarios para la supervivencia de los medios autogestivos.

Hubo un espacio para los reclamos relacionados con los programas de discapacidad y accesibilidad y se enfatizó sobre la importancia de que los medios garanticen el acceso a la información de toda la ciudadanía.

En ese marco, además se pidieron esfuerzos para crear espacios para niños, niñas y adolescentes, cuyas voces no están siendo escuchadas.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) denunciaron que el cooperativismo no es sinónimo de corrupción. Explicaron los motivos por los cuales la cancelación de los fondos Fomeca pone en riesgo la libertad de expresión. En esa dirección también se expresaron la Fundación Alternativa Popular en Comunicación y Farco.

«La situación se está agravando. Crecen los ataques al periodismo y la mayor cantidad proviene de la primera línea institucional del país. Es preocupante», dijo Paula Moreno, presidenta de Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Y agregó: «Hay muchos periodistas que están quedando en la calle. También se está afectando su credibilidad con ataques. La libertad de expresión se sostiene con diálogo».

El periodista y empresario del grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, detalló: «El 80 % de la publicidad mundial se la llevan dos empresas: Google y Facebook. Nuestro presidente considera que los monopolios no son un problema. Esta es la situación de los medios hoy». Y aseguró: «El periodismo está en riesgo en Argentina. Es atacado desde la economía y la política. Los gobiernos que atacan a los periodistas y medios lo hacen para estar en agenda y tener visibilidad». Fontevecchia anunció que presentará demandas judiciales contra el presidente, una de ellas por «desbaratamiento de empresa», ya que el primer mandatario aventuró que el grupo empresario quebraría el año próximo.

Por otro lado, desde el sector del nivel de educación primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se relató el trabajo que hacen docentes con la radio y cómo es, en ese sentido, la articulación con la Defensoría del Público para facilitar ese espacio.

La invisibilización y estigmatización de las personas privadas de libertad en contenidos informativos y de ficción es otro de los enfoques que preocupan a las audiencias y quedó consignado en la segunda jornada de la Audiencia.

Se expuso, también, sobre las necesidades de insumos técnicos, el retroceso que sufren los derechos comunicacionales de los jóvenes de Río Negro por la dificultad de sostenibilidad de los programas donde participan y se denunció que las desigualdades comunicacionales afectan con fuerza a las comunidades fronterizas. Desde Formosa se remarcó la importancia de los medios públicos para la diversidad y el pluralismo en la escena mediática. Una integrante de la comunidad qom de Laguna Blanca, Formosa, remarcó que los pueblos indígenas están muy preocupados por la falta de práctica de la interculturalidad y la dificultad de obtener licencias para medios propios que reflejen su voz.

Desde el área de Géneros del Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) se preguntaron: «¿Puede la paridad de género ser un tema que debe ser tratado en un momento de precariedad laboral como el actual?» Su respuesta es que hoy, más que nunca, hay que dar esa discusión, ya que las mujeres y diversidades, en estos contextos, tienen condiciones de trabajo aún más desfavorables.

Además, el periodista Franco Torchia se refirió al triple lesbicidio ocurrido en una pensión de Barracas. «Nos está costando mucho que esto se transforme en una noticia, que esto indigne», recalcó. Y puso énfasis en que estos tipos de crímenes crecen. Rechazó las declaraciones públicas que sobre el tema hizo el vocero presidencial, quien negó la caracterización lesboodiante de la violencia desatada.

También se denunció el cierre de todas las delegaciones de Enacom, lo que trajo como consecuencia directa el desempleo de más de trescientos y la dificultad de un acceso directo a hacer un reclamo si no es a través de internet.

El académico y periodista Washington Uranga recordó que la comunicación es un derecho humano fundamental: «Es reconocido en todos los niveles y estamentos internacionales. El derecho a la comunicación no es un derecho en sí mismo, sino un derecho habilitante del conjunto de los derechos».

Roberto Espinoza, trabajador de los medios públicos (radio Nacional y Televisión Pública de Chaco) detalló los motivos de su despido: «No fue más que una persecución política que afecta a la libertad de expresión».

También se sumó la voz de la periodista Cristina Mucci, quien recordó: «Todas las democracias avanzadas tienen televisión pública. Cerrarla es afectar derechos. Es importante en estos días ponerlo en primer plano». Y contó que terminó de grabar en diciembre y no fue convocada nuevamente. «Así terminó una relación de 37 años», refiriéndose a la cancelación del programa cultural literario Los 7 locos que emitíó la TVP durante casí cuatro décadas.

Prevaleció en las intervenciones la preocupación por los discursos de odio que se profieren desde cuentas de funcionarios y la probabilidad de que estos habiliten la violencia en el mundo real y la suspensión de la pauta publicitaria oficial y su impacto en los medios más pequeños.

El diputado nacional Juan Marino, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, dijo: «El corte de la pauta oficial afecta a los medios de menor volumen y afecta la posibilidad de llevar adelante su trabajo». Marino aseguró que existe la voluntad de que varios periodistas y artistas atacados por funcionarios personalmente o en redes sociales, expusieran ante la Comisión.

La pluralidad de voces, una preocupación colectiva y federal

El miércoles 15 de mayo, también desde las 10 de la mañana y en modalidad virtual para las regiones Centro, Noroeste y Cuyo, comenzó la tercera y última jornada de la audiencia pública en la que expusieron los periodistas Jorge Lanata y Luisa Corradini.

La lista de oradores comenzó con el diputado nacional y presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Carro, quien se refirió al fuerte impacto que tiene la cancelación de la pauta oficial para los medios más pequeños, cooperativos, comunitarios, que no suelen recibir publicidades del sector privado, a diferencia de los medios grandes. Además, se refirió a las acciones que llevó el Ejecutivo en desmedro de la comunicación. Y concluyó: «Esto, claramente, es un ataque del gobierno de Milei a sectores muy importantes de nuestro país: la comunicación pública, la comunicación privada; la cultura y la educación. Todo esto pone en crisis el derecho a la comunicación y a la cultura, a nuestra democracia».

En otro momento de la jornada, que duró casi siete horas y media, el periodista Jorge Lanata expuso sobre los ataques del presidente de la Nación a periodistas: «El problema no son sólo las agresiones, sino la imputación de delitos. Una cosa es que te digan mal periodista; que te digan que estás ensobrado es muy distinto». Por otro lado, reclamó que el Congreso debe discutir una Ley de pauta publicitaria e hizo una diferenciación entre grandes y pequeños medios, sobre todo por el rol que desempeñan con sus agendas periodísticas.

Por otra parte, desde Paraná, Aixa Boeykens, de la Redcom, postuló: «La situación que estamos viviendo en los últimos meses ponen en riesgo el derecho a la comunicación, el pluralismo y la libertad de expresión y afectan también el derecho a la educación, al trabajo y con ello las condiciones de vida individuales y colectivas de nuestra sociedad».

La periodista, corresponsal en el exterior, Luisa Corradini, expuso sobre los cuestionamientos que publicó la ONG Reporteros Sin Fronteras en su informe anual sobre la libertad de prensa. «Argentina fue severamente cuestionada desde la llegada del nuevo gobierno junto a países como Afganistán o Birmania y se derrumbó veintiséis lugares, ubicándose ahora en el puesto 66. Semejante retroceso es indigno de una democracia». «En mis lustros de profesión jamás escuché calificar a un periodista de ensobrado u operador», amplió.

La diputada nacional ​​Carolina Gaillard, vicepresidenta segunda de la Comisión de Libertad de Expresión junto con los diputados ​​Germán Martínez —presidente el bloque de Unión por la Patria— y ​​Eduardo Valdés, analizaron la situación de la comunicación actual. «Por primera vez en la historia del Parlamento, la Comisión de Libertad de Expresión no está presidida por la oposición. Es una acción poco democrática», expresó Gaillard. Y denunció que esta situación «es una forma de seguir atentado contra la libertad de expresión». También refirió que se le había pedido a la presidenta de la Comisión, la diputada Emilia Orozco de La Libertad Avanza, que citara a periodistas y artistas víctimas de agresiones para escucharlos, pero que esto no obtuvo respuesta positiva. «Queremos que la Comisión de Libertad de Expresión funcione», reclamó Martínez. Y finalizó Valdés, quien citó a Rosa de Luxemburgo: «La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente…» Al finalizar, expresaron que la Comisión está a disposición de la Defensoría del Público.

Desde Mendoza, Myriam Arancibia, de la Red PAR, denunció la precariedad laboral y los bajos salarios de quienes se dedican al periodismo y el efecto de los discursos de odio,  dirigidos especialmente contra periodistas mujeres y diversidades.

En esa línea, Valeria Ruth Chervin, miembro del Programa Provincial de Medios Escolares, contó sobre la situación de las radios con frecuencias FM que tienen algunos centros educativos de la provincia de Córdoba. La falta de insumos, de manos de obra capacitada, fueron sus ejes. «Con el cierre de las delegaciones del Enacom no tenemos interlocutores estatales con quien resolver problemas», aseguró.

En el mismo sentido expuso Susana María Morales, del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía: «En este período hay un recorte que amenaza la democratización de la comunicación para los pueblos indígenas». Situación similar viven los miembros de la comunidad indígena de San Felipe de la provincia de Salta, que no cuentan con los insumos necesarios para hacer funcionar la radio.

También tuvo la palabra la periodista Mercedes Ninci, quien se solidarizó con los periodistas que recibieron agresiones, pero señaló que algunas personas no reaccionaron de la misma forma cuando fue ella fue atacada por manifestantes frente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Además, la participante del Colectivo de comunicadoresoriginarios.ar, Laura Inés Méndez, expresó su preocupación por el achicamiento del Estado que afectó a los Fomeca y la afectación que produce que no haya representantes de pueblos originarios en el Enacom.

En otra línea, Gustavo Díaz Fernández, de la biblioteca popular de género y diversidad, Fundación Crisálida, detalló lo que pasa con los medios indígenas en la provincia de Jujuy: «El acceso a Internet se está limitando muchísimo». Y pidió que haya buenas delegaciones del Enacom, porque es muy importante contar con esos espacios y que mejore la participación.

Desde el colectivo feminista de Córdoba NiUnaMenos, Mariel Soria se preocupó por el escaso lugar que tienen la agenda feminista y disidente en los medios locales. También hubo muchas voces que se levantaron en contra del lesbicidio ocurrido en el barrio de Barracas, y manifestaron su preocupación, como por ejemplo hicieron desde Paraná, integrantes de la Radio y TV Somos orgullo. Hicieron foco en la ausencia de los medios masivos que no incluyeron al tema en la agenda.

Desde Salta, de la FM de Adentro, la primera radio en contexto de encierro del país, se propuso escuchar a un joven en conflicto con la ley para exponer la importancia que tienen este tipo de talleres. «Acá podemos cantar y componer nuestra música. A la mañana me levanto pensando que a la tarde tengo que ir a hacer radio. Salimos saltando y corriendo a hacer radio, a escuchar música y expresarnos», relató. Y concluyó: «Elegí la radio como taller y aprendizaje como mi vida».

Por su parte, Arlando Plaza, del Observatorio de Políticas Públicas, Género y Diversidad de Jujuy aportó: «Se debe asegurar el derecho a la información de las comunidades originarias y de las localidades pequeñas”.

Irene Roquel, del Área de Comunicación Comunitaria de Entre Ríos, opinó en la misma línea que las mayorías de las experiencias de comunicación alternativa: “Venimos viendo que esta vez el intento de desguace de lo colectivo es tal que no da respiro”. Pero afirmaron que, pese a estos problemas, su pueblo seguirá teniendo una radio.

Ana Müller, de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, detalló su preocupación, el descontento e intentó con sus palabras solidarizarse con los más de mil trabajadores y trabajadoras de agricultura familiar que no han sido informados del desvinculamiento.

Los resultados de esta audiencia formarán parte de un informe que la Defensoría enviará al Congreso de la Nación.  Varias participantes señalaron el perjuicio del desmantelamiento de las delegaciones del Enacom, el cierre de la agencia Télam y el cese de producciones de las emisoras de radio Nacional.

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