Brasil: Coalición Derechos en la Red analizó experiencias internacionales sobre regulación de plataformas digitales
La Coalición de Derechos en la Red de Brasil (CDR) realizó una investigación de leyes de 71 países y bloques regionales relacionadas con la regulación de plataformas digitales, e identificó buenas prácticas, destacando la necesidad de medidas de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos, debido proceso y transparencia de los gigantes de Internet.
La CDR, que nuclea a más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos digitales, realizó una investigación que ahondó en 104 normativas de 71 países y bloques regionales sobre regulación de plataformas digitales de contenido, buscando identificar experiencias y buenas prácticas que sirvan para impulsar su trabajo en Brasil. El informe fue elaborado por la investigadora de la CDR, Maria Paulo Russo Riva.
Con estos insumos, la CDR sostiene que se busca contribuir al desarrollo de una iniciativa regulatoria sobre las plataformas digitales en Brasil, que sea «efectiva y alineada con la protección de los derechos humanos y fundamentales de los usuarios y la promoción de la democracia y la justicia social».
El informe señala que experiencias regulatorias como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, demuestran que las plataformas ya están sujetas a regulaciones en otras partes, y «no hay razón para que dejen de estarlo aquí». «Este texto contribuye al debate público sobre el tema y reitera la urgencia de aprobar esta norma en Brasil», agrega.
No obstante, la investigación advierte que no todas las iniciativas estudiadas apuntan a regulaciones democráticas. En algunos casos incurren en “problemas” como «la criminalización de prácticas de desinformación, la provisión de medidas vigilantes o la concesión de poderes excesivos a plataformas».
Recomendaciones
El documento de la CDR señala que diversas legislaciones, así como organismos internacionales, defienden que se adopten marcos regulatorios alineados con varios principios, dentro de los cuales se encuentran los principios de: libertad de expresión, derecho a la información, no discriminación, derecho a la privacidad, debido proceso legal y transparencia.
La investigación también destaca que diversos proyectos o marcos normativos exigen a las plataformas medidas de transparencia con respecto a facilitar datos de su funcionamiento para investigadores, incluyendo al sistema publicitario, «como medida fundamental para los estudios que se realicen sobre sus métricas, la circulación del discurso, y los impactos sobre la libertad de expresión».
Por otro lado, sostiene que establecer obligaciones —de evaluar y mitigar riesgos sistémicos— hacia las plataformas, son «una forma más favorable y segura de proteger los derechos de los usuarios, ya que buscan resolver cuestiones estructurales y mitigar riesgos potenciales de los servicios, no limitados a temas de contenido específicos».
A su vez, en referencia a medidas de «debido proceso», el documento señala que es necesario que la legislación exija a las plataformas digitales que notifiquen al usuario cuando se le imponen sanciones por contenidos irregulares, expliquen qué normas internas se infringieron y ofrezcan medios para recurrir las decisiones.
Con respecto a las obligaciones de las plataformas, se menciona el concepto de «deber de cuidado» que la investigación encontró en varias de las legislaciones analizadas. Esto es, que las plataformas deben tomar acciones —necesarias y razonables— para prevenir daños en los contenidos publicados. No obstante, se advierte «los riesgos de imponer a las plataformas una obligación de eliminación excesiva», aunque «las mejores prácticas regulatorias apuntan a la necesidad de que las plataformas digitales sean consideradas hasta cierto punto responsables de espacios públicos que crearon», aseguran.
En términos de responsabilidad por infracciones en los espacios de Internet, la investigación afirma que tres normas —una de ellas es la Digital Services Act de la Unión Europea, que alcanza a una treintena de países— «no prevén delitos en especie por la difusión de noticias falsas». El informe advierte que diversos organismos internacionales y regionales, e incluso organizaciones de la sociedad civil advierten sobre las implicaciones nocivas de esta práctica para la libertad de prensa», pero que no es conveniente «incluir la vía penal» en este sentido.
Sobre las instituciones reguladoras, el informe de la CDR asevera que si bien algunos países crean una agencia específica para este cometido —o le atribuyen la función a una ya existente— lo fundamental es que el organismo cuente con «capacidad técnica y autonomía financiera e independencia de los intereses públicos y privados para garantizar la viabilidad y eficacia de la norma».
El documento de la coalición destaca el trabajo realizado en torno a la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet -PL 2630/2020-, asegurando que fue fruto de numerosos aportes y debates. No obstante, «el lobby del sector empresarial y la resistencia de ciertos sectores de la extrema derecha han bloqueado la aprobación del asunto en esta Cámara Legislativa», sostienen.
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