¿Quién va a controlar el recuento de votos en las elecciones de 2027?
La alianza estratégica entre Javier Milei y Benjamín Netanyahu profundiza la «cooperación tecnológica» entre Argentina e Israel y deja flotando una pregunta que empieza a recorrer la política argentina: bajo el argumento de la modernización y la ciberseguridad, ¿terminará Israel controlando el recuento de los votos en 2027?
Alfredo Moreno
Computador Científico. Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).
El Gobierno argentino avanza en acuerdos con corporaciones tecnológicas israelíes para gestionar el cómputo electoral. Se trata de sistemas de código cerrado que alimentan la pérdida de soberanía y ponen en riesgo la transparencia del proceso democrático.
La relación entre Argentina e Israel atraviesa uno de los momentos de mayor cercanía política, diplomática y estratégica de las últimas décadas. Los acuerdos en defensa, ciberseguridad, inteligencia de datos, inteligencia artificial y cooperación tecnológica consolidaron un vínculo que hoy se proyecta sobre áreas sensibles para el funcionamiento del Estado.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, las alarmas sobre la soberanía digital del proceso electoral deberían estar completamente encendidas.
El debate —todavía sin estado público— sobre quién cuenta y almacena los votos y quién despliega la tecnología electoral ya entró en el terreno de la geopolítica. Avanzan negociaciones y misiones de cooperación técnica que buscan otorgar el control del escrutinio provisorio y la transmisión de datos a empresas de tecnología y ciberseguridad con base en Israel.
La opacidad de estas corporaciones tecnodigitales vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de la infraestructura crítica nacional, el secreto del sufragio y la imposibilidad de control por parte de los partidos políticos y la ciudadanía.
El Gobierno de Milei se convirtió en el modelo de sumisión a los Estados Unidos que las ultraderechas emergentes de la región buscan replicar. Por eso el ingreso de Argentina a la alianza Pax Silica es un caso premonitorio y alarmante.
El nuevo orden geopolítico, que garantiza el control de la cadena de suministro de semiconductores, microchips e infraestructura de inteligencia artificial al eje Estados Unidos–Israel, busca someter a toda América Latina a una agenda de alianzas bilaterales y multilaterales.
Ya no alcanza con vigilar las urnas: la disputa se libra antes, en los servidores, en los algoritmos y en la cabeza de los votantes.
Con su nueva pertenencia a ese eje, la derecha argentina ejecuta una mutación de la soberanía que los analistas más tradicionales insisten en leer con categorías del siglo pasado, ya insuficientes para el fenómeno. No estamos ante una simple entrega de recursos ni ante otra configuración política transitoria.
El diseño está blindado para ser irreversible: el modelo no reside solo en el acto de entrega, sino en los candados jurídicos, lógicos y financieros que se implantan para que cualquier gobierno futuro quede imposibilitado de recuperar lo cedido. En la Argentina, eso se hace visible en las facilidades y los beneficios del Súper RIGI.
Hacking electoral
El hacking electoral es un conjunto de acciones que configuran una plataforma de manipulación ilegal del proceso democrático: ataques cibernéticos a bases de datos y sistemas de escrutinio, campañas de desinformación y difusión de deepfakes —imágenes, videos o audios creados o alterados mediante inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje profundo— para desestabilizar campañas o alterar la percepción pública.
Adrián Ramírez (@adrianramirez), analista en tecnopolítica, sostiene que «los procesos electorales enfrentan cada vez más amenazas de intervenciones tecnológicas transnacionales. Las urnas ya no son el objetivo, sino la última instancia de un hacking electoral que urge entender para defender las democracias».
El dispositivo opera de forma coordinada sobre tres dimensiones estructurales:
- Capa de infraestructura: ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido), en los que múltiples dispositivos automatizados inyectan tráfico malicioso a un servidor o una red de datos hasta agotar sus recursos y volverlo inaccesible para los usuarios legítimos. A esto se suma el ransomware, dirigido a colapsar la difusión de resultados e inducir pánico.
- Capa lógica: inyección de puertas traseras (backdoors) en el software de escrutinio para desviar porcentajes quirúrgicos de votos sin activar alertas.
- Capa cognitiva: uso de la infraestructura algorítmica para intervenir sobre la subjetividad de las personas. Aquí lo que se hackea es la atención ciudadana: la minería de datos permite extraer perfiles psicométricos para inyectar campañas de miedo personalizadas, mientras las granjas de bots alteran los algoritmos de recomendación para viralizar difamaciones e inundar el ambiente de deepfakes. El objetivo ya no es persuadir al electorado, sino paralizarlo o radicalizarlo por saturación y miedo.
Los débiles marcos regulatorios de la Argentina se convirtieron en el tablero ideal para la experimentación de la nueva derecha alternativa (alt-right), el movimiento y la subcultura digital de extrema derecha y nacionalismo blanco que surgió en Estados Unidos a comienzos de la década de 2010 y que promueve el supremacismo blanco, el aislacionismo, el antifeminismo y el rechazo a la inmigración desde foros de internet y redes sociales.
Detrás del argumento técnico de la «infalibilidad» israelí se esconde un problema de fondo: nadie puede auditar lo que no se le permite abrir
Desde la extracción de datos psicológicos de Cambridge Analytica en México, Brasil y Argentina, hasta la industria de la desinformación masiva de Meta, pasando por el espionaje de grado militar con el software israelí Pegasus en Cataluña y El Salvador, la región ya conoce este tipo de asedio. Como se vio en Perú y en Colombia, el conteo de votos parece estar llamado a favorecer los intereses de Washington en la región. Estos comicios, de la mano de los tecnofeudales, representan la oportunidad de recuperar un bastión estratégico para achicar el espacio de inserción de China.
La capacidad computacional para desplegar esta guerra se concentra en tres actores centrales: agencias de inteligencia, ciberespionaje militar de las potencias en pugna geopolítica; mercenarios digitales (empresas privadas que comercializan desinformación encubierta y hackeo por encargo); dueños de la infraestructura corporaciones privadas (big tech) con el poder de alterar el humor y la esperanza social de una nación modificando apenas unas líneas de código en su algoritmo.
De la gestión de recursos al control de las urnas
El principal argumento oficial para incorporar este software es la supuesta «infalibilidad» de los sistemas de defensa digital israelíes frente a eventuales ciberataques. Lo que el Gobierno de Milei oculta es que se trata de sistemas de código cerrado.
Cuando el Estado delega la transmisión y el cómputo de los telegramas de escrutinio en licencias propietarias extranjeras, los fiscales partidarios y los peritos informáticos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) quedan frente a una verdadera caja negra: resulta imposible auditar el programa para verificar si tiene sesgos, fallas o vulnerabilidades ocultas. El sistema de partidos no tiene, hoy, capacidad operativa para monitorear ni controlar un sistema cerrado.
El peligro de la inteligencia militar aplicada al voto
Las empresas que pujan por el negocio electoral en América Latina y buscan entrar en el mercado argentino no son simples desarrolladoras de aplicaciones: muchas operan como desprendimientos comerciales del complejo militar y de inteligencia de Israel.
El consorcio Forbidden Stories investigó al «equipo Jorge», una empresa israelí ultrasecreta involucrada en la manipulación de elecciones y en el hackeo de políticos africanos: un mundo donde ejércitos de troles, ciberespionaje e influencers se entrelazan.
Las empresas que le ofrecen sus servicios al Estado argentino no nacieron para hacer aplicaciones: nacieron en el corazón del aparato de inteligencia israelí.
Durante más de seis meses, Forbidden Stories y sus socios siguieron el rastro de «Jorge» hasta la ciudad de Modi’in-Maccabim-Re’ut, sede de buena parte de la industria de alta tecnología israelí. En el mercado paralelo de la desinformación, empresas oficiales y clandestinas se volvieron expertas en manipular la realidad y difundir historias engañosas. En sintonía con el trabajo de Gauri Lankesh —la periodista india asesinada en 2017 que investigaba las fábricas de mentiras—, la investigación se adentró en una industria que usa todas las armas a su alcance para manipular a los medios y a la opinión pública a expensas de la información y la democracia. Su conclusión: el armado y despliegue de una máquina de desinformación global es la plataforma que potencia a la derecha internacional.
Forbidden Stories reveló que la empresa Demoman International está dirigida por Tal Hanan, un exmiembro de las fuerzas especiales israelíes que trabaja de forma privada bajo el seudónimo «Jorge» y que lleva más de dos décadas operando en elecciones de distintos países. Hanan asegura haber participado en 33 elecciones presidenciales.
La investigación revela detalles extraordinarios sobre cómo el Equipo Jorge usa la desinformación como arma: ofrece un servicio privado para interferir en elecciones sin dejar rastro y también trabaja para clientes corporativos.
Ante periodistas que se hicieron pasar por clientes, Hanan afirmó que sus servicios —que otros describen como «operaciones secretas»— estaban a disposición de agencias de inteligencia, campañas políticas y empresas privadas interesadas en manipular la opinión pública, y que ya se habían usado en África, América del Sur y Central, Estados Unidos y Europa.
El negocio del escrutinio esconde una arquitectura de opacidad: licencias extranjeras, intermediarios locales y un algoritmo que nadie puede rastrear.
Uno de sus productos centrales es Advanced Impact Media Solutions (AIMS), un sofisticado paquete de software que controla un vasto ejército de perfiles falsos en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram y YouTube. Algunos de esos avatares llegan a tener cuentas de Amazon con tarjetas de crédito, billeteras de bitcoin y cuentas de Airbnb.
Radiografía del riesgo: el negocio detrás del escrutinio
La preocupación de las organizaciones de derechos digitales tiene antecedentes concretos en este entramado tecnológico:
• Vigilancia y datos: empresas tecnológicas de origen israelí vienen siendo señaladas a nivel global por desarrollar software de intrusión masiva y espionaje, como el conocido Pegasus. Los críticos advierten que el manejo de la base de datos de millones de electores argentinos, y la arquitectura de los servidores de transmisión, no deberían quedar expuestos a firmas ligadas a agencias de inteligencia extranjeras.
• La pantalla de las «empresas locales»: el desembarco no siempre es directo. Suele hacerse a través de firmas locales que actúan como representantes o integradoras, adquiriendo licencias de software y hardware diseñados en Tel Aviv, lo que dificulta rastrear el verdadero origen del algoritmo que va a sumar los votos.
| Aspecto crítico | Implicancia para 2027 | Nivel de riesgo |
| Soberanía tecnológica | Dependencia absoluta de soporte técnico y servidores fuera de la jurisdicción nacional. | Alto |
| Auditoría de partidos | Los fiscales informáticos locales no pueden revisar el código fuente de origen israelí por restricciones de “secreto comercial” y no cuentan con capacidad operativa para hacerlo. | Crítico |
| Seguridad de datos | Centralización de datos biométricos y padrones electorales en plataformas integradas por corporaciones externas. | Alto |
Los acuerdos con empresas y gobiernos tecnológicamente avanzados pueden representar una oportunidad para mejorar los procesos públicos. Pero las políticas del Gobierno de Milei en materia de digitalización representan, en este caso, la entrega lisa y llana de la soberanía tecnológica.
Mientras el discurso oficial defiende la velocidad del recuento provisorio y la «fama» internacional de los proveedores, el riesgo de deslegitimar los resultados electorales por falta de auditorías independientes es una certeza. Y la fama, acá, es puro cuento.
Más allá de la velocidad del escrutinio, el verdadero debate pasa por quién controla los datos, quién puede auditar el sistema y qué margen conserva el Estado para garantizar elecciones transparentes.
La integridad de una elección exige transparencia absoluta. Entregar el código fuente a firmas extranjeras que responden a otras jurisdicciones es un acto de ceguera tecnológica voluntaria.
La alternativa soberana y transparente sigue ahí, ignorada: un sistema de escrutinio provisorio desarrollado por universidades públicas y científicos del Conicet, con código abierto y auditable por todos los partidos. La infraestructura de telecomunicaciones y de procesamiento de datos en la nube de Arsat alcanza para garantizar la transparencia que exige el acto electoral. Sin embargo, en el tablero político actual, el lobby tecnológico internacional y la «debilidad voluntaria» del gobierno argentino parecen pesar más que la seguridad democrática de los votantes.
El cuidado democrático no consiste en aislar al Estado de la tecnología: desconectarse hoy es una utopía inconveniente. El cuidado consiste en alcanzar la soberanía digital.
Para lograr esa autonomía es necesario:
- Auditoría profunda: software de escrutinio de código abierto, auditable por universidades y partidos, sellado criptográficamente y respaldado obligatoriamente por el voto físico en papel.
- Regulación de la IA: prohibición estricta de la microsegmentación psicográfica en campañas y obligación legal de etiquetar todo contenido sintético, además de la apertura obligatoria de las cajas negras algorítmicas durante los períodos electorales.
- Inmunología digital: creación de agencias nacionales de ciberdefensa orientadas a la alerta temprana de anomalías e inyecciones de capital extranjero, junto con programas masivos de higiene mediática.
La transición hacia un modelo tecnofeudal no es una advertencia: es un hecho consumado. La ilusión de que el debate público sigue vivo choca con una realidad más cruda: las reglas del juego son propiedad de las corporaciones de Silicon Valley aliadas a Estados Unidos e Israel.
La buena noticia es que todavía hay tiempo para asumir el desafío. La mala es que ese tiempo se acaba. Como dice la canción: las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar…
