La soberanía informativa está en riesgo
Un estudio de Juan Ortiz-Freuler, de la Universidad del Sur de California, publicado en el International Journal of Communication, propone ampliar la pregunta tradicional de la economía política de los medios. Ya no se trata solamente de saber quién es dueño de un medio de comunicación, sino quién controla la infraestructura digital sobre la que ese medio publica, distribuye y monetiza sus contenidos. Su conclusión: buena parte de lo que permite que una noticia llegue a su lector depende de empresas sujetas a la ley de Estados Unidos. Freuler también advierte sobre los riesgos comerciales y geopolíticos de esta dependencia.
IDEAS CLAVE
- La pregunta por el poder mediático cambió de lugar. Ya no alcanza con saber quién es dueño de un medio: también hay que identificar quién controla la infraestructura tecnológica que permite publicar, distribuir y monetizar sus contenidos.
- La infraestructura digital está atravesada por puntos de control. Servidores, redes de distribución, gestores de contenidos, buscadores, plataformas publicitarias y sistemas de pago pueden convertirse en posiciones desde las cuales empresas externas condicionan el funcionamiento de un medio.
- Google y Meta concentran una parte estratégica de la relación entre medios y audiencias. Los buscadores y las redes sociales son intermediarios decisivos para acceder al público, mientras sus cambios algorítmicos y modelos de negocio pueden afectar el tráfico y los ingresos periodísticos.
- La dependencia tecnológica también es una cuestión geopolítica. Según el estudio de Ortiz-Freuler, entre el 50 % y el 100 % de los proveedores analizados dependen de jurisdicciones estadounidenses, según la capa tecnológica. Eso expone a los medios latinoamericanos a decisiones regulatorias, comerciales o de política exterior tomadas fuera de la región.
- El riesgo comercial y el riesgo geopolítico se superponen. Una misma empresa puede ser simultáneamente proveedor indispensable, competidor comercial y actor sometido a una jurisdicción extranjera. Por eso, reducir una dependencia no necesariamente elimina la vulnerabilidad si esta reaparece en otra capa de la infraestructura.
- La soberanía digital no implica aislamiento, sino diversificación. El estudio propone identificar las dependencias críticas, ampliar la diversidad de proveedores y evitar que una sola empresa o jurisdicción pueda interrumpir por sí sola la circulación de información. La autonomía periodística también se juega, entonces, en la arquitectura tecnológica.
El planteo puede entenderse a partir de un episodio ocurrido en 2021. Ese año, el gobierno de Estados Unidos ordenó a Verisign, una compañía estadounidense que administra dominios de Internet, incautar los sitios de medios iraníes terminados en .com, .net y .tv. No fue necesario ingresar en una redacción ni intervenir un servidor local: alcanzó con una orden dirigida a un proveedor situado en un punto estratégico de la cadena tecnológica. Según el relevamiento que sustenta el estudio, realizado en 2024, esa misma empresa prestaba servicios a Montevideo Portal, uno de los medios uruguayos incluidos en la investigación.
El episodio es apenas un caso, pero condensa la tesis de Ortiz-Freuler: quien controla las capas invisibles de la publicación digital puede condicionar lo que un medio consigue publicar y, también, quién consigue recibirlo.
Cambiar la pregunta
Durante décadas, la economía política de la comunicación latinoamericana concentró su atención en la propiedad: quién posee los diarios, las radios, los canales de televisión o las grandes empresas periodísticas. Ortiz-Freuler propone desplazar la mirada hacia abajo, hacia la arquitectura tecnológica que permite que esos medios funcionen.
Un sitio de noticias no es, desde esta perspectiva, una unidad tecnológica autónoma. Es un ensamblaje de servicios operados por terceros: servidores, redes de distribución, sistemas de nombres, certificados de seguridad, gestores de contenidos, plataformas publicitarias y sistemas de pago. Cada uno de esos componentes puede convertirse en un «punto de control», una posición desde la cual un actor tiene capacidad para interrumpir, limitar o condicionar el flujo de información.
El concepto no equivale necesariamente a un monopolio. Un actor puede ocupar una posición dominante sin utilizarla si cambiar de proveedor resulta sencillo y barato. Del mismo modo, puede existir una palanca de control incluso allí donde no hay un mercado convencional. Por eso el autor prefiere hablar de «control» antes que de «captura»: se trata de una relación dinámica y graduada, que puede variar según la capa tecnológica y las posibilidades reales de sustitución.
La propuesta amplía así la idea de captura de los medios hacia la de «captura del entorno mediático». El poder de las grandes tecnológicas no depende únicamente de que sean propietarias de empresas periodísticas. También puede surgir de su capacidad para moldear las condiciones materiales en las que el periodismo produce, distribuye y financia sus contenidos.
El telón de fondo es una doble concentración. Mientras el negocio periodístico tradicional se redujo drásticamente —el estudio recuerda que en Estados Unidos los ingresos y la circulación de los diarios cayeron más de 60 % en las últimas décadas, acompañados por una pérdida similar de empleos—, las distintas capas de Internet fueron concentrándose en un número cada vez menor de empresas. Tres compañías estadounidenses, señala la investigación, controlan aproximadamente dos tercios de la nube global, mientras buena parte del tráfico internacional de América Latina se conecta con Estados Unidos y Canadá.
Once eslabones para seguir una noticia
Para observar esa dependencia, Ortiz-Freuler construyó una base de más de cuatrocientos datos sobre dieciocho medios de seis países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay. La muestra incluyó medios como Infobae, La Nación y Clarín, seleccionados por su prominencia con el aporte de dos expertos regionales.
El estudio examinó once elementos de la infraestructura digital, organizados en tres grandes capas. La primera corresponde al alcance: de dónde proviene el tráfico que permite que una noticia llegue a sus lectores. La segunda comprende la infraestructura básica de Internet: redes de distribución de contenidos, servidores de nombres, certificados de seguridad y registro de dominios. La tercera reúne componentes propios del funcionamiento de un sitio periodístico, como el hosting, los gestores de contenidos, los sistemas de pago y las plataformas de publicidad.
El resultado no se presenta como una clasificación de medios o países, sino como una serie de cortes transversales sobre el recorrido que va del periodista al público. Y esos cortes convergen en un diagnóstico: existen puntos de control efectivos en distintos lugares de la cadena.
Por dónde llega el lector
El primer punto aparece en el alcance. Los medios analizados dependen de intermediarios para más de la mitad de su audiencia. Los buscadores representan aproximadamente el 44 % del tráfico, una proporción similar a la del acceso directo, mientras que las redes sociales aportan una porción menor.
Ese tramo está fuertemente concentrado. Google reúne entre el 88 % y el 96 % de las búsquedas en la región, mientras Meta domina el segmento de las redes sociales mediante Facebook e Instagram.
Para Ortiz-Freuler, aquí aparece uno de los principales riesgos comerciales. Google y Meta no son simples intermediarios neutrales que derivan lectores hacia los medios: sus modelos de negocio dependen también de la publicidad y, por lo tanto, compiten por una parte de los mismos recursos de los que dependen las empresas periodísticas.
La relación se vuelve todavía más compleja con los cambios tecnológicos. Los resúmenes producidos por buscadores y, más recientemente, por sistemas de inteligencia artificial pueden retener al usuario dentro de la plataforma y reducir los clics hacia las noticias originales. Y existen antecedentes de que modificaciones algorítmicas pueden producir efectos concretos: cuando Facebook modificó su algoritmo en 2018, algunos medios registraron pérdidas de hasta veinte puntos porcentuales en su tráfico. Y en España, la decisión de Google de retirar medios locales de su aplicación de noticias provocó en algunos casos caídas de audiencia de alrededor del 30 %.
La dependencia, entonces, no consiste únicamente en que una empresa tecnológica tenga una gran cuota de mercado. Consiste en que una decisión tomada fuera de la redacción puede alterar de manera significativa la capacidad de un medio para encontrar a sus lectores.
La jurisdicción como palanca
Por debajo del alcance aparece otra dimensión del problema: la jurisdicción. En buena parte de la infraestructura básica de Internet —certificados, servidores de nombres y redes de distribución de contenidos— predominan empresas estadounidenses o, en menor medida, compañías de países aliados como Reino Unido y Canadá. Los gestores de contenidos, piezas particularmente difíciles de sustituir, también se encuentran mayoritariamente bajo jurisdicción estadounidense. El más utilizado entre los medios de la muestra, Arc XP, pertenece a Amazon, la empresa fundada por Jeff Bezos.
La publicidad constituye un caso todavía más concentrado: depende casi por completo de firmas estadounidenses. En el ámbito de los pagos, tres de cada cuatro empresas utilizadas por los medios analizados operan bajo jurisdicción estadounidense o de sus aliados más cercanos.
La relevancia de esa concentración no es solamente teórica. Además del caso de Verisign, el autor recuerda que en 2019 Amazon Web Services bloqueó a usuarios iraníes tras nuevas sanciones y que, luego de la invasión rusa de Ucrania, Meta, Alphabet y Twitter desmonetizaron medios rusos, mientras Visa y Mastercard suspendían sus servicios.
El estudio señala que las designaciones vinculadas con sanciones estadounidenses crecieron 933 % desde el año 2000. En conjunto, la dependencia de proveedores sujetos a la legislación estadounidense oscila entre el 50 % y el 100 %, según la capa tecnológica analizada.
El autor introduce, sin embargo, una precisión importante: estos datos no constituyen una predicción de futuros bloqueos o apagones. El estudio identifica un riesgo plausible derivado de la estructura de dependencia, no un hecho inevitable.
Dos riesgos dentro de una misma cadena
Uno de los aportes más significativos del trabajo es mostrar que los riesgos comercial y geopolítico no funcionan por separado. Pueden superponerse en una misma infraestructura.
Google Ad Manager ofrece un ejemplo claro. Es el principal servidor de anuncios para casi todos los medios de la muestra. Representa una dependencia comercial porque su propietario compite por el mismo mercado publicitario del que viven los medios, pero también una dependencia jurisdiccional porque esa actividad queda bajo legislación estadounidense.
Algo similar ocurre con las redes de distribución de contenidos. En este caso existe una mayor diversidad de proveedores y muchos medios trabajan con más de uno. Pero una interrupción en un punto crítico puede dejar fuera de servicio a un sitio cuyo tráfico exceda ampliamente la capacidad de su propia infraestructura.
La consecuencia es que el poder puede desplazarse de una capa a otra. Reducir la dependencia de Google o Meta no necesariamente elimina la vulnerabilidad si el medio continúa dependiendo de proveedores sujetos a una misma jurisdicción en otros puntos de la cadena.
La autonomía, por lo tanto, no se juega en una única empresa ni en una única tecnología. Se juega en la arquitectura completa.
Una discusión de medio siglo
Ortiz-Freuler inscribe esta problemática en una discusión que tiene más de medio siglo. Desde la década de 1970, el Movimiento de Países No Alineados y posteriormente el informe MacBride de la Unesco, publicado en 1980, impulsaron el debate sobre un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación.
Aquellas discusiones cuestionaban las desigualdades en la producción y circulación internacional de información y sostenían que las estructuras de comunicación no eran neutrales. El derecho a informar y a recibir información dependía también de quién controlaba los medios técnicos necesarios para hacerlo.
La tecnología cambió radicalmente desde entonces. La discusión ya no pasa principalmente por las agencias internacionales de noticias o las redes de radiodifusión, sino por la nube, los buscadores, las plataformas publicitarias, las redes de distribución y los sistemas de pago.
Pero el interrogante reaparece con otra forma: ¿puede existir autonomía comunicacional cuando las infraestructuras que hacen posible la comunicación dependen de actores externos?
En ese sentido, el estudio cuestiona también la idea de que Internet constituye un territorio completamente nuevo, separado de las relaciones de poder que caracterizaron a los medios tradicionales. La tecnología modifica las formas del poder, pero no necesariamente elimina sus asimetrías.
Diversificar para reducir la dependencia
La respuesta propuesta por Ortiz-Freuler no es la búsqueda de una autonomía infraestructural absoluta. El autor reconoce que, al menos en el corto plazo, resulta inviable que los medios latinoamericanos prescindan por completo de proveedores tecnológicos globales.
Su propuesta apunta entonces a diversificar el riesgo: evitar que una sola empresa o una sola jurisdicción tenga capacidad suficiente para interrumpir, por sí sola, la circulación de información. Esto supone que los gobiernos de la región identifiquen y monitoreen las dependencias tecnológicas existentes en sectores críticos para la democracia, entre ellos los medios de comunicación.
La soberanía digital aparece así menos como autosuficiencia que como capacidad de reducir vulnerabilidades. Diversificar proveedores, evitar puntos únicos de control y fortalecer capacidades tecnológicas regionales serían, desde esta perspectiva, formas de ampliar el margen de autonomía.
El planteo también recupera, aunque con cautela, la tradición del no alineamiento como posible espacio de coordinación para países que enfrentan dependencias similares, en un escenario donde Estados Unidos mantiene una posición central en la infraestructura digital y China amplía su oferta tecnológica y su peso económico en la región.
Una advertencia y sus propios límites
El estudio reconoce sus limitaciones. La muestra de dieciocho medios grandes constituye una fotografía estática de una infraestructura que cambia rápidamente. Existen datos faltantes en algunas categorías, como el hosting, y quedaron fuera componentes relevantes, entre ellos las tiendas de aplicaciones, que también pueden funcionar como puntos de control.
Por eso, Ortiz-Freuler propone complementar este primer mapa con mediciones longitudinales y entrevistas a los equipos técnicos de las redacciones. El objetivo sería observar cómo evolucionan las dependencias y cuánto margen efectivo tiene cada medio para sustituir a un proveedor cuando aparece una amenaza.
Pero incluso con esas limitaciones, la investigación consigue desplazar el foco de una discusión demasiado conocida. La concentración mediática ya no puede observarse únicamente mirando quién posee las empresas que producen las noticias. También es necesario mirar quién administra los servidores donde se almacenan, las redes por las que circulan, los buscadores que las hacen visibles, los algoritmos que determinan parte de su alcance, las plataformas que venden su publicidad y los sistemas que procesan el dinero de sus audiencias.
La pregunta por el poder en los medios digitales, en definitiva, no termina en la puerta de una redacción. La infraestructura también comunica. Y saber quién la controla empieza a ser una condición para comprender hasta dónde llega la autonomía del periodismo.
Acceder al contenido completo de la investigación Soberanía informativa: El riesgo comercial y geopolítico de la dependencia de las redacciones de infraestructuras de terceros en América Latina de Juan Ortiz-Freuler publicada por International Journal of Communication bajo la licencia de CC—BY 4.0
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