POR MARCELO VALENTE | Un documento de seis organizaciones ambientales analiza las narrativas y desmonta las falacias que el Gobierno nacional y las corporaciones mineras repiten en medios y declaraciones públicas para justificar una reforma que no tiene evidencia o sustento empírico en los datos, y que, según centenares de juristas, viola la Constitución nacional.
POR ALFREDO MORENO | La guerra en Oriente Medio ya no se libra solo en el terreno militar: se desplaza hacia la «nube». Irán amplía la noción de «objetivo legítimo» y coloca a las grandes tecnológicas en el centro del conflicto, con riesgos inéditos para trabajadores, infraestructura y capital global.
POR ALFREDO MORENO | Los ataques de Irán con drones contra centros de datos de Amazon Web Services en Medio Oriente introducen una dimensión inédita en los conflictos contemporáneos: la infraestructura digital global como objetivo militar. Lo ocurrido a comienzos de marzo pone en cuestión la supuesta invulnerabilidad de la «nube» y abre interrogantes sobre la relación entre plataformas tecnológicas, inteligencia militar y disputas geopolíticas.
POR ENRIQUE DANS | Esta nota trata sobre la externalización silenciosa de decisiones públicas a sistemas tecnológicos desarrollados y operados por proveedores privados. No solo se refiere a la digitalización administrativa, sino a algo más profundo: lo qué ocurre cuando becas, subsidios, inspecciones, evaluaciones de riesgo o asignaciones de recursos dependen de modelos algorítmicos cuya lógica real no es plenamente auditable ni comprensible por quienes, en teoría, deben rendir cuentas ante la ciudadanía.
POR ALFREDO MORENO | La inteligencia artificial ya opera en el corazón de la ciberseguridad y la toma de decisiones militares. El acuerdo entre Anthropic y el Pentágono, y su integración con Palantir, lo evidencia. Pero cuando el Departamento de Guerra de Estados Unidos exigió el uso irrestricto de Claude —incluso en armas autónomas y vigilancia masiva—, Anthropic se negó. La tensión resultante revela que el debate para fijar límites al uso de la IA no es tecnológico y debe darse en el ámbito de lo política; es decir, en el marco de la institucionalidad democratica.
POR EDUARDO GARRIDO MERCHÁN | De Linux a Som Energia: cinco pruebas de que otro modelo tecnológico es posible, viable y escalable. Solo falta que lo sepamos
POR ALFREDO MORENO | La cancelación de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Gabriel Boric que impulsan un cable submarino con China en el Pacífico sur expuso algo más profundo que una disputa diplomática de Washington con Chile: el fondo del océano es hoy un territorio estratégico donde se juega la seguridad, la economía y la soberanía digital del siglo XXI.
POR ENRIQUE DANS | En el Tribunal Superior de Los Ángeles, ante la jueza Carolyn B. Kuhl, Mark Zuckerberg no enfrenta solo demandas por daños a adolescentes. Lo que se examina, con documentos internos y testimonios bajo juramento, es la lógica misma de un modelo de negocio que optimiza la atención, monetiza la conducta y convierte las vulnerabilidades psicológicas en ventaja competitiva.
POR ALFREDO MORENO | En la cumbre sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi, los CEO de las grandes tecnológicas y jefes de Estado discuten mucho más que innovación: debaten quién controla el stack de la IA y cómo evitar que el futuro digital quede bajo el dominio exclusivo de los gigantes tecnológicos. Entre la soberanía imposible y la dependencia total, emerge una propuesta: un no alineamiento abierto, colaborativo y estratégico.
POR ALFREDO MORENO | Europa empieza a desconectarse del chantaje tecnológico de Estados Unidos. Entendió que la neutralidad tecnológica no existe. Cada contrato con una big tech de Silicon Valley configura un marco legal, político y geoestratégico con beneficio para Estados Unidos que convalida la dependencia en materia de infraestructura crítica. Esta situación debería llamar la atención del sur global, ya que su administración pública y políticas en general se encuentran en situación similar o más crítica. Tal el caso de Argentina.
POR ENRIQUE DANS | La discusión sobre el acceso de menores a las redes sociales suele reducirse a la educación o a la salud mental, pero el problema es más profundo y estructural. Frente a plataformas diseñadas para explotar datos, manipular la atención y maximizar la polarización, la prohibición a menores de dieciséis años aparece como un primer paso necesario —aunque insuficiente— para proteger a los más vulnerables y, sobre todo, para empezar a interpelar un modelo de negocio que opera desde hace demasiado tiempo al margen del Estado de derecho.
