El resultado electoral y la comunicación

El Gobierno afirma haber tomado nota del llamado de atención que surgió del resultado electoral, razón por la cual modificó su agenda de gestión en diversos aspectos. Sin embargo, y a pesar del reconocimiento que la comunicación es un espacio de disputa política, todavía no hay una estrategia que atienda esa realidad.
 Imagen: Leandro Teysseire

Tanto en el mundo de la política como en los espacios académicos ya nadie pone en duda la íntima relación entre política y comunicación, entre comunicación y política. No solo son dos espacios atravesados entre sí, sino interdependientes por muchos motivos. Las elecciones legislativas del último fin de semana lo volvieron a poner de manifiesto: candidatos mediáticos, agendas manipuladas, carencia de escenario de debates capaces de contribuir al discernimiento ciudadano. A tal punto que –aún antes de conocerse los resultados finales- las corporaciones mediáticas decretaron (con titulares de distinto tipo) la “capitulación” del gobierno del Frente de Todos (FdT). Una vez más los medios y sus mandantes se anticiparon a un resultado que, si bien fue derrota para la alianza gobernante, no alcanzó ni los ribetes ni las características anticipadas por las usinas mediáticas que expresan a los grupos de poder.

Hace un tiempo escribimos. «En la sociedad mediatizada la comunicación es un escenario de representación donde se ponen de manifiesto de manera simbólica las luchas por el poder que existen en la comunidad y el escenario comunicacional debe ser visto como una plaza simbólica, donde los actores juegan todas sus posibilidades, cada uno en función del poder que puede ejercer de acuerdo al tema y a las circunstancias».

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El discernimiento sobre los motivos que llevaron al resultado electoral recorren muchos aspectos válidos y fácilmente reconocibles tanto en el ámbito político como en el económico. No obstante —y sin desconocer por ello algunas de las iniciativas en la materia— la alianza gobernante sigue sin asumir que parte de la batalla política se da en la comunicación. O cuando lo hace razona en los términos que le impone el adversario de turno, decide dar batallas en escenarios que no son propios y termina siempre jugando de «visitante» en plazas ajenas.

Partiendo entonces de la constatación de hoy enfrentamos un escenario controlado por corporaciones mediáticas actuando ellos mismos como actores políticos y con inocultable afinidad de intereses con el poder económico y con la oposición política, parte del análisis poselectoral debería contemplar con urgencia una estrategia de comunicación que atienda a esto como un asunto de primer orden. No solo por una cuestión partidaria o electoral, sino porque la calidad democrática de la sociedad se ve gravemente afectada por la concentración de la propiedad de los medios, de los sistemas de telecomunicaciones y la incidencia de las redes digitales. Se trata de un asunto de primer orden y que necesita de políticas públicas que den respuesta a esa realidad. Por convicción, por temor a las posibles represalias o táctica política no se toman acciones en ese sentido. Es más. Se continúa financiando —de distintas maneras— a grupos mediáticos y comunicadores que conspiran contra el sentido mismo de un sistema democrático que tiene que apoyarse en pluralidad de voces y propuestas que alimenten el intercambio y el diálogo productivo sin cortapisas. No se trata de pedirle a nadie afiliación al oficialismo. Sí que no confabulen contra el sistema democrático.

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Al margen de lo anterior, habría que considerar que dada la fragmentación y multiplicación del escenario comunicacional una estrategia desde el Gobierno y desde la política tendría que contemplar los múltiples espacios, iniciativas, proyectos y producciones que se cobijan bajo el título genérico de la comunicación popular y comunitaria. Es un espacio tan importante como ignorado por quienes toman las decisiones. No son considerados como interlocutores y tampoco reciben apoyos económicos que les permitan subsistir en medio de una situación económica que afecta incluso la sobrevivencia. Así se pone en riesgo un sector estratégico para la comunicación democrática, en general, pero también para la propia gestión del gobierno.

Sin una política de comunicación que considere al menos estas cuestiones, que rescate si no las formas por lo menos los principios que llevaron a la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual (ley 26.522) y actualice sus iniciativas, será difícil construir consensos colectivos que tengan en el centro a los actores populares y obtengan el respaldo de éstos.

Esta nota fue publicada originalmente por Página/12 y se vuelve a publicar aquí con permiso del autor.

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Washington Uranga

Periodista, docente e investigador de la comunicación. Doctorado en Comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.

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