Soberanía digital y bienes públicos: una agenda estratégica para el sur global
La disputa por la soberanía ya no se libra únicamente sobre territorios, recursos naturales o mercados. En un mundo atravesado por los datos, la inteligencia artificial y las plataformas digitales, la capacidad de controlar infraestructuras tecnológicas estratégicas se convirtió en una condición decisiva para el desarrollo económico, la democracia y la autonomía política. El desafío para los países del sur global consiste en transformar esa dependencia en una agenda de innovación, reindustrialización y construcción de bienes públicos digitales.
El concepto de soberanía volvió al centro del debate internacional a medida que se erosionan los acuerdos surgidos de la posguerra, se debilitan los organismos multilaterales y se profundiza un escenario geopolítico cada vez más multipolar. En este contexto, la discusión ya no se limita al control territorial o a la autonomía económica: también abarca la capacidad de los Estados para gobernar sus recursos estratégicos, sus datos y las infraestructuras tecnológicas sobre las que se organiza la vida social.
Tras décadas de predominio de políticas neoliberales que favorecieron mercados cada vez más concentrados frente a Estados debilitados, comenzó a consolidarse una reacción orientada a recuperar capacidades públicas. La financiarización de la economía, el aumento de las desigualdades, las crisis sanitarias, los flujos migratorios y la emergencia climática pusieron en evidencia los límites de un modelo basado exclusivamente en la lógica del mercado.
En ese marco, autores como la economista Mariana Mazzucato proponen un nuevo pacto entre Estado y sector privado que permita maximizar el valor público y orientar la innovación hacia objetivos colectivos. La idea de un Estado emprendedor vuelve así a cobrar relevancia como herramienta para impulsar el desarrollo productivo y tecnológico.
La pandemia de Covid-19 reforzó este contrapunto al exponer la fragilidad de la soberanía sanitaria. El acceso desigual a las vacunas, la dependencia de insumos médicos producidos en pocos países y las restricciones derivadas de los regímenes de propiedad intelectual y un almacenamiento de datos en destinos desconocidos dejaron en evidencia la vulnerabilidad de gran parte del Sur Global.
Las investigadoras en sistemas de información y comunicación Lívia Gouvêa y Sônia Fleury muestran en el documento Um caminho para a soberania digital brasileira que, en el caso de Brasil, esta experiencia impulsó políticas de reindustrialización como el programa Nova Indústria Brasil y el fortalecimiento del Complejo Económico-Industrial de la Salud.
Ambas iniciativas buscan articular desarrollo tecnológico, producción industrial, empleo calificado y abastecimiento del sistema público de salud, reduciendo al mismo tiempo la dependencia externa. Sin embargo, su éxito depende de que estos proyectos respondan al interés público y cuenten con mecanismos efectivos de control democrático. La defensa de la soberanía frente a las presiones externas también adquirió una dimensión geopolítica más visible. La posición adoptada por el gobierno de Lula frente a los intentos de imponer aranceles unilaterales a productos brasileños mostró hasta qué punto la autonomía nacional vuelve a ser un tema central en las relaciones internacionales, afirman las autoras.
Recursos estratégicos y soberanía tecnológica
La discusión sobre la soberanía involucra hoy dos cuestiones decisivas: el control de los recursos minerales estratégicos y la gobernanza de los datos. Brasil al igual que la Argentina, poseen una de las mayores reservas mundiales de tierras raras, insumos indispensables para la producción de tecnologías avanzadas. Esa condición abre dos caminos posibles: consolidarse como mero exportador de materias primas o desarrollar capacidades industriales y tecnológicas capaces de agregar valor a toda la cadena productiva.
El mismo dilema se presenta en el terreno digital. La dependencia de infraestructuras tecnológicas extranjeras y las dificultades para regular a las grandes plataformas reducen el margen de autonomía estatal. La soberanía contemporánea exige tanto capacidad regulatoria como desarrollo científico y tecnológico propio e integrado.
Por eso resulta necesario ampliar el concepto tradicional de soberanía. Ya no alcanza con identificarla exclusivamente con el poder del Estado. La soberanía implica también la capacidad de construir una nación democrática e inclusiva, donde la ciudadanía participe tanto de la vida política como de la distribución de la riqueza generada colectivamente.
Esta perspectiva cobra especial relevancia frente al avance de liderazgos que, aunque surgen de procesos electorales, identifican a la nación con una sola parte de la sociedad. Frente a esas tendencias, la recuperación de capacidades estatales debe estar orientada a fortalecer la democracia, regular el capital y promover bienes comunes que contrarresten la creciente mercantilización de la vida social.
La infraestructura digital como condición de la soberanía
La soberanía digital dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en una condición material de la soberanía política. Los sistemas de salud, educación, seguridad, administración pública y comunicación dependen cada vez más de infraestructuras digitales. En consecuencia, la pregunta por quién controla los servidores, las nubes de almacenamiento, los algoritmos o las redes de transmisión se vuelve una cuestión estratégica.
La concentración global de estas infraestructuras en manos de un reducido grupo de corporaciones dio lugar a lo que Nick Couldry y diversos investigadores denominan «colonialismo de datos»: una nueva etapa de extracción de valor basada en la captura, procesamiento y monetización de información generada por individuos, organizaciones y Estados.
Cuando datos sensibles de salud, educación, jurídicos, seguridad o defensa son almacenados en infraestructuras sujetas a jurisdicciones extranjeras, no solo se externaliza un servicio tecnológico. También se cede capacidad de decisión sobre información estratégica y se limita el desarrollo de capacidades nacionales de inteligencia computacional.
Las consecuencias son concretas. La aplicación extraterritorial de normas, la dependencia de servicios de nube controlados desde otros países o la opacidad de los algoritmos que organizan la circulación de información constituyen nuevas formas de vulnerabilidad soberana.
Sin embargo, la construcción de soberanía digital no puede quedar exclusivamente en manos de especialistas. Requiere una ciudadanía consciente de que la infraestructura digital es un bien común y capaz de exigir políticas tecnológicas subordinadas al interés colectivo.
El potencial de los bienes públicos digitales
Existe una alternativa que no depende exclusivamente de la capacidad de fabricar hardware ni de la coerción regulatoria: la construcción de bienes públicos digitales. Se trata de software de código abierto, datos abiertos, modelos abiertos de inteligencia artificial (el stack de la IA) y estándares tecnológicos accesibles y reutilizables por otros actores públicos.
La lógica es similar a la que permitió convertir ciertas innovaciones sanitarias en patrimonio colectivo. Del mismo modo que las vacunas fueron concebidas como herramientas para garantizar derechos universales, las infraestructuras digitales críticas pueden pensarse como bienes comunes indispensables para la vida democrática.
Las autoras de Um caminho para a Soberania Digital Brasileira subrayan que Brasil cuenta con experiencias destacadas en este terreno. El sistema de pagos instantáneos Pix se consolidó como una referencia internacional al ampliar la inclusión financiera y reducir costos de intermediación. Del mismo modo, la plataforma Gov.br, el CadÚnico, la Red Nacional de Datos en Salud y el sistema de votación electrónica constituyen ejemplos de infraestructura digital pública desarrollada bajo conducción estatal.
La principal diferencia entre estas herramientas y las plataformas privadas no es solamente técnica. Las infraestructuras públicas pueden estar sujetas al escrutinio democrático, ser auditadas y adaptadas a necesidades colectivas.
Europa avanza en esa dirección mediante iniciativas destinadas a fortalecer infraestructuras digitales abiertas y reducir la dependencia tecnológica; incluso países altamente desarrollados consideran que la dependencia de software propietario constituye un riesgo estratégico. Para el sur global, cuya posición es más vulnerable, los incentivos para construir una trayectoria propia son todavía mayores.
La cuestión adquiere una importancia adicional con el avance de la inteligencia artificial. Hoy, un puñado de empresas estadounidenses y chinas concentra los modelos más avanzados, la capacidad de procesamiento y los datos necesarios para entrenarlos. Adoptar estas tecnologías sin estudiar las posibilidades que brinda el análisis del stack o pila de la IA para desarrollar alternativas propias implica delegar criterios técnicos, sesgos y mecanismos de decisión que pueden terminar influyendo sobre políticas públicas fundamentales.
Naturalmente, los bienes públicos digitales no resuelven por sí solos todos los problemas. No sustituyen la necesidad de una política industrial robusta, ni eliminan la dependencia en materia de semiconductores o componentes críticos. Tampoco están exentos del riesgo de captura por intereses privados. Pero ofrecen una vía realista para ampliar márgenes de autonomía y fortalecer la cooperación entre países del sur global.
Una estrategia de Estado
La soberanía digital debe ser asumida como una política de Estado. Esto exige articular los instrumentos existentes dentro de una estrategia nacional convergente con una integración del sur global capaz de integrar reindustrialización, desarrollo tecnológico, protección de datos, inteligencia artificial e infraestructura digital.
La sustitución gradual de soluciones propietarias críticas por alternativas abiertas, el fortalecimiento de capacidades técnicas locales y la expansión de bienes públicos digitales pueden convertirse en pilares de una trayectoria de desarrollo más autónoma y comunitaria.
El desafío para el sur global consiste en vincular soberanía, democracia y tecnología dentro de un mismo proyecto histórico. La dependencia digital no es un destino inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que pueden ser revisadas. La construcción de alternativas propias no garantiza una autonomía absoluta, pero sí abre la posibilidad de reducir vulnerabilidades, ampliar capacidades nacionales y poner la innovación tecnológica al servicio de la inclusión y el desarrollo democrático.
Alfredo Moreno
Computador Científico. Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).
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