Amnistía Internacional alertó a la CIDH por el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina
En el marco de la semana en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), Amnistía Internacional envió una actualización de información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a sus relatorías competentes para advertir sobre el deterioro sostenido del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país.
En la presentación, dirigida al presidente de la CIDH y relator para Argentina, Edgar Stuardo Ralón Orellana; al relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal; al relator de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, José Luis Caballero Ochoa, así como a la relatora especial sobre la Libertad de opinión y de expresión, Irene Kahn, y el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor de las Naciones Unidas, la organización alertó sobre tres ejes principales: el hostigamiento y las agresiones contra periodistas; el uso de herramientas judiciales para criminalizar voces críticas; y las restricciones al acceso de la prensa a la Casa Rosada.
«Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento», señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se consolidó un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, y campañas de hostigamiento amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales. Esta preocupación ya había sido planteada por Amnistía Internacional en comunicaciones anteriores a la CIDH sobre el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión en Argentina.
El escrito también recoge antecedentes recientes vinculados con la situación de periodistas mujeres, quienes han sido objeto de ataques particularmente violentos, descalificaciones personales y mensajes que refuerzan narrativas criminalizantes. Amnistía Internacional advirtió que estas prácticas tienen un impacto diferencial y pueden profundizar la autocensura, el temor y las condiciones de desigualdad en el ejercicio del periodismo.
Judicialización de voces críticas
La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública —conocidas como Slapps— que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.
La presentación destaca como antecedente relevante la decisión judicial que confirmó la desestimación de la denuncia por calumnias e injurias impulsada por Javier Milei contra el periodista Ari Lijalad. Según el escrito, el fallo constituye un avance para la libertad de expresión, al reafirmar que no corresponde utilizar el derecho penal para perseguir opiniones periodísticas sobre asuntos de interés público ni para proteger el honor de funcionarios públicos frente a críticas vinculadas con su actuación.
«Es fundamental que el Poder Judicial actúe de manera temprana frente a este tipo de acciones. La mera existencia de un proceso penal contra periodistas puede operar como castigo y desalentar la investigación, la crítica y la difusión de información de interés público», agregó Mariela Belski.
Restricciones al acceso a Casa Rosada
Amnistía Internacional también alertó sobre las restricciones al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. En particular, señaló el cierre de la sala de periodistas y la deshabilitación del sistema biométrico de acceso para corresponsales nacionales e internacionales, luego de la denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de imágenes grabadas en pasillos de la Casa de Gobierno.
Para la organización, la medida resulta desproporcionada, generalizada y restrictiva del derecho de la sociedad a recibir información pública. Además, se inscribe en una tendencia más amplia de reducción del espacio institucional para la prensa, que ya había sido advertida por Amnistía Internacional en relación con la remoción arbitraria de acreditaciones y el anuncio de nuevas reglas de acceso a la Casa Rosada.
Amnistía Internacional recordó que la libertad de expresión no protege únicamente el derecho de periodistas y medios a informar, sino también el derecho de toda la sociedad a buscar, recibir y difundir información. En esa línea, la organización reiteró que el Estado debe abstenerse de utilizar discursos criminalizantes, herramientas judiciales o mecanismos administrativos para limitar el trabajo periodístico.
Pedido a la CIDH
Frente a este escenario, Amnistía Internacional solicitó a la CIDH y a sus relatorías que consideren exhortar al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos y mensajes criminalizantes contra periodistas y medios de comunicación.
La organización también pidió que se elaboren mecanismos y recomendaciones específicas para contrarrestar las prácticas estatales de estigmatización y desacreditación del periodismo, y que se evalúe la posibilidad de realizar una misión a Argentina para monitorear la situación de la libertad de expresión en el país.
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POR ESFERA REDACCIÓN | Slapp es el acrónimo en inglés para Strategic Lawsuits Against Public Participation (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública). Se trata de demandas judiciales (normalmente civiles por «daños y perjuicios», «honor» o «difamación») que no se presentan con el objetivo real de ganar un juicio o buscar justicia, sino para silenciar, intimidar y agotar económicamente a quien ejerce una crítica o una investigación. Básicamente, es el «matonismo judicial» llevado a los tribunales para frenar el escrutinio público.
Suelen ser interpuestas por corporaciones poderosas, políticos o figuras públicas contra periodistas, medios independientes, organizaciones no gubernamentales o activistas.
Estas acciones exigen indemnizaciones exageradas que el demandado no puede pagar, buscando que este se rinda o cierre su medio por miedo a la quiebra.
El objetivo es que el demandado gaste años de su vida y dinero en abogados y trámites, distrayéndolo de su labor de investigación. De esta manera se busca el Chillig effect (Efecto de «enfriamiento); es decir, que otros periodistas, al ver lo que le pasa a su colega, decidan no investigar temas similares por temor a ser demandados.
A raíz de que muchos países y organizaciones internacionales (como la Unión Europea o redes de libertad de prensa en América Latina) están impulsando leyes anti-Slapp el tema se fue ganando espacio en los medios. Estas leyes permiten que los jueces desestimen rápidamente una demanda si detectan que es abusiva o que solo busca coartar la libertad de expresión, protegiendo así el derecho de la ciudadanía a estar informada.
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