Una historia que se repite
Una vez más, es preciso recordar que la concentración mediática es incompatible con una gestión de gobierno que pretenda restituir derechos, recuperar el rol del Estado y generar un crecimiento inclusivo.
La distribución del dinero destinado a pauta publicitaria, que maneja el Gobierno nacional tiene una desproporción propia de un modelo basado en los estudios que las consultoras hacen sobre qué penetración tienen en la sociedad los medios de comunicación. Con una concentración que burla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los grupos de tareas mediáticos usan esa situación para manejar la información pública y además poder hacer el lobby que favorezca a sus intereses en otros rubros, que nada tienen que ver con la comunicación. Pueden tener una pata puesta en radios, otra en la prensa escrita, una tercera en los canales de TV, aquella cómodamente ubicada en los negocios agrarios y así se pueden seguir buscando patas de un gigantesco cien pies con poder sobre la sociedad en la que habita y de la que vive.
Escudados en la libertad de expresión, no soportan ningún tipo de decisión regulatoria para modificar su posición dominante. La aparición de la imprenta terminó con la independencia de los escribas; los dueños de las herramientas de impresión poseían el poder de la edición de lo publicado y los juglares, que de alguna manera eran voceros independientes, fueron perdiendo la impronta del informador público. Este inconveniente con los medios concentrados de comunicación no es nuevo, valga como ejemplo lo sucedido con Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic) y el informe MacBride para tomar un ejemplo a escala global. Este informe conocido también como Voces múltiples, un solo mundo, fue impulsado por la Unesco y redactado por un consejo que estaba a cargo del premio Nobel de la Paz, el irlandés Sean MacBride. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, en relación con la comunicación de masas y a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Si bien el origen del informe era proteger a la prensa en su función de «ordenadora» de la conciencia colectiva de los poderes económicos y de las presiones de los gobiernos, justamente ese lobby producido en torno a esta comisión hechó por la borda los objetivos planteados.
Hoy, más de cuarenta años después de la aparición de ese comité, la prensa se ve dominada por los poderes económicos. En el caso particular de la Argentina, este poder socava cualquier gobierno que esté alejado mínimamente de sus intereses. Actuando en gran escala y por todas las bocas de tormenta que poseen, hacen uso del poder formador para forzar desiciones. Lo curioso de esta situación es que desde el mismo gobierno, fogueado, vapuleado, reducido a un mero espectador de su ruina informativa, se decide distribuir el dinero público priorizando a sus verdugos. Los montos que el grupo Clarín y el multimedios América reciben es muchas veces superior al que puede recibir una radio cooperativa del país profundo.
Adaptando el eslogan de Nomic podríamos decir que Voces múltiples, un solo país es fundamental para la salud de la democracia. Hay un concepto que el exjuez Federal Miguel Rodriguez Villafañe propone en defensa precisamente de la distribución democrática de la pauta oficial. Enuncia que el desarrollo de una política justa en la distribución comienza en el municipio, sigue en la provincia y termina en la nación. Además sugiere que el análisis para decidir la tan cuestionada distribución no se puede apoyar en la rentabilidad económica, solamente. Por tal motivo, hace hincapié en la rentabilidad social y en la rentabilidad cívica. Estas son aún más importantes que la comercial, porque forman ciudadanía, hacen del sujeto social el eje de la discusión y no deja a la comunicación como un mero negocio en manos de unas pocas voces concentradas.
Urge entablar la discusión sobre este tema y sobre la importancia de los medios públicos que gestiona el gobierno y en cómo jerarquizarlos para contrarrestar la destructiva andanada de mentiras que hoy salen de las usinas del poder fáctico. La decisión de cómo distribuir los dineros públicos no pueden estar en pocas manos, además de exigir la elaboración de una ley que garantice la distribución equitativa y federal, es nuestra opinión que debería existir un comité, una dirección, un ente, formado por representantes de los distintos medios de comunicación para que puedan diseñar un justo empleo de esa importante cantidad de dinero.
Los medios autogestivos hoy representan una importante cantidad de voces que no se contemplan a la hora de apoyar propuestas superadoras en el ecosistema de la comunicación popular. En la urgente formulación de una red de voces que antepongan el derecho humano a la comunicación a la mentira rentada va la vida de esta democracia amenazada por intereses que poco tienen que ver con una sociedad pluralista.
