La disputa por lo público: medios, negocio y democracia en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con el llamado a licitación para concesionar el Canal de la Ciudad y las radios AM 1110 y FM 92.7 por cinco años, bajo gestión privada y canon económico, en una medida que genera cuestionamientos políticos, legales y gremiales.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el proceso para concesionar sus medios públicos —el Canal de la Ciudad y las emisoras AM 1110 y FM 92.7— mediante una licitación que prevé su explotación privada por un período de cinco años. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo porteño, plantea un esquema de gestión integral a cargo de empresas, con el argumento de mejorar la eficiencia y reducir el costo estatal, y abrió un frente de conflicto que combina objeciones jurídicas, resistencias políticas y preocupación laboral.

La administración de la Ciudad formalizó el llamado a licitación para ceder la operación de estas señales a privados bajo un esquema de canon económico y gestión integral de contenidos. La iniciativa se presenta como un intento de «modernizar» y «hacer eficiente» el sistema, bajo la premisa de que el sector privado puede realizar esa tarea sin costo para el Estado.

Sin embargo, esa justificación abre una pregunta clave: ¿puede reducirse la función de los medios públicos a una ecuación de costos y eficiencia? La discusión no gira únicamente en torno a la administración, sino sobre la naturaleza misma de estos medios, concebidos como herramientas para garantizar pluralismo, acceso a la información y promoción cultural.

En ese punto se concentra buena parte de las resistencias. Desde sectores políticos, gremiales y profesionales se advierte que la concesión podría contradecir tanto la Constitución porteña como la normativa nacional en materia de comunicación audiovisual. El argumento es claro: los medios públicos no son activos transferibles ni delegables sin afectar su función esencial. La carta magna porteña establece su existencia como dispositivos destinados a la difusión institucional y la promoción cultural, con participación plural de la comunidad.

La controversia también tiene un anclaje histórico. La eventual concesión implicaría un cambio de paradigma en medios con décadas de trayectoria, algunos cercanos al siglo de vida, cuya identidad se construyó en torno a una lógica pública. En ese sentido, lo que está en juego no es solo su gestión futura, sino el estatuto simbólico de esos espacios.

A la dimensión institucional se suma la laboral. Cientos de trabajadores quedan atravesados por la incertidumbre sobre su continuidad, en un contexto donde los pliegos priorizan la operación privada pero no despejan con claridad las condiciones de transición. Este factor agrega tensión a un escenario que ya anticipa judicialización y conflicto político.

El debate, sin embargo, trasciende la coyuntura local. La discusión sobre los medios públicos se inscribe en una tendencia más amplia de redefinición del Estado, donde ciertas funciones son reconfiguradas bajo criterios de mercado. En ese marco, la pregunta central no es solo quién gestiona, sino qué tipo de comunicación se garantiza cuando lo público se subordina a la rentabilidad.

Porque allí aparece el núcleo del problema: si los medios públicos pasan a ser evaluados por su capacidad de generar ingresos, su lógica cambia. Lo que estaba orientado a la diversidad, la cultura y la información puede desplazarse hacia criterios de audiencia, competencia y publicidad. No es un detalle técnico, sino un cambio de sentido.

La discusión abierta en la Ciudad, entonces, funciona como un caso testigo. Expone la tensión entre dos modelos: uno que concibe a los medios públicos como bienes sociales y otro que los entiende como servicios susceptibles de ser gestionados bajo reglas de mercado. Entre ambos, no hay un punto neutro. En ese cruce se define algo más que una licitación. Se discute qué significa, en términos concretos, lo público en la Argentina. Y, sobre todo, si ese concepto puede sostenerse cuando se lo somete a la lógica del negocio.

MÁS INFO

Los medios públicos no son un negocio

La Asamblea de Trabajadorxs de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires emitió un documento en el que rechaza de manera frontal el proceso las concesiones impulsadas por el gobierno porteño, al que consideran no solo una amenaza laboral sino, sobre todo, un cambio de paradigma que desnaturaliza la función de estos medios.

El eje central del texto es que los medios públicos no pueden ser concebidos como un negocio. Desde esa premisa, advierten que delegar su gestión en manos privadas implica subordinar su lógica a criterios de rentabilidad, lo que pondría en riesgo su misión de garantizar pluralismo, acceso a la información y producción de contenidos culturales y educativos.

En ese marco, sostienen que la medida no es neutra ni meramente administrativa: supone una redefinición del rol del Estado en la comunicación. Señalan que los medios públicos deben responder al interés de la ciudadanía y no a objetivos comerciales, por lo que su eventual concesión afectaría su independencia editorial y su capacidad de representar la diversidad social.

El documento también alerta sobre las consecuencias concretas del proceso en curso. Por un lado, subraya la incertidumbre laboral que enfrentan los trabajadores, ante la falta de precisiones sobre continuidad, condiciones de contratación y preservación de derechos. Por otro, advierte sobre la posible pérdida de calidad y de identidad de las señales, construidas a lo largo de años de trabajo profesional en el ámbito público.

A la vez, los trabajadores encuadran el conflicto en un escenario más amplio: lo vinculan con una tendencia a reducir o desarticular políticas públicas en el campo de la comunicación. En esa línea, interpretan la concesión como parte de una lógica que prioriza la retirada del Estado y la transferencia de funciones al sector privado.

Finalmente, el texto convoca a defender los medios públicos como bienes sociales estratégicos. No solo en términos laborales, sino como herramientas fundamentales para la vida democrática, en tanto garantizan el derecho a la información y la existencia de voces diversas por fuera de la lógica del mercado.