Democracias condicionadas. Riesgos y oportunidades en un cambio del orden mundial
«Para que la política recupere su capacidad de auditar y de fijar reglas a la voracidad inagotable del capital financiero y su única ratio, la reproducción y maximización de su tasa de ganancia, las fuerzas sociales, políticas y sindicales cuya proa está puesta en la construcción de sociedades más autónomas e igualitarias, debemos asumir que son necesarias decisiones estratégicas, a partir de un gran coraje y un irrenunciable talante revolucionario capaz de volver a enamorar y a esperanzar a las grandes mayorías populares», dice Carlos Raimundi en su prólogo, que aquí transcribimos, al libro Democracias condicionadas de Daniel Cargía Delgado y Alejandro Casalis.
En este año 2023 se cumplen en la Argentina cuarenta años de continuidad institucional, no de democracia plena. Esto no significa disminuir su valor, pero sí ponerlos en su lugar. Las experiencias vividas en la Argentina y en América Latina muestran que la diferencia entre un Estado terrorista y un Estado constitucional es la misma que entre la vida y la muerte. Un calificado dirigente, que estuvo detenido en la última dictadura, y también durante el macrismo, me señaló que en aquel momento cuando un guardia los sacaba del calabozo era para no volver. Ahora, los guardias lo llamaban para acudir a la visita de un compañero. Tan simple y tan fundamental como eso.
Crisis muy profundas como la de 1989 y la de 2001 se resolvieron por la vía institucional, con aplicación de la ley y continuidad de la vida política y parlamentaria. Por mucho menos que eso, hubo golpes de Estado, por ejemplo, en 1962 y 1966. La legalidad del parlamento, los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, las libertades públicas y las garantías procesales desaparecían. Esta diferencia tampoco es menor.
Pero, desde el punto de vista social, de la democracia como igualdad, inclusión y desarrollo humano, indicadores fundamentales como la pobreza, la desocupación y el endeudamiento externo, crecieron exponencialmente entre 1983 y 2003. Y también entre 2016 y 2019. Es decir, con plena vigencia de la estabilidad institucional.
Esto quiere decir, simplemente, que el cumplimiento de la fase procedimental de la democracia no alcanza por sí misma para decir que vivimos en una democracia plena. Y este es uno de los mensajes más importantes que creo interpretar de este libro de Daniel García Delgado y Alejandro Casalis.
Lo dicho ocurre, entre otras cosas, porque el sistema demo-liberal que heredamos de la revolución francesa y que fuera plasmado en el modelo de la Constitución estadounidense para salvaguardar al pueblo de los abusos del poder monárquico (es decir, estatal), hoy resulta extremadamente insuficiente para salvaguardar al pueblo de los abusos del poder de las corporaciones.
Ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en su conferencia de Clacso en 2018 y lo repitió en otros de sus discursos: «Estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no había luz eléctrica. ¿Alguien se sacaría una muela como se sacaban en 1989? Hay que repensar nuevas arquitecturas institucionales que reflejen la nueva estructura de poder».
Los pueblos votan y al mismo tiempo se empobrecen y se endeudan. ¿Esto significa que votan para ser pobres y endeudarse? No. Significa que, así como están, nuestras democracias están sometidas y resultan permeables mucho más a la presión de los poderes fácticos permanentes que a la voluntad popular. Y cuando aparece un gobierno, un liderazgo o una experiencia política que intenta acortar esa abismal distancia entre voluntad popular y decisión política del Estado, la prensa hegemónica —simultáneamente nacional e internacional, porque actúan en cadena— los tilda de populistas, comunistas, autoritarios, corruptos o narcotraficantes, de modo de sumirlos en la ilegitimidad y estimular el rechazo de parte de la población.
Y el poder que representa al capital financiero globalizado les impone sanciones políticas y económicas, como si ese mismo poder -que está sostenido por bases militares, guerras e invasiones y responsable de la catástrofe climática y la obscena concentración de riqueza- pueda erigirse enel modelo de democracia que el resto del mundo y especialmente la región esté obligada a seguir.
La guerra judicial llamada lawfare, ejercicio combinado entre el poder financiero, mediático, judicial y de los servicios de espionaje internacional, es el nuevo sistema que el poder fáctico ha encontrado para hostigar, inhabilitar, proscribir, escarmentar y desacreditar ante la sociedad a los espacios nacional-populares. Se trata de los nuevos golpes blandos que persiguen bajo un formato remozado, los mismos objetivos de dependencia y de ajuste estructural de las dictaduras de corte clásico.
La otra trampa intelectual empleada por la colonización hegemónica del saber y del poder es la excusa de la alternancia. Los mandatos limitados de la política serían, de este modo, la garantía para que los gobernantes no se sientan tentados por la corrupción debido a la prolongación de sus gobiernos. Al imponer límites temporales a los mandatos de las autoridades políticas, nuestras constituciones serían supuestamente «más republicanas». Pero, en los hechos, no están haciendo otra cosa que debilitar a la política mediante su rotación permanente, frente a la perennidad y a la falta de escrutinio popular de los mandatos corporativos. Es decir, bajo la excusa de combatir la corrupción de la política, se allana el camino de la corrupción privada. Pero, eso sí, con el consentimiento del pueblo que ha sido previamente persuadido de los presuntos beneficios del sistema.
Para que la democracia sea verdadera y la república retome su verdadera sustancia que es la protección de las cosas públicas, los bienes, los derechos universales y el patrimonio colectivo, ningún estatuto y ningún otro sujeto pueden tener preeminencia para dar inicio y poner fin a los mandatos gubernamentales, por sobre la voluntad popular.
En definitiva, sin renegar de los mecanismos de la democracia representativa, de lo que se trata es de complementarla con nuevos mecanismos de democracia participativa y nuevas formas de ejercicio del poder popular.
En Europa y en América se está comprobando el avance de las derechas más radicalizadas, con tintes fuertemente racistas, homofóbicos e híper-individualistas. El impacto de las nuevas tecnologías y el persistente proceso de fragmentación de nuestras sociedades ayudan ostensiblemente al respecto. El creciente desencanto respecto de las instituciones políticas vigentes también. Sin embargo, habría que pensar en qué medida es responsable de ello la falta de respuesta de los gobiernos progresistas a las aspiraciones y a las expectativas de los sectores más plebeyos de nuestras sociedades.
En varios países de nuestra región, como el Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y la Argentina, los pueblos han manifestado en las calles su hartazgo respecto de las políticas de ajuste neoliberal. Y, en consecuencia, han votado por quienes le ofrecían ser una alternativa. Por lo tanto, quienes representamos a esas alternativas que nos obligamos a brindarles a sus vidas las herramientas de progreso, no cumplimos con ese compromiso. Y dejamos el espacio abierto para que cunda aquella insatisfacción social y se incline por las salidas individuales y las salvaciones mesiánicas. Las cuales, a la luz de la correlación de fuerzas existentes, quedarán a merced de las grandes corporaciones privadas del capital trasnacional.
Para que la política recupere su capacidad de auditar y de fijar reglas a la voracidad inagotable del capital financiero y su única ratio, la reproducción y maximización de su tasa de ganancia, las fuerzas sociales, políticas y sindicales cuya proa está puesta en la construcción de sociedades más autónomas e igualitarias, debemos asumir que son necesarias decisiones estratégicas, a partir de un gran coraje y un irrenunciable talante revolucionario capaz de volver a enamorar y a esperanzar a las grandes mayorías populares.
Daniel García Delgado y Alejandro Casalis hacen un aporte mayúsculo con esta obra. Pero más aún con su tarea cotidiana, con su inquebrantable voluntad de ampliar los horizontes del conocimiento —desde una perspectiva crítica, situada, descolonizadora y liberadora— de cientos y cientos de jóvenes.
Daniel García Delgado
Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y licenciado en Sociología por la Universidad del Salvador. Actualmente, es investigador principal del Conicet, con sede en la Flacso (Argentina), donde se desempeña como director del Área de Estudios y Políticas Públicas, director de la Maestría en Políticas Públicas y de diversos diplomas de posgrado. También es director de la revista Estado y Políticas Públicas. Ha publicado numerosos artículos y varios libros en torno a la problemática del Estado en Argentina y el neoliberalismo.
Alejandro Casalis
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Políticas Sociales por Flacso Argentina y doctorando en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Es docente, investigador y Coordinador Técnico del Área Estado y Políticas Públicas de Flacso, donde se desempeña además como secretario académico de la Maestría Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social y como coordinador académico del Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social. Ha participado de investigaciones y ha escrito artículos sobre temas vinculados con el desarrollo local y territorial, la economía social y las políticas públicas.
