Aprueban nueva Ley de Medios en Uruguay: más concentración y menos transparencia

La iniciativa aprobada de manera “«express» por el Senado uruguayo aumenta los límites de licencias para radio y TV que se pueden acumular, habilita una mayor extranjerización, suprime controles y obligaciones de transparencia sobre grupos mediáticos y obliga a medios a brindar «información, análisis y opiniones» de manera «imparcial, seria y rigurosa».

El 14 de mayo la cámara alta del Parlamento uruguayo aprobó el proyecto «Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual», solamente con dieciséis votos pertenecientes a legisladores de los partidos de la coalición de gobierno. El tratamiento se dio como «grave y urgente» sin discusión previa en la Comisión de Industria, hecho que fue ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil y el principal partido de la oposición —el Frente Amplio (FA)—, quien abandonó el recinto a la hora la votación. Volverá ahora a Diputados en busca de su ratificación final.

La iniciativa deroga gran parte de la actual Ley de Medios —Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 19307— e incrementa la cantidad de licencias para servicios de radio y TV que una persona, empresa o grupo económico puede poseer y habilita una mayor extranjerización de la propiedad de los medios.

El proyecto también quita las consultas públicas establecidas sobre los procedimientos de transferencia y renovación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual, y suprime el organismo de control ciudadano ante los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca).

Sin debate previo y sin haberse siquiera tratado en Diputados, una de las más importantes novedades es la inclusión de un aditivo que obliga a los medios de comunicación a brindar «información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones» de manera «completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada», bajo penas de sanciones por parte del Estado.

De la normativa vigente, se mantienen algunos artículos que hacen referencia a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al derecho a objeción de conciencia de los periodistas, a la obligación de mecanismos de accesibilidad en los servicios de TV para proteger el derecho de personas con discapacidad visual y auditiva, así como a la emisión por TV abierta y en directo de los partidos de la selección nacional de fútbol y básquetbol, en las instancias definitorias de torneos internacionales.

Fuertes cuestionamientos

«Nunca pensé que vería en Uruguay una norma legal que impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera. Muy serio y grave. Si se aprueba el periodismo queda condicionado al regulador», sostuvo Edison Lanza, ex-relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) aseguraron que con esta reforma se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos y «un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión», advirtiendo las consecuencias que esto tiene para la calidad democrática, «especialmente en medio de un proceso electoral».

Por su parte, desde Amnistía Uruguay expresaron que el Senado aprobó una iniciativa «sin un debido proceso de discusión política ni pública», advirtiendo que esto «puede implicar riesgos y un debilitamiento significativo del sistema de garantías de derechos humanos, teniendo un impacto negativo en la adjudicación y concentración de medios en Uruguay, así como también una incidencia en la labor periodística contraria a los estándares internacionales de libertad de prensa».

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) —sindicato de periodistas y otros trabajadores de los medios— expresó, por su parte, su «más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación express de una «ley de medios» que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa».

El senador del Frente Amplio (oposición), José Mahía, sostuvo que el proyecto «cambia las reglas de juego desde el punto de vista político de uno de los temas de mayor sensibilidad que tiene la sociedad y que tiene que ver fundamentalmente con el acceso a los contenidos, con la propiedad de los mismos, con la administración y la relación del Estado con ellos»; mientras que Oscar Andrade, senador del mismo partido, opinó que el hecho de que no existieran instancias de Comisión para consultar con la academia, expertos y la sociedad «es un despropósito”.


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