Palantir y el poder de los datos: alerta sobre un modelo de vigilancia en la Argentina de Milei
Según Ariel Garbarz, la firma de Peter Thiel le ofrece a Milei una arquitectura de poder basada en la vigilancia masiva y el control social.
En diálogo con La Política Online, el perito en inteligencia artificial e ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz lanzó una advertencia que, más allá de su tono alarmista, obliga a leer entre líneas el rumbo tecnológico del Estado argentino. Según explicó, el empresario Peter Thiel —propietario de la plataforma de macrodatos Palantir— habría ofrecido al presidente Javier Milei un esquema para «gobernar con datos cruzados», una fórmula que, en su visión, implica un salto cualitativo en las capacidades de vigilancia y control sobre la ciudadanía.
De acuerdo con lo planteado por Garbarz, este modelo ya tendría antecedentes en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, donde —según reconstruye— se integraron bases de datos de múltiples agencias, incluidas estructuras sensibles como la CIA, para tareas que van desde la persecución migratoria hasta operaciones de seguridad interna. El esquema, agrega, también encuentra ecos en otros países occidentales.
El punto más delicado, en su análisis, no es sólo tecnológico sino institucional. Según advirtió, la eventual implementación de Palantir podría servir de soporte para la unificación de bases de datos del Estado nacional, una posibilidad que —señala— aparece contemplada en el artículo 15 del DNU 941/25 vinculado con la reforma del sistema de inteligencia. Allí se proyecta la creación de una Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), capaz de articular información de organismos diversos, desde registros civiles hasta agencias fiscales.
La oposición, siempre según el panorama que reconstruye LPO, ha expresado reparos fragmentarios frente a ese decreto, aunque sin lograr hasta ahora la fuerza política necesaria para bloquearlo en el Congreso. La dificultad para reunir quórum aparece como el principal obstáculo en un escenario donde las advertencias conviven con la inercia legislativa.
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— Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) April 23, 2026
URGENTE : El ofrecimiento que Peter Thiel le habría hecho a Milei —según lo que circula entre colegas de seguridad informática— no sería software sino “An architecture of power based on mass surveillance and social control.”
El perfil ideológico de Thiel añade otra capa de complejidad. Garbarz lo describe como uno de los magnates tecnológicos más controvertidos, con una visión crítica de las democracias liberales y vínculos con corrientes neorreaccionarias que promueven modelos más autoritarios o tecnocráticos. En esa línea, el especialista traza paralelismos —no exentos de polémica— con ciertas derivas discursivas del oficialismo argentino.
En sus declaraciones a LPO, Garbarz definió a Palantir como «un monstruo digital de vigilancia y control social» capaz de alterar las reglas del juego político. Según sostuvo, un eventual contrato en la Argentina podría operar bajo mecanismos de inteligencia encubierta, financiado con recursos públicos y sin plena transparencia. «Es una herramienta aplicable tanto a procesos electorales como a escenarios de conflicto», advirtió.
Su diagnóstico es contundente: la plataforma permitiría no sólo integrar información dispersa, sino también influir sobre la voluntad social a partir del procesamiento masivo de datos. Desde esta perspectiva, el debate excede la cuestión técnica y se inscribe en una discusión más amplia sobre soberanía, privacidad y calidad democrática.
En el Congreso, el peronismo reconoce que el tema forma parte de la agenda que intentará instalar en las próximas sesiones, especialmente tras la exposición del vocero Manuel Adorni. Sin embargo, puertas adentro admiten que el camino será arduo y que la construcción de mayorías no está garantizada.
Mientras tanto, el DNU 941/25 sigue vigente. Y aunque —como sugiere el propio Garbarz— las limitaciones políticas del gobierno podrían amortiguar parcialmente su impacto, la discusión de fondo permanece abierta: hasta qué punto la promesa de eficiencia basada en datos puede convivir con las garantías básicas de una democracia.
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