Democracias en red: veintidós países refuerzan sus compromisos para proteger la información y regular las plataformas digitales
En la Cuarta Reunión de la iniciativa «En Defensa de la Democracia», celebrada en Barcelona el 18 de abril, veintidós países firmaron una declaración conjunta que eleva el nivel de ambición en materia de gobernanza digital: incluye un llamado explícito a fortalecer los centros de transparencia algorítmica como herramienta de supervisión sobre las grandes plataformas, al tiempo que reafirma el multilateralismo como único marco posible para enfrentar los desafíos que atraviesan las democracias en todo el mundo.
La declaración adoptada en Barcelona reconoce que la desinformación, la manipulación de los ecosistemas informativos y el uso irresponsable de las tecnologías digitales constituyen amenazas concretas para los procesos democráticos y la cohesión social. El documento también advierte sobre la creciente concentración de poder e influencia en la economía digital —incluyendo el desarrollo de inteligencia artificial— y llama a proteger los derechos en línea de los ciudadanos.
En ese marco, los países firmantes asumen el compromiso de reforzar la cooperación internacional para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática en el ámbito digital, con el lanzamiento de una Mesa Redonda sobre Democracia Digital orientada al intercambio de experiencias regulatorias entre Estados.
El texto subraya además la importancia de garantizar medios de comunicación libres, independientes y pluralistas y de sostener la viabilidad económica del periodismo como condición estructural de la democracia. En esa línea, la declaración respalda iniciativas internacionales que promueven la integridad de la información y combaten la desinformación, incluidas las impulsadas en el seno del sistema de Naciones Unidas, como la Iniciativa Mundial de la ONU y la Unesco para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático.
Más allá de la dimensión digital, la declaración de Barcelona aborda un conjunto de problemas estructurales que, según el texto, alimentan el retroceso democrático. El documento señala que la desigualdad persistente, la exclusión social, económica y política y la falta de oportunidades crean terreno fértil para el extremismo y la polarización. Por eso, los firmantes se comprometen a promover políticas públicas inclusivas, justicia social, igualdad de género y participación juvenil como pilares de la resiliencia democrática
En materia institucional, la declaración llama a reformar las Naciones Unidas —en particular el Consejo de Seguridad— para hacerlo más representativo y eficaz, y destaca que en ochenta años el cargo de secretario general nunca fue ocupado por una mujer. También se pronuncia por un sistema tributario justo y progresivo, respalda la Coalición para Gravar a los Superricos y advierte que la delincuencia organizada constituye una amenaza perniciosa para la gobernanza democrática al alimentar corrupción, violencia y radicalización.
A los impulsores iniciales —la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, el Reino de España y la República Oriental del Uruguay (Chile ya no participa luego del cambio de gobierno)— se suman la República de Albania, la República Federal de Alemania, Australia, la República de Austria, Barbados, la República de Botsuana, la República de Cabo Verde, la República Eslovaca, la República de Ghana, la República de Guatemala, la República de Lituania, los Estados Unidos Mexicanos, la República de Namibia, el Reino de Noruega, el Estado de Palestina, la República Dominicana, la República de Sudáfrica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Una iniciativa que nació como preocupación compartida en la Asamblea General de 2024, se consolidó en Santiago de Chile en julio de 2025 y llega a Barcelona con veintidós países firmantes —frente a los cinco iniciales— tiene ahora en Nueva York su próxima cita, en septiembre, al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El crecimiento en número de adherentes no es un dato menor: refleja que la defensa activa de la democracia como proyecto político colectivo está ganando terreno frente a la resignación o la indiferencia. Ahora, estos avances generan una lógica expectativa en cuanto a que los compromisos asumidos en las declaraciones logren traducirse en políticas concretas capaces de frenar el avance de las fuerzas que erosionan las instituciones desde adentro y desde afuera.
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México aplica reserva del 10 % del espectro de FM para radios comunitarias, indígenas y afromexicanas
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México publicó la modificación del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026, en la que establece la reserva del 10% de la banda de FM (88 a 108 MHz) para estaciones de radio comunitarias, indígenas y afromexicanas.
Lo dispuesto por la CRT —órgano desconcentrado que opera en el marco de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— ya estaba reconocido en parte en la derogada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. La novedad radica en que, a partir de la reforma aprobada en 2025, se amplía su alcance para incluir a las radios afromexicanas y, con este acuerdo, se busca garantizar su aplicación efectiva.
El acuerdo también dispone que podrán otorgarse concesiones para estaciones de radio AM comunitarias, indígenas y afromexicanas, en la banda ampliada del espectro.
El esquema combina dos mecanismos diferenciados: mientras las concesiones comerciales se otorgan mediante licitación pública, las de uso social —como las comunitarias, indígenas y afromexicanas— se asignan de forma directa.
Es relevante resaltar que a fines de 2025, la CRT abrió instancias de diálogo con concesionarios y actores interesados para elaborar nuevos lineamientos sobre concesiones de uso social, buscando facilitar el acceso al espectro para comunidades indígenas y afromexicanas, en reconocimiento de su derecho a gestionar sus propios medios de comunicación.
Fuente: Observacom
