Un Nobel para la justicia internacional, sanciones contra la Corte Penal Internacional
El Nobel de la Paz a Navanethem Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), tuvo como contracara una nueva ofensiva de Washington contra el tribunal. Las sanciones de Trump reabren el debate sobre la independencia de la justicia internacional y la capacidad de los Estados para protegerla.
IDEAS CLAVE
- Un reconocimiento a la justicia internacional. La trayectoria de Navi Pillay reúne décadas de trabajo en tribunales internacionales y organismos de derechos humanos.
- Washington endurece las sanciones. El gobierno de Trump busca restringir los recursos y la capacidad de actuación de la Corte Penal Internacional.
- Gaza, en el centro de la disputa. Las medidas estadounidenses se inscriben en el rechazo a las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.
- Europa enfrenta una prueba concreta. Las declaraciones de apoyo deberán traducirse en medidas capaces de proteger la independencia y el funcionamiento del tribunal.
Según la crónica, Pillay fue distinguida el viernes 9 de octubre para garantizar que se enjuicien los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Ciertamente, su trayectoria condensa buena parte de la historia reciente del derecho internacional: fue jueza de la CPI, presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Hoy sigue siendo jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia.
Poco después del anuncio, el gobierno de Donald Trump respondió con nuevas sanciones contra la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, las encuadró en una campaña para desmantelar el tribunal «poco a poco».
La lógica de Washington
En un video difundido en redes, Rubio sostuvo que «expertos globalistas» quieren que la Corte procese a agentes de la patrulla fronteriza y a líderes electos de su país. Anunció que se prohibirán las transacciones con el tribunal para cortarle recursos y paralizar su capacidad de actuar. Según el funcionario, ambos partidos coinciden en el rechazo a la Corte, pero solo Trump tiene la determinación de actuar.
El argumento choca con los antecedentes. Estados Unidos nunca fue parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte con sede en La Haya, y desde 2002 una ley federal —la llamada Ley de Invasión de La Haya— faculta al presidente a impedir que la CPI detenga a personal estadounidense o aliado. El tribunal investigó presuntos crímenes de ciudadanos de ese país, pero jamás procesó a ninguno.
El nervio de la disputa, de acuerdo con el análisis, está en Gaza. Trump y Rubio sancionan a la Corte desde el regreso del presidente al poder, indignados por las órdenes de arresto de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Netanyahu celebró las medidas del viernes. La ofensiva israelí dejó más de 74.000 palestinos muertos y fue ampliamente denunciada como genocidio, incluso por una comisión de la ONU que presidió la propia Pillay.
Además de formar parte de dicha comisión y de la Corte Penal Internacional (CPI), ha sido jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Actualmente, sigue siendo jueza ad hoc de la CPI.
El Nobel que Trump quería
La noticia tuvo además un trasfondo personal: Trump reclamaba el premio desde hacía años, mientras amenazaba con invadir países y bombardeaba más naciones que cualquier otro presidente estadounidense en este siglo, Irán incluido. Esta vez no respondió de manera directa. Compartió en Truth Social un mensaje del abogado David Schoen, que tildaba a Pillay de detractora de Estados Unidos e Israel. Schoen propuso, además, que el premio fuera para Trump por los Acuerdos de Abraham y sus gestiones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde Pakistán, el primer ministro Shehbaz Sharif recordó que su país propuso al presidente por su papel en el alto el fuego con India.
El antecedente es conocido en la región: a comienzos de año, tras la operación militar estadounidense en la que fueron apresados Nicolás Maduro y Cilia Flores, María Corina Machado le regaló su Nobel 2025 a Trump. Pillay, ante los aplausos del viernes, bromeó: si aplauden un poco más, tal vez comparta el premio con él.
Las reacciones: ¿quién protege a la Corte?
Alexis Deswaef, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, vio en el premio un recordatorio de que la justicia es esencial para la paz. Agnès Callamard, de Amnistía Internacional, celebró la distinción y escribió desde Núremberg, donde hace ochenta años jueces y abogados estadounidenses ayudaron a juzgar a la cúpula nazi: calificó la decisión de Trump como una «traición» y reclamó a Europa órdenes de bloqueo inmediatas.
Isabelle Hayslip, de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWN), recordó que la Unión Europea cuenta con una ley de bloqueo y advirtió que los bancos europeos están cada día más cerca de abandonar el tribunal por temor a Washington. Su organización pidió investigar a Trump y Rubio por obstrucción a la justicia, delito que el Estatuto de Roma tipifica, y ya había demandado en julio ante un tribunal estadounidense por la Orden Ejecutiva 14203. Omar Shakir, su director ejecutivo, fue más lejos: sancionar a toda la Corte es «un golpe demoledor» al avance más importante en justicia internacional en medio siglo, que amenaza con cerrar la última vía viable para víctimas de Gaza, Sudán, Afganistán y Ucrania.
La Comisión Europea calificó las sanciones de «profundamente lamentables» y se comprometió a preservar la independencia de la Corte junto a sus 125 Estados parte. Señaló, además, que existe un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, por lo que hay margen para el diálogo, y se declaró dispuesta a tomar las medidas necesarias para proteger también a los operadores de la UE en el mercado único. La CPI las condenó como «un ataque al estado de derecho»; su presidenta, Tomoko Akane, prometió que seguirá cumpliendo su mandato.
Una pregunta abierta
Esos seis meses son la ventana en la que se verá si las declaraciones de apoyo se traducen en protección efectiva. Un tribunal sin ejército ni policía depende de los Estados que lo crearon, de los bancos que le prestan servicios y de la voluntad política de quienes dicen defenderlo. ¿Qué queda del derecho internacional si la mayor potencia puede aislar financieramente a quien juzga crímenes de guerra? Y, desde América Latina, ¿qué corresponde exigirle a un orden que invoca la ley cuando se aplica a otros y la desconoce cuando se aplica a sí mismo?
Fuente: Commos Dreams
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