Neoliberalismo y meritocracia: el relato para legitimar la desigualdad y fragmentar la sociedad en la Argentina

Mario Krieger

Doctor en Administración de la UBA y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la USAL Posgrados en las universidades de Illinois y Columbia. Director de las Especializaciones en Dirección de Proyectos y en Gestión Pública y de la maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental de la Facultad de Ciencias Económicas FCE de la UBA.

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IDEAS CLAVE

1. La meritocracia convierte la desigualdad estructural en una cuestión de mérito personal. El discurso del esfuerzo desplaza las causas sociales de la desigualdad y las transforma en juicios sobre el carácter: el «planero», el «vago» o quien «vive del Estado» aparecen como responsables de su propia situación.

2. El origen funciona como una ventaja invisible que condiciona toda trayectoria. Apellido, barrio, escuela, contactos, vivienda heredada y acceso a moneda extranjera conforman una «prima de origen» que opera antes de cualquier competencia. En particular, la vivienda profundiza las diferencias entre quienes heredaron un patrimonio y quienes deben destinar buena parte de sus ingresos a alquilar.

3. La fragmentación social también se expresa en el territorio. Countries y barrios cerrados, por un lado, y villas y asentamientos, por otro, son dos formas de enclave producidas por el mismo proceso de segregación. Entre ambos desaparece el barrio mixto, ese espacio cotidiano de encuentro entre sectores sociales que históricamente contribuyó a la integración argentina.

4. La pérdida de instituciones y experiencias compartidas erosiona la idea de una sociedad común. Escuela pública y privada, hospital y prepaga, transporte público y automóvil, plaza y club cerrado construyen circuitos cada vez más separados. Cuando cada sector habita un país diferente, también se vuelve más difícil discutir colectivamente qué entendemos por justicia y bienestar.

Este artículo parte de una hipótesis. El neoliberalismo argentino contemporáneo no se agota en un programa de estabilización, apertura comercial y ajuste fiscal. Es, sobre todo, un orden moral que redistribuye legitimidad social. La meritocracia es su lenguaje. La ciudad fragmentada es su forma espacial. La desintegración social es su resultado previsible.

En los Estados Unidos, la convergencia entre neoliberalismo y jerarquía social encuentra en la raza su gramática privilegiada. En la Argentina esa gramática es otra, aunque cumple una función similar. La clasificación no se enuncia en términos raciales explícitos. Se enuncia en términos de esfuerzo, de trabajo registrado, de contribución fiscal y de conducta. El efecto es el mismo. Amplios sectores quedan situados fuera del pacto de reconocimiento, no por lo que son, sino por lo que supuestamente no hicieron.

La clase como raza

La sociedad argentina construyó históricamente sus jerarquías sobre una operación de clasificación que mezcla origen, migración interna y color de piel sin nombrarla del todo. El insulto de mediados del siglo XX, cabecita negra, condensaba esa operación. Nombraba una posición de clase con un resto fenotípico y territorial. El neoliberalismo no eliminó esa clasificación. Le ofreció un vocabulario nuevo, presentable y aparentemente neutro.

Las categorías que hoy organizan la exclusión son económicas y morales. El «planero», el ñoqui, el vago, el que vive del Estado, el que no quiere trabajar. Ninguna de ellas menciona el origen ni el color. Todas los evocan. La ventaja discursiva es evidente. Permiten sostener una jerarquía sin asumir el costo de defenderla abiertamente. Quien las usa puede declararse ajeno a cualquier prejuicio, porque cree estar describiendo conductas y no personas.

Este desplazamiento tiene una consecuencia política precisa. La desigualdad deja de ser un problema estructural y pasa a ser un problema de carácter. La pobreza se explica por la falta de disciplina, por la ausencia de cultura del trabajo o por la dependencia de la asistencia estatal. La estadística y el mercado reemplazan al insulto como mecanismos de exclusión.

La prima de origen

Proponemos la noción de prima de origen para nombrar el rendimiento diferencial que produce el punto de partida en una sociedad que se declara meritocrática. La prima de origen es el conjunto de activos que una persona recibe antes de competir. El apellido, el barrio, el colegio, la red de contactos, el idioma extranjero, la vivienda heredada y la capacidad de acceder a moneda extranjera.

Ninguno de esos activos aparece en el relato del esfuerzo. Todos operan sobre el resultado. La prima de origen no se declara, se descuenta. Funciona como una tasa que capitaliza silenciosamente el punto de partida y que se cobra durante toda la trayectoria.

En la Argentina, el activo decisivo es la vivienda. La ausencia casi total de crédito hipotecario de largo plazo convirtió al ladrillo en reserva de valor para quien ya tenía capital y en gasto perpetuo para quien no lo tenía. Dos personas con el mismo ingreso, la misma formación y la misma jornada laboral tienen destinos patrimoniales opuestos según hayan heredado o no un techo. El mérito no explica esa diferencia. La oculta.

La expresión más visible de la prima de origen es el código postal. La dirección funciona como calificación crediticia informal, como filtro laboral y como certificado de respetabilidad. Se pregunta de dónde viene alguien para saber cuánto vale su palabra.

El problema central

El problema central radica en la dificultad para explicar la convergencia entre meritocracia y desigualdad sin reducirla a hipocresía individual o a simple propaganda. No se trata de un engaño deliberado. Se trata de un régimen de legitimación que combina mercado, familia y esfuerzo bajo un mismo horizonte normativo.

La particularidad argentina agrega una capa de complejidad. El país construyó su identidad sobre el relato de la movilidad social ascendente. Ese relato tenía una base material verificable. La escuela pública, el hospital público, la universidad gratuita, el sindicato, el empleo registrado y el crédito para la vivienda produjeron durante décadas ascensos reales en una sola generación.

El discurso meritocrático contemporáneo recicla esa memoria y la vacía. Invoca el esfuerzo de los abuelos y desfinancia las instituciones que hicieron posible ese esfuerzo. El mérito, que había sido una experiencia colectiva sostenida por bienes públicos, se convierte en una hazaña individual que se ejerce contra esos mismos bienes. Ahí reside la inversión más eficaz del período. El resultado de una política pública se presenta como prueba de que la política pública era innecesaria.

La ciudad como máquina de clasificación

La desigualdad argentina se volvió legible en el espacio. El suelo urbano dejó de ser soporte de la vida en común para transformarse en activo financiero. La ciudad ya no se organiza alrededor del trabajo ni del encuentro. Se organiza alrededor del valor de la tierra.

Puerto Madero es el caso testigo. Una operación de valorización inmobiliaria conducida por el Estado produjo un barrio de altísima renta sobre terrenos públicos, en una ciudad con déficit habitacional creciente. La lógica se repitió después con otros nombres. Palermo, Villa Crespo, Chacarita y Colegiales atravesaron ciclos de renovación, encarecimiento y reemplazo de población. San Telmo, La Boca y Barracas fueron descubiertos por el capital como patrimonio, es decir, como oportunidad. Nueva Córdoba y el centro rosarino recorrieron trayectos análogos.

La gentrificación argentina tiene un rasgo propio. No la impulsa solamente el consumo cultural de los sectores jóvenes acomodados. La impulsa la dolarización del suelo. En una economía sin crédito y con moneda inestable, el inmueble es el refugio del ahorro. El alquiler temporario, orientado al turismo y a los ingresos en divisa, terminó de desacoplar el precio de la vivienda del salario local.

El efecto es una expulsión silenciosa. Nadie es desalojado por decreto. Los inquilinos simplemente dejan de poder renovar. Se mudan lejos, viajan durante horas y pierden el barrio, la escuela cercana y la red de cuidados que sostenía su vida cotidiana. La ciudad no expulsa con violencia visible. Expulsa con precios.

Los nuevos guetos

El sentido común asocia el gueto con la pobreza encerrada. La configuración urbana argentina obliga a corregir esa imagen. El gueto contemporáneo tiene dos caras y ambas son productos del mismo proceso.

En un extremo están los countries y los barrios cerrados de Pilar, Tigre, Escobar y Canning. Son enclaves con seguridad privada, reglamento interno, servicios propios y control de acceso. Constituyen una forma de autosegregación voluntaria de los sectores altos y medios altos. Nordelta es su expresión más acabada. Una ciudad privada con escuelas, comercios, clubes y administración propia, separada por un límite físico de los barrios populares que le proveen la mano de obra doméstica, gastronómica y de la construcción. El muro no interrumpe la dependencia. La organiza y la vuelve invisible.

En el otro extremo están las villas y los asentamientos. Allí el Estado llega de manera intermitente, la infraestructura es precaria, la tenencia de la tierra es irregular y el precio del agua, de la electricidad y del alquiler informal suele superar al de la ciudad formal. La pobreza cuesta cara. El registro nacional de barrios populares reconoce miles de conjuntos en esa condición, distribuidos en todo el país.

Ambos extremos comparten una estructura. Son enclaves. Tienen reglas propias, sistemas de seguridad propios y relaciones de excepción con el Estado. La diferencia decisiva es que uno se encierra para conservar y el otro es encerrado para ser administrado.

Lo que desaparece entre ambos es el territorio del encuentro. El barrio mixto, donde el hijo del comerciante, el del empleado público y el del obrero compartían la misma cuadra y la misma escuela, fue el laboratorio histórico de la integración argentina. Su retroceso es el dato urbano más grave de las últimas tres décadas.

Expertos y sentido común

Ningún orden se sostiene solamente con precios. Necesita una infraestructura cognitiva que lo vuelva razonable. Fundaciones, consultoras, centros de estudios, escuelas de negocios y columnistas económicos cumplen esa función. Producen indicadores, informes, proyecciones y diagnósticos que traducen decisiones políticas al lenguaje de la necesidad técnica.

El riesgo país, el clima de negocios, el costo laboral argentino y la presión tributaria funcionan como categorías morales disfrazadas de mediciones. Ordenan quién merece confianza y quién representa una amenaza. La distribución del ingreso se convierte en variable de ajuste, y el conflicto social en externalidad.

El sentido común neoliberal no se impone por coerción. Se impone por repetición experta. Circula del informe a la columna, de la columna al programa de televisión, del programa a la conversación cotidiana. Cuando la injusticia se vuelve técnica, la deliberación política se vuelve superflua. Discutirla parece ignorancia.

El agravio como programa

La adhesión a este orden no se explica solamente por convicción económica. Se explica por afectos. La promesa meritocrática produce, en quienes no reciben lo prometido, una frustración que necesita destinatario.

El discurso antiestatal ofrece ese destinatario. La casta, el ñoqui, el planero, el sindicalista, el piquetero. La operación es notable por su eficacia. Convierte un conflicto vertical, entre quienes concentran riqueza y quienes no la tienen, en un conflicto horizontal, entre trabajadores registrados y no registrados, entre asalariados y beneficiarios de la asistencia, entre quienes están apenas por encima de la línea y quienes están apenas por debajo.

El liderazgo que valida ese agravio no necesita resolver la desigualdad. Necesita nombrarla como culpa ajena. La transgresión verbal y el desprecio por las formas funcionan como certificados de autenticidad. Las plataformas digitales amplifican el mecanismo, porque la economía de la atención premia la indignación por encima del argumento. El resentimiento se volvió rentable.

Este régimen afectivo contiene una contradicción estructural. Promete restitución simbólica sin transformación material. Cuando la restitución no llega, el agravio se profundiza y exige nuevos enemigos. La gobernabilidad pasa a depender de una movilización emocional cada vez más intensa y difícil de sostener.

La desintegración de la experiencia común

La consecuencia más profunda de este proceso no es económica, es social. Lo que se desintegra es la experiencia compartida.

Cada institución que producía un nosotros se desdobló en un circuito para quien puede pagar y otro para quien no. La escuela pública y la privada. El hospital y la prepaga. El colectivo y el automóvil. La plaza y el club cerrado. La policía y la seguridad privada. Cada desdoblamiento es una salida individual razonable. La suma de esas salidas razonables produce un país sin superficie común.

El efecto es acumulativo. Cuando los sectores de mayores ingresos dejan de usar un servicio público, dejan también de interesarse por su calidad. El deterioro se vuelve invisible para quienes tienen capacidad de decisión, y luego se usa como argumento para justificar el desfinanciamiento. La profecía se cumple sola.

Sin experiencia compartida no hay conversación posible sobre lo justo. Las estadísticas dejan de discutirse porque cada sector habita un país distinto y verifica su propia versión de los hechos. La desconfianza recíproca no es un problema de modales públicos. Es el resultado previsible de haber suprimido los espacios donde las clases sociales se veían las caras.

Crisis de legitimidad

El orden que se apoya en el mérito enfrenta un límite propio. Necesita cumplir. Si el esfuerzo no produce ascenso, si el trabajo registrado no garantiza vivienda ni previsibilidad, si la formación universitaria no evita la precariedad, la promesa se agota y el dispositivo queda expuesto.

Ese desajuste entre promesa normativa y experiencia efectiva constituye el núcleo de la crisis de legitimidad contemporánea. No se manifiesta como colapso inmediato. Se manifiesta como desafección, abstención, emigración de jóvenes calificados, informalidad creciente y una violencia difusa que no encuentra cauce político.

En ese punto, el régimen dispone de dos caminos. Redistribuir bienes públicos y reconstruir alguna superficie común, o aumentar la dosis de coerción y de enemigos. La segunda opción resulta barata en el corto plazo y ruinosa en el largo.

Conviene decirlo con claridad. Cuestionar la meritocracia no es negar el esfuerzo. Es negarse a que el esfuerzo funcione como coartada. El mérito, tal como se lo invoca hoy en la Argentina, no describe cómo se distribuyen las posiciones sociales. Las justifica después de repartidas.

Referencias bibliográficas

Fuentes y datos

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Meritocracia y desigualdad

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Neoliberalismo, ciudad y segregación

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