Redes bajo juicio: dos fallos en EE. UU. redefinen la responsabilidad de las plataformas
Dos jurados en Los Ángeles y Nuevo México concluyeron que Meta —y en uno de los casos también Google— diseñaron funcionalidades adictivas, omitieron advertencias y fallaron en la protección de menores. Con indemnizaciones millonarias, las decisiones marcan un giro: del debate sobre contenidos de terceros a la responsabilidad por el diseño y los actos propios de las plataformas.
En menos de 48 horas, dos veredictos en Estados Unidos reordenaron el debate sobre el alcance de la responsabilidad de las grandes plataformas digitales. Un jurado en Los Ángeles y otro en Nuevo México coincidieron en un punto central: los daños alegados no pueden analizarse únicamente a partir de contenidos publicados por usuarios, sino también —y sobre todo— desde la arquitectura de los propios servicios.
En ambos procesos, la discusión se desplazó hacia el diseño: sistemas de recomendación, dinámicas de interacción y mecanismos orientados a maximizar la permanencia. Los jurados consideraron que esas decisiones no son neutrales. Por el contrario, pueden generar efectos previsibles —y en algunos casos conocidos por las propias empresas— sobre niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, los casos difieren en su objeto inmediato. El expediente tramitado en Los Ángeles se centró en los efectos del uso intensivo sobre la salud mental de una menor. En Nuevo México, en cambio, el foco estuvo en la seguridad de la plataforma y en la prevención de riesgos graves, incluyendo situaciones de explotación sexual infantil.
En Los Ángeles, el jurado determinó que Meta y YouTube actuaron con negligencia al diseñar productos que fomentan patrones de uso compulsivo sin advertir adecuadamente sus riesgos. El caso —K.G.M. v. Meta et al.— concluyó con una indemnización de seis millones de dólares, atribuida en un 70 % a Meta. Más allá del monto, el núcleo del fallo reside en la atribución de responsabilidad por decisiones de ingeniería y por el conocimiento que las compañías tenían —o debían tener— sobre sus efectos.
Durante el juicio, la parte demandante sostuvo que las plataformas implementaron una verdadera «ingeniería de la adicción», basada en estímulos variables, notificaciones constantes, contenidos personalizados y herramientas de interacción diseñadas para reforzar la recurrencia. El testimonio de la joven —que comenzó a usar estas aplicaciones a edades tempranas— vinculó ese uso intensivo con cuadros de depresión, ansiedad y problemas de imagen corporal.
Documentación interna presentada en el proceso reforzó esa línea: empleados de las compañías reconocían efectos negativos asociados al uso prolongado, al tiempo que se desarrollaban estrategias para aumentar la retención, incluso entre adolescentes. El jurado entendió que no se trataba solo de omisiones, sino de decisiones adoptadas con conocimiento de sus posibles consecuencias.
Desde el punto de vista jurídico, el caso introduce una distinción clave. Históricamente, las plataformas se ampararon en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones para evitar responsabilidades por contenidos de terceros. Aquí, en cambio, la demanda no apuntó a publicaciones específicas, sino al diseño mismo del sistema. Funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o los sistemas de recompensa fueron tratadas como decisiones técnicas, no como expresiones protegidas. Esa diferencia permitió limitar, al menos parcialmente, el alcance de la inmunidad legal.
El fallo de Nuevo México, dictado un día antes, avanzó en una dirección complementaria. Un jurado ordenó a Meta pagar u$s 375 millones al considerar que la empresa violó normas de protección al consumidor y no implementó medidas adecuadas para resguardar a usuarios menores. La causa se originó en una investigación encubierta de la fiscalía estatal, que detectó fallas en los mecanismos de seguridad y exposición a situaciones de riesgo dentro de las plataformas.
A diferencia del caso de Los Ángeles, aquí el eje no fue la adicción sino la prevención. El jurado concluyó que la compañía no solo no actuó con la diligencia necesaria, sino que generó una percepción engañosa sobre la seguridad de sus servicios. La responsabilidad, en este sentido, no deriva de contenidos aislados, sino de las condiciones estructurales que permitieron la ocurrencia de los hechos.
Pese a sus diferencias, ambos fallos comparten un elemento estructural: la evaluación de las decisiones empresariales y de diseño en relación con los riesgos que generan. En los dos casos, el análisis judicial se desplazó desde lo que circula en las plataformas hacia cómo están construidas.
Las empresas ya anticiparon que apelarán, al menos en el caso de Los Ángeles. Sin embargo, el impacto de estas decisiones excede el resultado inmediato. En conjunto, configuran un precedente en desarrollo que incrementa la presión sobre la industria tecnológica y abre una nueva etapa de litigios.
El punto de inflexión es claro: la discusión sobre la responsabilidad de las plataformas comienza a abandonar el terreno de los contenidos de terceros para centrarse en los actos propios. Es decir, en las decisiones de diseño, en los incentivos que estructuran el uso y en el conocimiento que las empresas tienen sobre sus efectos. En ese desplazamiento se juega, cada vez más, el futuro regulatorio del ecosistema digital.
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