Niñez y entornos digitales: reclaman al Congreso una ley que obligue a las plataformas a asumir responsabilidades
Más de trescientas organizaciones y referentes de la Argentina y América Latina impulsan una regulación integral para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en Internet. La campaña propone diez puntos para prevenir riesgos, proteger los datos personales, transparentar los algoritmos y establecer controles y sanciones para las plataformas.
IDEAS CLAVE
- Más de trescientas organizaciones impulsan una ley nacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
- La responsabilidad no puede recaer solo en las familias y las escuelas: las plataformas también deben responder por los entornos que diseñan y los datos que recopilan.
- Diez puntos de consenso plantean prevención de riesgos, protección de datos, seguridad desde el diseño, transparencia algorítmica, control estatal y sanciones.
- La campaña busca llevar la propuesta al Congreso durante 2026 y sumar la participación de niñas, niños y adolescentes en el debate.
Bajo el lema «Está hecha la trampa, pero no la ley», la Campaña Nacional para la Protección y Ejercicio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales reclama al Congreso una regulación integral que establezca responsabilidades concretas para las plataformas y permita avanzar durante 2026 en un marco legal para la protección de derechos en Internet.
Más de trescientas organizaciones y referentes de Argentina y América Latina se sumaron a la iniciativa, que reúne a representantes de la sociedad civil y especialistas vinculados con los derechos de la niñez, los derechos digitales, la educación, la salud y la protección de datos. También participan Defensorías de la Niñez y Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El punto de partida de la campaña es una constatación: los riesgos que enfrentan chicas y chicos en Internet no pueden ser abordados únicamente desde las familias o las escuelas. Las plataformas también tienen responsabilidades sobre los entornos que diseñan, los datos que recopilan y los sistemas que utilizan para recomendar, seleccionar y amplificar contenidos.
«Los daños que hoy enfrentan las chicas y chicos en los entornos digitales no son accidentes: son consecuencias previsibles de modelos de negocio diseñados para maximizar la captación de atención, la dependencia y la extracción de datos personales. Argentina no tiene hoy una regulación integral que obligue a las plataformas a proteger estos derechos.»
«Está hecha la trampa, pero no la ley» es la frase elegida por los organizadores para señalar el vacío regulatorio que, según plantean, persiste frente a una realidad que ya forma parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Por eso, la campaña propone diez puntos mínimos para una futura legislación que garantice una protección efectiva de sus derechos.
1. Prevenir los riesgos. Las plataformas deberían identificar y reducir los posibles daños antes de que ocurran, en lugar de limitarse a actuar cuando el problema ya se produjo.
2. Seguridad desde el diseño. La privacidad y la protección de niñas, niños y adolescentes deberían estar incorporadas desde el inicio en los productos y servicios digitales, y no depender exclusivamente de las decisiones de cada usuario.
3. Verificación de edad segura. Se plantea la necesidad de contar con mecanismos efectivos para determinar la edad de quienes utilizan los servicios, sin que esas herramientas generen nuevas formas de vigilancia o exposición de datos personales.
4. Protección de datos. Los datos de chicos y chicas no deberían utilizarse para elaborar perfiles comerciales ni para dirigirles publicidad personalizada.
5. Algoritmos transparentes. Las plataformas deberían explicar de qué manera sus sistemas recomiendan, seleccionan y amplifican contenidos, especialmente cuando esas decisiones pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.
6. Control estatal. Los servicios digitales deberían evaluar su impacto sobre los derechos de la niñez y la adolescencia y estar sujetos a mecanismos efectivos de fiscalización.
7. Políticas públicas. La regulación debería estar acompañada por políticas que fortalezcan la educación digital, la salud, la prevención y el acompañamiento a las familias.
8. Participación. Chicas y chicos deberían ser escuchados en las decisiones que los afectan y tener un espacio para expresar sus experiencias, preocupaciones y propuestas sobre los entornos digitales que habitan.
9. Sanciones efectivas. El cumplimiento de las obligaciones debería estar acompañado por controles y consecuencias concretas para las empresas que las incumplan.
10. Educación digital integral. El Estado debería garantizar herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse en Internet de manera segura, crítica, creativa y autónoma.
Llevar el consenso al Congreso
Con estos diez puntos como base, las organizaciones que integran la campaña ya desarrollan una agenda de incidencia legislativa con distintos espacios políticos. Mantienen reuniones y participan de actividades informativas junto con diputados y senadores para acercar el consenso al debate parlamentario, con el objetivo de que se avance en una ley que incorpore estas propuestas en ambas cámaras antes del cierre del período ordinario.
La estrategia no se limita al Congreso. La campaña busca ampliar su alcance hacia el público general para promover el debate social y fortalecer el compromiso comunitario con la protección de derechos en los entornos digitales. También impulsa un espacio específico de participación juvenil destinado a que chicas y chicos puedan compartir sus opiniones, propuestas y preocupaciones sobre el mundo digital y contribuir a la construcción de la iniciativa.
La convocatoria está abierta a nuevas organizaciones, instituciones y personas interesadas en sumarse y adherir a los diez puntos del consenso completando el formulario de adhesión.
La discusión sobre cómo proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet ya no puede quedar circunscripta a las familias, las escuelas o las propias plataformas. Para la campaña, el desafío es convertir esa preocupación en reglas concretas, responsabilidades verificables y políticas públicas capaces de acompañar una realidad digital que ya forma parte de la vida cotidiana.
Para más información y adhesiones: www.protecciondigitalya.org
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