¿Quién gana cuando los glaciares se derriten?
Raúl Montenegro, biólogo y Nobel Alternativo 2004, advierte sobre los riesgos de la reforma a la Ley de Glaciares sancionada en 2010.
A fines de febrero, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley 26639, que regula la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, una medida que colisiona con compromisos constitucionales e internacionales como el Acuerdo de Escazú y el acuerdo con la Unión Europea, ratificado en esa misma sesión extraordinaria. En ese contexto, y en vísperas de audiencias públicas a las que se habían inscripto más de veintisiete mil personas al momento de publicación de la nota, Vanina Lombardi entrevistó para la Agencia TSS (Universidad Nacional de San Martín) al biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam). Montenegro es el único argentino galardonado con el Right Livelihood Award —conocido como el Nobel Alternativo—, distinción que recibió en 2004 por su trabajo con comunidades locales e indígenas en defensa del ambiente y la sostenibilidad. Lo que sigue es una edición comentada de ese diálogo.
El espíritu de la ley vigente
Lombardi abre la entrevista preguntando por lo más preocupante del proyecto. Montenegro va al núcleo: las modificaciones rompen el espíritu solvente de la ley actual, que concibe los glaciares como ecosistemas y como un gran sistema nacional integrado, y no como recursos que cada provincia puede gestionar por separado.
Cuando la periodista le pide ampliar esa idea, el biólogo recuerda que la filosofía subyacente en la aprobación original de la ley en 2010 asume que todas las masas glaciares del país asociadas a la cordillera de los Andes conforman un sistema indivisible, y que su elaboración contó con un consenso muy amplio en el que participaron universidades, centros de investigación, las ONG ambientales y asambleas. El dato resulta relevante porque ese consenso se alcanzó, según Montenegro, incluso durante un gobierno favorable a la megaminería y a la agricultura industrial.
¿Qué son los glaciares?
Ante la pregunta sobre los riesgos ecosistémicos de flexibilizar la protección y delegar su gestión en las provincias, Montenegro despliega una definición que condensa décadas de investigación:
«Necesitamos glaciares en buen funcionamiento porque, en última instancia, la contribución de los minerales que pudieran extraerse de sus suelos a la supervivencia de nuestra especie será irrelevante en comparación con las funciones que cumplen esos ecosistemas.»
«Los glaciares no son solamente hielo. Son ecosistemas muy complejos, con su propia biodiversidad, que se formaron a lo largo del tiempo y que tienen ciclos en los que la nieve los hace crecer y renovarse, mientras que el derretimiento los hace bajar de volumen. Son como cajas de ahorro milenarias de recursos hídricos, con un efecto geomorfológico muy importante.»
La metáfora bancaria merece su propia explicación. y Montenegro aclara su sentido preciso: los glaciares reciben la nieve que los alimenta y tienen movimiento interno, lo que genera una mezcla de capas de hielo más antiguo y más reciente. Un glaciar también es tiempo: no hay glaciares instantáneos. Llamarlos «cajas de ahorro milenarias» no implica necesariamente que el hielo más profundo tenga miles de años, sino que ese ciclo de formación y derretimiento —que históricamente tendió al aumento o al mantenimiento— está siendo hoy vulnerado desde dos frentes: el cambio climático global y la presión legislativa para desprotegerlos.
Los intereses detrás del proyecto
En cuanto a la dimensión política del proyecto, Montenegro es directo: las provincias con glaciares importantes tienen antecedentes vinculados a la megaminería, como Mendoza y San Juan, y estas modificaciones abrirían las puertas a actividades que hoy no están permitidas en esas zonas.
El dato más concreto que aporta es el Proyecto Vicuña: una alianza entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP que, en enero de 2025, formaron Vicuña Corp para la extracción de cobre, oro y plata en yacimientos ubicados a más de cuatro mil metros de altura en el departamento Iglesia, en el norte de San Juan.
Lombardi introduce el caso Barrick Gold como antecedente, y Montenegro lo utiliza para un argumento más amplio: cuando se le abren las puertas a las megamineras con casas centrales en el exterior, no solo se practica una geopolítica de la dependencia, sino que se desarticulan los mecanismos de regulación estatal que protegen a los ciudadanos.
El argumento final: supervivencia, no nostalgia
La entrevista cierra con una afirmación que trasciende lo ambiental. A la pregunta sobre por qué es importante conocer el funcionamiento de los glaciares, Montenegro es tajante: necesitamos glaciares en buen funcionamiento porque, en última instancia, la contribución de los minerales que pudieran extraerse de sus suelos a la supervivencia de nuestra especie será irrelevante en comparación con las funciones que esos ecosistemas cumplen. No se trata de romantizar el hielo. Se trata de entender qué se pierde cuando se lo derrite por decreto.
Nota del editor: Más de setenta mil personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados los días 25 y 26 de marzo de 2026, en el marco del debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Esta participación masiva —inédita en la historia legislativa argentina— refleja la alta sensibilidad social y ambiental del tema, dado que que la ley regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares frente a actividades extractivas.
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