De Trump a Milei: el avance de un manual contra la prensa
El director de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, alerta sobre líderes que convierten a los medios en adversarios. En la Argentina, el proyecto para exigir declaraciones juradas a periodistas profundiza una tensión en ascenso.
El diagnóstico que traza Bruttin en una entrevista con AFP durante su visita la semana pasada a Guatemala se mueve en un doble registro: describe un deterioro concreto de la libertad de prensa, pero al mismo tiempo intenta explicar las condiciones que lo hacen posible. En ese marco, la figura de Donald Trump aparece menos como excepción que como condensación de una lógica más amplia.
En ese punto, la entrevista obliga a formular el problema en términos precisos: ¿cómo evaluar la libertad de prensa bajo el influjo del trumpismo? La respuesta introduce un desplazamiento clave. Trump —según el director de RSF— no sería el origen del fenómeno, sino su resultado: emerge en contextos donde los «desiertos informativos» debilitan la capacidad del periodismo para estructurar el debate público. Sin embargo, consolida un método: restringir el acceso a los medios, erosionar su financiamiento y convertir la hostilidad discursiva en herramienta política.
Ese método no queda encapsulado en Estados Unidos. Por el contrario, se proyecta como un modelo replicable. En América Latina, distintos liderazgos comienzan a mostrar afinidades con esa lógica. Figuras como Nayib Bukele o el propio Javier Milei —señalado por RSF por estigmatizar a periodistas— ilustran una tendencia en la que la confrontación con la prensa deja de ser un costo para transformarse en un recurso de legitimación.
De esa constatación se desprende una segunda cuestión, más incómoda y estratégica: ¿qué hacer frente a un modelo que convierte la agresión a la prensa en una ventaja política? La respuesta, integrada al análisis de Bruttin, apunta a una reacción en dos planos. Por un lado, la necesidad de una firmeza institucional frente a prácticas que erosionan la libertad de prensa. Por otro, un esfuerzo por reconstruir el valor social del periodismo: recordar que los hechos no son opiniones y que el acceso a información confiable constituye un derecho ciudadano.
El cuadro regional refuerza la gravedad del diagnóstico. América Latina atraviesa, según RSF, un deterioro sostenido que adopta múltiples formas. En algunos países, como México o Ecuador, la violencia contra periodistas alcanza niveles extremos; en otros, el problema se expresa en procesos más silenciosos: autocensura, debilitamiento económico de los medios o desplazamientos forzados.
«A veces lo que muere es el periodismo, no los periodistas», sintetiza Bruttin. El exilio de comunicadores —con más de doscientos casos en Nicaragua y situaciones emergentes en Honduras o Guatemala— no sólo revela persecución política, sino también la erosión de las condiciones mínimas para ejercer el oficio.
A este escenario se suma una capa adicional de incertidumbre: el impacto de tecnologías como ChatGPT. Según advierte el informe y las declaraciones del titular de RSF, la inteligencia artificial golpea el corazón mismo del periodismo —la producción de contenidos— y genera una reacción varía entre el temor y la adaptación. No reemplazará al periodismo, pero sí redefinirá sus reglas: los periodistas que incorporen estas herramientas podrían desplazar a quienes no lo hagan.
Declaraciones juradas y tensión con la prensa en Argentina
En el plano local, ese clima global encuentra una traducción concreta. Según fuentes políticas y legislativas, el entorno del gobierno de Javier Milei analiza impulsar un proyecto que obligue a periodistas a presentar declaraciones juradas patrimoniales, en un esquema similar al vigente para los funcionarios públicos.
De acuerdo con los datos relevados, la iniciativa habría sido sondeada de manera informal con sectores de la oposición —incluidos espacios vinculados al kirchnerismo— con el objetivo de evaluar su viabilidad parlamentaria. El planteo se inscribe en un contexto de creciente confrontación entre el oficialismo y distintos sectores del periodismo, marcado por cuestionamientos públicos, disputas en redes sociales y restricciones recientes al acceso a la Casa Rosada.
Desde la oposición, distintas voces anticiparon su rechazo a una eventual iniciativa de este tipo. Según esos posicionamientos, se trataría de una medida que podría interpretarse como un mecanismo de presión sobre el ejercicio del periodismo, más que como una política orientada a fortalecer la transparencia.
Esta iniciativa no es una novedad. Durante una entrevista en el canal LN+ (emitida el 2 de septiembre de 2024) Javier Milei sugirió que, como condición para brindar conferencias de prensa, enviaría una ley al Congreso para que los periodistas sean declarados personas políticamente expuestas y presenten una declaración jurada de bienes a los efectos de que «puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad». Esta declaración motivo que el diputado socialista Esteban Paulón presentara un proyecto de resolución en la que subrayaba que las declaraciones de Milei constituyen «una concreta amenaza» hacia los trabajadores de prensa.
El debate, sin embargo, excede la coyuntura. De acuerdo con analistas consultados y antecedentes en la región, la propuesta reabre una discusión estructural sobre los límites entre control público y libertad de expresión. En un contexto de alta polarización, la frontera entre transparencia y disciplinamiento se vuelve especialmente difusa.
En ese sentido, y a la luz del diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras, iniciativas de este tipo pueden leerse como parte de una tendencia más amplia. No necesariamente como hechos aislados, sino como expresiones de una reconfiguración en la relación entre poder político y sistema informativo, donde la tensión con la prensa deja de ser episódica para convertirse en un componente estructural del escenario democrático.
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