La democracia vota, pero representa cada vez menos
La democracia argentina atraviesa una crisis que excede las dificultades económicas o los errores de los gobiernos de turno. El problema de fondo, sostienen Juan Carlos Herrera y Mario J. Krieger, es el creciente alejamiento entre la dirigencia política y la sociedad, un fenómeno que no responde a fallas individuales sino al deterioro de los mecanismos de representación que durante gran parte del siglo XX articularon las demandas sociales con las decisiones del Estado.
En su ensayo La crisis de legitimidad de la representación en la Argentina, Herrera y Krieger proponen leer el período 2001-2026 como un laboratorio privilegiado para comprender una tendencia que también atraviesa a muchas democracias contemporáneas. El ascenso de liderazgos antisistema, la fragmentación política y la desconfianza hacia las instituciones no serían fenómenos aislados sino manifestaciones de una transformación estructural.
La paradoja resulta evidente. Mientras 2024 fue el mayor año electoral de la historia, con más de tres mil millones de personas convocadas a votar, también registró uno de los peores desempeños del Índice de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit. La cuestión, sostienen los autores, ya no pasa por la existencia de elecciones libres sino por la capacidad de los sistemas políticos para representar efectivamente a la ciudadanía.
En ese escenario ubican a la Argentina junto a otros procesos internacionales, como el retorno de Donald Trump o el crecimiento de la ultraderecha europea. Todos expresan el desgaste de los mecanismos tradicionales de mediación y una creciente distancia entre gobernantes y gobernados.
El trabajo parte de una pregunta central: ¿por qué la dirigencia argentina parece cada vez más ajena a las demandas de la sociedad? La respuesta evita tanto las explicaciones moralistas, que atribuyen el problema a dirigentes egoístas, como las interpretaciones exclusivamente económicas. En cambio, propone una lectura estructural basada en dos enfoques complementarios: la teoría de la «doble retirada» desarrollada por Peter Mair y la teoría estructural-demográfica de Peter Turchin.
El derrumbe de los intermediarios políticos abrió un vacío que hoy ocupan los liderazgos antisistema.
Los autores recuerdan que toda democracia enfrenta una tensión permanente. Gobernar exige simplificar la complejidad social para tomar decisiones, mientras representar implica incorporar esa diversidad de intereses. Durante décadas ese equilibrio fue sostenido por partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales capaces de canalizar demandas colectivas. Sin embargo, esas instituciones fueron perdiendo capacidad de representación.
La burocratización de los partidos, anticipada hace más de un siglo por Robert Michels, derivó con el tiempo en organizaciones cada vez más profesionalizadas y alejadas de sus bases sociales. Hoy predominan estructuras orientadas a ganar elecciones antes que a construir representación política. El resultado es una creciente desconfianza ciudadana. Según Latinobarómetro 2024, el 42 % de los latinoamericanos considera que la democracia podría funcionar incluso sin partidos políticos.
Peter Mair describió este proceso como una «doble retirada». Por un lado, los ciudadanos abandonan los partidos y disminuyen su participación política. Por otro, las élites se refugian en el Estado, en los cargos públicos y en el financiamiento estatal, reduciendo su dependencia de la sociedad. De ese modo, el alejamiento deja de ser una anomalía para convertirse en una consecuencia lógica del funcionamiento del sistema.
Desde esta perspectiva, el fenómeno Javier Milei no constituye el origen de la crisis sino el resultado del vacío dejado por el agotamiento de las formas tradicionales de representación. Allí donde los partidos dejan espacios sin ocupar emergen liderazgos antisistema capaces de canalizar el descontento.
A esa crisis política se suma una transformación social más profunda. Según los autores, las sociedades contemporáneas ya no se organizan principalmente mediante relaciones directas de dominación sino a través de la distancia. Los sectores sociales viven cada vez más separados física y simbólicamente: barrios cerrados, sistemas educativos diferenciados y servicios segmentados reducen los espacios de encuentro entre clases sociales. Sin embargo, esa separación requiere mecanismos permanentes de control, desde la represión de la protesta hasta el endeudamiento de los hogares y la precarización laboral como formas de disciplinamiento.
La crisis no afecta el voto, sino la capacidad de los gobiernos para representar y responder a las demandas sociales.
Para comprender la legitimidad democrática, el ensayo distingue tres dimensiones.
La primera es la legitimidad de origen, basada en elecciones libres y competitivas. En este aspecto, Argentina mantiene una fortaleza institucional desde 1983, aunque los autores advierten sobre nuevos riesgos asociados a la manipulación digital, la inteligencia artificial y las campañas de desinformación.
La segunda es la legitimidad de ejercicio, vinculada a la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas sociales. Aquí aparece una de las principales tensiones del presente: los logros macroeconómicos —como la reducción de la inflación o del déficit fiscal— no necesariamente mejoran las condiciones de vida cotidianas. La distancia entre los indicadores económicos y la experiencia concreta de la población alimenta el deterioro de la confianza política.
La tercera dimensión refiere a la relación entre Estado y sociedad. Los autores rechazan tanto la idea de que el Estado pueda resolver por sí solo los problemas sociales como la visión opuesta que supone que reducirlo automáticamente ampliará la libertad individual. Ambas perspectivas, afirman, simplifican una relación mucho más compleja.
Otro de los efectos del deterioro institucional es el crecimiento de sectores sociales que quedan completamente fuera de los mecanismos tradicionales de representación. Más que pobres, se trata de personas para las cuales el sistema ya no prevé un lugar estable en el mercado de trabajo ni en las organizaciones políticas. Son los «descartados» de los que habló el papa Francisco, las «vidas desperdiciadas» descriptas por Zygmunt Bauman o la «masa marginal» analizada por José Nun.
En ese contexto, la reciente reforma laboral aparece como un ejemplo del debilitamiento de uno de los pocos mediadores que aún articulaban intereses colectivos: los sindicatos.
El segundo gran marco interpretativo proviene de Peter Turchin, quien identifica tres motores de la inestabilidad política: el deterioro de las condiciones de vida de la población, la sobreproducción de élites y la fragilidad fiscal del Estado.
Aplicado al caso argentino, el modelo permite interpretar el ascenso de Milei como el éxito de una «contraélite» que capitaliza el descrédito de las dirigencias tradicionales. Pero también advierte que el propio sistema comienza a producir nuevos aspirantes a outsiders, reproduciendo la misma lógica competitiva.
La mejora de algunos indicadores económicos convive con una sociedad más endeudada, fragmentada y desconfiada de sus dirigentes.
En el plano económico, los autores sostienen que la mejora de algunos indicadores convive con problemas estructurales. Aunque la inflación descendió y la pobreza mostró cierta reducción, buena parte del consumo de los hogares se sostiene mediante endeudamiento creciente. La morosidad alcanza niveles récord, mientras continúan postergándose inversiones públicas en infraestructura, salud y educación. La inmiseración, concluyen, se administra, pero no desaparece.
De cara al ciclo electoral de 2027, los tres factores identificados por Turchin vuelven a converger: persistencia del deterioro social, competencia creciente entre élites y fragilidad estatal. Esa combinación, advierten, históricamente precede períodos de fuerte inestabilidad política.
La conclusión del ensayo es que la Argentina sigue mostrando los síntomas de una crisis de representación iniciada hace más de dos décadas. La legitimidad de origen permanece vigente gracias al funcionamiento del sistema electoral, pero las legitimidades de ejercicio y de la relación entre Estado y sociedad continúan deteriorándose. El grito de «que se vayan todos» de 2001 expresó una ruptura cuyos factores de fondo aún no han sido resueltos. Según los autores, el problema no es solamente quién gobierna, sino la persistencia de un sistema que ha perdido gran parte de su capacidad para representar y canalizar las demandas de la sociedad.
La evidencia reunida sugiere que desde 1983 la legitimidad de origen sobrevive, pero las de ejercicio y relación Estado–sociedad permanecen tensionadas, los dispositivos que alguna vez acercaron a la dirigencia con su pueblo siguen desarmados y los tres motores estructurales se sincronizan otra vez hacia 2027. Construirá nueva legitimidad quien supere la grieta; quien siga capitalizándola ganará elecciones, pero profundizará la desintegración y abrirán paso hacia alguna nueva contraélite.
Mario Krieger
Doctor en Administración de la UBA y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la USAL Posgrados en las universidades de Illinois y Columbia. Director de las Especializaciones en Dirección de Proyectos y en Gestión Pública y de la maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental de la Facultad de Ciencias Económicas FCE de la UBA.
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Juan Carlos Herrera
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Se desempeñó como investigador y docente universitario y de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero y Del Salvador. Publicó libros y ensayos en temas de su especialidad.
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