Una aspiración peligrosa desde un presidente

Al definirse Milei como quien va a destruir el Estado, sería útil que algún constitucionalista aclare si esto no entra en contradicción con la ley argentina.

Javier Milei: «Voy a destruir el Estado»

Ante la periodista de The Free Press, compañía de medios norteamericana, el presidente argentino dijo «estar orgulloso de ser el topo dentro del Estado argentino. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar todo tipo de mentiras, calumnias e injurias tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos que son mi hermana, mis perros y mis padres, con tal de destruir el Estado»

Ante esto, pregunto a gobernadores, senadores y diputados que han comprometido su apoyo a la Ley Bases, ¿si creen correcto otorgarle facultades extraordinarias a alguien que piensa así?

Al definirse, como quien va a destruir el Estado, sería útil que algún constitucionalista aclare si esto no entra en contradicción con la ley argentina y si los ciudadanos que no piensan así tienen medios para defender la Constitución, el imperio de la ley y el sistema democrático. Tres valores que, obviamente, corren peligro cuando se quiere destruir el armazón institucional que les da cobijo y que es el Estado nacional.

Creo que es grave. No fue sencillo desde 1983 generar una conciencia popular afín a la defensa constitucional y más aún, incorporar normas legales a ese respecto, que reflejen fuertemente en la cúspide de su pirámide normativa, el imperativo de resguardar el orden constitucional y la vida democrática.

Hay, en la Constitución nacional, declaraciones y palabras que claramente preservan el valor epistemológico que nuestra democracia posee. Esto significa que Argentina, en cuanto a su legalidad asume una posición jurídica ante posibles intentos de restauración autoritaria y como forma válida y regulada de preservar una memoria histórica, a partir de 1983 en que se jerarquiza el valor de la democracia.

Me parece, que más allá de agitar consignas sobre la patria y su venta o de agotarse en calificaciones personales sobre el presidente, debemos tomar esto con más seriedad y actuar en consecuencia. Tampoco se trata, a mi entender, de agitar las dramáticas figuras de la misma Constitución cuando habla de «infames traidores a la Patria».

Es más simple, debemos hacer uso, pacífico y dentro de marcos políticos de todas las herramientas que nos permitan evitar que se destruya el Estado, como lo desea el actual gobierno.

Se me ocurren algunos artículos de nuestra Constitución que están en juego y sería útil que los fiscales de oficio y lo «políticos chaperos» (los que tienen ubicaciones institucionales) lo planteen.

Uno es el artículo 227: «El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional». Y todo da a entender que «destruir» el Estado en el cual esta Constitución rige, la pone en peligro.

Otro es el artículo 226 en su segundo párrafo que, entre otras causas penales, describe la intención «de cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal y suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente la independencia económica de la Nación» y otorga tanta importancia a este punto que fija para esto penas similares a las del homicidio; o sea de ocho a veinticinco años.

Está el artículo 226 bis: «El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años».

Acá está muy claro que hay amenazas de destrucción del orden jurídico y democrático mediante la demolición del Estado y quien lo hace tiene la idoneidad que plantea el artículo, como agravante.

Hay otro artículo, el 21 que es más drástico, y que quede claro no creo que haya que tomarlo literalmente, pero si en su concepto y dice que: «Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución…» Bueno, no debe ser en armas de fuego, pero entendamos que se deben utilizar las armas de la legalidad y la política en defensa de esta Constitución, amenazada por alguien idóneo por su cargo como es el presidente.

Pero usarlas en serio, no seguir recitando consignas insustanciales.

Frente a eso, estamos quienes consideramos al Estado, una entidad histórica, cultural y equilibradora necesaria. Y en virtud de eso, daremos lucha, para que no desaparezca.

Y ahí tenemos dos polos que, en virtud de su irresponsable declaración de guerra al Estado, van a enfrentarse.

Sería bueno que cada argentina/o defina en qué lado va a estar. Si con la destrucción o en contra.

Díganlo hoy todos los políticos que están lucrando con oportunismo y carencia de ética ciudadana. O los que esperan miserablemente que este gobierno decaiga en su ponderación social para luego ser críticos. Esos son los peores. Dan asco.

Luego será tarde y estarán en el banquillo de los acusados cuando este intento de demoler nuestra principal organización social fracase.

Es hoy.

Diputado nacional (MC) por Río Negro. Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática (2003/07). Excoordinador general del Consejo Argentino de Televisión Digital (2009 / 2015). Director de Propuesta para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual (Pirca)


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