La revuelta estudiantil en Francia: el capitalismo mafioso y la guerra contra la juventud

Henry Giroux

Crítico cultural y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en Estados Unidos. También es conocido por sus estudios culturales y sobre medios de comunicación. Su obra ilustra un número de tradiciones teóricas que se extienden desde Marx hasta Paulo Freire y Zygmunt Bauman. 

***

IDEAS CLAVE

• La crisis educativa es una expresión de la crisis del capitalismo neoliberal. El deterioro de las escuelas, la precarización laboral y el desmantelamiento de las protecciones sociales responden a un modelo que subordina las necesidades humanas a la acumulación de riqueza.

• La juventud se ha convertido en una de las principales víctimas de ese orden. Se la celebra como símbolo del futuro, pero se le niegan las condiciones materiales, educativas y políticas necesarias para construirlo.

• Las reivindicaciones estudiantiles pueden convertirse en una lucha social más amplia. La convergencia entre estudiantes, docentes, familias y sindicatos desafía las divisiones de clase y abre posibilidades de organización colectiva.

• La represión estatal y la criminalización de la protesta protegen el orden establecido. La violencia policial, las detenciones y las sanciones económicas buscan disciplinar a quienes cuestionan las prioridades del poder.

• La revuelta francesa forma parte de una resistencia internacional. Las movilizaciones juveniles en distintos países expresan una indignación compartida frente a la austeridad, la corrupción, la desigualdad y la exclusión política.

• La educación crítica es indispensable para imaginar alternativas. La memoria histórica, la solidaridad y la capacidad de cuestionar la autoridad permiten reconocer las causas estructurales de la injusticia y organizar una acción democrática transformadora.

En Francia, España, India, Bélgica y otras partes del mundo, los jóvenes salen a las calles contra la destrucción de la educación pública, el deterioro de las protecciones sociales, la erosión de los derechos democráticos y las políticas de austeridad. Aunque estas luchas se desarrollan en contextos diferentes, comparten una creciente indignación ante el capitalismo neoliberal, su abandono de la juventud, la concentración de riqueza y poder en las élites gobernantes y la destrucción de las instituciones públicas que sostienen la vida democrática. En Francia, las protestas contra las aulas superpobladas, el deterioro de las escuelas y la escasez de docentes se han convertido en un movimiento nacional que reúne a estudiantes, padres, trabajadores y sindicatos.

La revuelta evoca una larga historia de resistencia estudiantil francesa, desde mayo de 1968 hasta las movilizaciones de 1990, cuando los jóvenes desafiaron a las autoridades políticas y transformaron las reivindicaciones educativas en luchas sociales más amplias. Hoy se enfrentan a una clase política que protege los intereses de las élites financieras, el complejo militar-industrial y el poder corporativo mientras desmantela las instituciones públicas de las que dependen las comunidades trabajadoras y empobrecidas.

La crisis no se limita a las dificultades materiales inmediatas. Expresa el temor de una generación a que el neoliberalismo le haya arrebatado la seguridad económica, la capacidad de acción política y la posibilidad de un futuro prometedor. Las perspectivas laborales se reducen, los empleos son precarios y mal remunerados, el costo de vida resulta cada vez más difícil de afrontar y las infraestructuras públicas se deterioran. Se deshacen así las condiciones de seguridad socioeconómica de las que, en buena medida, disfrutaron sus padres.

Estos temores nacen de un sistema que ha convertido el abandono social, el sufrimiento humano y la precariedad de generaciones enteras en condiciones de su poder económico y político. El neoliberalismo constituye una ofensiva contra el Estado de bienestar: desmantela instituciones públicas, concentra la riqueza y genera condiciones propicias para el autoritarismo y el fascismo. Bajo su dominio, los valores democráticos y las obligaciones sociales quedan subordinados a la privatización, la militarización, el patriarcado, el interés individual y la acumulación de riqueza.

A medida que el neoliberalismo incumple sus promesas de prosperidad y pierde legitimidad, las élites recurren cada vez más al racismo, el ultranacionalismo y la represión para desviar la ira popular y proteger sus privilegios. Los pobres, la clase trabajadora, las mujeres, las personas racializadas, los inmigrantes y, especialmente, los jóvenes soportan las consecuencias de un orden que sacrifica sus vidas y su futuro a las exigencias del capital. Sin embargo, la brutalidad también genera resistencia. Desde América Latina hasta las calles europeas, las luchas populares ponen de manifiesto una crisis creciente de la legitimidad capitalista y abren la posibilidad de cuestionar el futuro de la propia democracia.

El neoliberalismo exalta al individuo autosuficiente y posesivo, reduce la ciudadanía al consumo y la libertad a la búsqueda del beneficio privado. Al presentar lo social como un obstáculo, debilita los lazos cívicos y las responsabilidades colectivas de las que depende la vida democrática. Esta ideología considera que la protección de los trabajadores, la redistribución de la riqueza, los servicios públicos y la lucha contra la injusticia constituyen amenazas a la libertad individual. El poder corporativo queda exento de responsabilidad democrática mientras la población pierde las instituciones y protecciones que hacen posible ejercer sus derechos.

La operación ideológica es especialmente perversa: la solidaridad se presenta como tiranía, la responsabilidad social como una restricción de la libertad y la acumulación privada como su máxima expresión. Milton Friedman condensó esa concepción al afirmar que la única responsabilidad social de las empresas consiste en aumentar sus beneficios. La avaricia corporativa se convierte así en virtud y el sufrimiento humano que produce, en un costo aceptable de los negocios.

El ataque neoliberal también socava las instituciones democráticas, que terminan convertidas en formas vaciadas de su contenido. No se trata únicamente de debilitar las elecciones, las libertades civiles o la independencia judicial. La ofensiva alcanza a la educación pública, la memoria histórica y la capacidad crítica necesarias para reconocer la injusticia y resistir al poder autoritario. Cuando la educación pierde su propósito democrático, la sociedad pierde una de sus defensas fundamentales frente al retorno de políticas fascistas. La destrucción de la conciencia histórica facilita la normalización de las pesadillas del pasado y debilita la resistencia colectiva.

La guerra contra la juventud revela la crueldad de un sistema que destruye las instituciones necesarias para construir vidas dignas y luego castiga a quienes se rebelan contra ese abandono. La juventud ocupa una posición contradictoria bajo el capitalismo global: se la celebra como símbolo del futuro, pero se le cargan los fracasos y temores del presente. A medida que el Estado de bienestar cede terreno ante el Estado punitivo, los recursos destinados a educación, salud, vivienda y seguridad económica se sacrifican en favor de la riqueza corporativa y el poder militar.

Los jóvenes de comunidades obreras y pobres quedan privados de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre sus vidas. Cuando exigen justicia, se enfrentan a la vigilancia, la criminalización y la violencia policial. El sistema les roba el futuro y trata su negativa a aceptar ese destino como una amenaza que debe ser aplastada. La revuelta estudiantil francesa expresa políticamente esta contradicción: los jóvenes desafían a las fuerzas que les han arrebatado seguridad económica, capacidad democrática y derecho a construir su propia vida.

Los estudiantes franceses y la política del abandono

La indignación que recorre las escuelas francesas es consecuencia de años de austeridad, aulas superpobladas, escasez de docentes, edificios deteriorados y recursos insuficientes. La crisis golpea especialmente a los estudiantes de clase trabajadora y a quienes viven en los barrios más desfavorecidos de París, donde las oportunidades educativas se han reducido por el abandono institucional y la desigualdad social. Para estos jóvenes, la destrucción de la educación pública es inseparable del ataque a su dignidad, su seguridad económica y su derecho a un futuro mejor.

Las protestas comenzaron el 21 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry, en un suburbio parisino, cuando los estudiantes se unieron a docentes en huelga para reclamar más personal y recursos. Aunque las autoridades respondieron a algunas demandas inmediatas, el conflicto se había convertido en un movimiento mucho más amplio. Las manifestaciones y los bloqueos se extendieron por Francia y movilizaron a cientos de miles de estudiantes, profesores y sindicalistas. El 6 de octubre, el Ministerio del Interior calculó que unas 256.000 personas se habían manifestado en todo el país, mientras que los organizadores estudiantiles estimaron la participación en 450.000. El 18 de octubre, las cifras publicadas por The Washington Post situaron la concurrencia cerca de las 800.000 personas.

La expansión de las movilizaciones puso al descubierto una indignación acumulada durante años frente a un sistema educativo incapaz de satisfacer las necesidades más elementales. Desde 2008, Francia incorporó aproximadamente 250.000 alumnos de secundaria, pero cuenta ahora con menos docentes que entonces. Más del 70 % de las aulas públicas tienen más de treinta estudiantes, mientras que las ausencias de profesores dejan habitualmente a los alumnos sin clases. Las cifras citadas por Silvana Solano indican que el 9,8 % de las horas lectivas de secundaria no se impartieron durante el curso anterior debido a las ausencias docentes.

Los estudiantes describen goteras, baños averiados, calefacción insuficiente y aulas que durante las olas de calor alcanzan temperaturas de entre 35 y 40 grados. Muchos centros carecen, además, de suficientes enfermeras, trabajadores sociales y personal administrativo. En estas condiciones, la educación pierde su capacidad de ofrecer conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico y preparar a los jóvenes para la participación democrática.

La desigualdad de clase se hace especialmente visible en Seine-Saint-Denis, donde algunos alumnos pueden perder el equivalente a casi un año escolar por la falta de reemplazos para los docentes ausentes. La privación educativa refuerza así las desigualdades que condicionan la vida de los jóvenes antes incluso de que lleguen a las aulas. En lugar de cuestionar los privilegios de clase, la escuela termina contribuyendo a reproducirlos.

Las demandas estudiantiles van más allá de la reparación de los edificios y la contratación de profesores. También cuestionan los horarios agotadores, las presiones psicológicas del sistema de admisión universitaria Parcoursup^[1]Parcoursup es la plataforma web oficial y centralizada del gobierno francés para gestionar la preinscripción y admisión al primer año de estudios de educación superior en Francia. Diseñada … Continue reading y la incertidumbre sobre el futuro educativo y profesional. Reclaman una reasignación de recursos hacia la educación, docentes permanentes y suplentes, más personal sanitario y social, la renovación de los establecimientos, horarios razonables y cambios en el sistema de ingreso universitario. Piden, en definitiva, las condiciones indispensables para aprender y participar en la sociedad que heredarán.

Las prioridades presupuestarias del gobierno revelan la dimensión política de la crisis. Según las cifras citadas en el ensayo, el presupuesto propuesto para 2027 aumentaría el gasto militar en aproximadamente 7.200 millones de dólares, destinaría solo 1.200 millones adicionales a educación y eliminaría 1.588 puestos docentes permanentes. Frente a estas decisiones, los estudiantes levantan una consigna que sintetiza el conflicto: dinero para las escuelas, no para la guerra. El Estado encuentra recursos para la maquinaria militar mientras afirma no poder financiar las aulas y el personal que necesita una generación para construir su futuro.

De las quejas educativas a una revuelta generacional

La lucha contra el deterioro escolar se ha convertido en una protesta más amplia contra las políticas de austeridad del gobierno de Emmanuel Macron y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Los estudiantes que reclaman aulas dignas encuentran una causa común con trabajadores, padres y sindicatos que también padecen la explotación económica, la inseguridad y el abandono político.

Las manifestaciones se extendieron a más de cuarenta ciudades y reunieron a estudiantes de barrios obreros, zonas acomodadas, escuelas prestigiosas y universidades. La participación de padres, profesores y sindicalistas transformó una protesta educativa en un movimiento nacional. Esa solidaridad desafía las divisiones de clase que históricamente han condicionado las oportunidades educativas y vincula la defensa de la escuela pública con una lucha más amplia contra la austeridad.

La intervención del movimiento obrero organizado resulta decisiva. Miembros de los principales sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), se sumaron a las manifestaciones y llegaron a formar líneas de protección entre los jóvenes y la policía. Los sindicatos recuerdan que los estudiantes de hoy serán los trabajadores de mañana y no deberían cargar con las consecuencias de la austeridad. La alianza aporta experiencia organizativa, memoria histórica y vínculos con luchas que trascienden las aulas.

La convergencia entre organizaciones estudiantiles, sindicatos y sectores de la izquierda parlamentaria abre la posibilidad de un movimiento capaz de desafiar las prioridades económicas y políticas del gobierno. A medida que las reivindicaciones incorporan el aumento del costo de vida, el encarecimiento del combustible, los ataques a las prestaciones jubilatorias y el deterioro de los servicios públicos, la revuelta adquiere una dimensión social más amplia.

Francia cuenta con una larga tradición de resistencia estudiantil. Mayo de 1968 contribuyó a desencadenar una huelga nacional, mientras que las movilizaciones de 1990 demostraron la capacidad de los jóvenes para desafiar a la autoridad política. Hoy vuelve a plantearse la posibilidad de una convergencia entre las luchas contra la austeridad, la caída de los salarios, el aumento del costo de vida y el debilitamiento de las protecciones sociales. El recuerdo de los Chalecos Amarillos permanece en la memoria política del gobierno: una alianza entre estudiantes y sindicatos podría transformar la protesta educativa en una confrontación más amplia con el poder capitalista.

Los intereses de clase que sustentan la austeridad resultan evidentes. Las reducciones de impuestos corporativos y de las cotizaciones a la seguridad social introducidas desde 2018 habrían supuesto, según las estimaciones citadas del Tribunal de Cuentas francés, un costo de unos 62.000 millones de euros anuales para las finanzas públicas en 2023. Mientras las empresas y los sectores más ricos se benefician, se endurecen las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, se eleva la edad jubilatoria y se recortan los servicios públicos. Después, el gobierno invoca la necesidad fiscal para exigir nuevos sacrificios a trabajadores, estudiantes y personas de bajos ingresos.

Esto es capitalismo mafioso en acción: el Estado protege la riqueza acumulada y obliga a los sectores más vulnerables a soportar el costo de las políticas económicas. La austeridad no constituye una respuesta inevitable a la escasez, sino una decisión política que distribuye de manera desigual los recursos y los sacrificios.

La revuelta francesa también se conecta con movimientos juveniles de otros países. Las referencias a las protestas de la Generación Z en Nepal, Marruecos y Madagascar expresan el reconocimiento de que la austeridad, la corrupción y la exclusión política trascienden las fronteras nacionales. En Italia, las manifestaciones reunieron a estudiantes, docentes, trabajadores y sindicatos contra la austeridad, el deterioro de la educación pública, la militarización y las políticas de extrema derecha del gobierno de Giorgia Meloni. En Albania, los estudiantes se incorporaron a una protesta más amplia contra la corrupción, la inseguridad económica, el deterioro universitario y el saqueo de los recursos públicos, incluida la oposición a un complejo turístico de lujo respaldado por Jared Kushner e Ivanka Trump.

En ambos países, como en Francia, los movimientos enfrentaron violencia policial. Estas luchas ponen de manifiesto las consecuencias de décadas de políticas neoliberales que transfirieron riqueza y poder a las élites mientras debilitaban el Estado de bienestar y condenaban a millones de personas, en particular jóvenes, a la inseguridad. Su potencial político reside en la solidaridad entre estudiantes, trabajadores y educadores, capaz de convertir la indignación en resistencia organizada.

La represión en India muestra otra dimensión de esta ofensiva. Los jóvenes que denuncian presuntas manipulaciones electorales y la erosión de las libertades democráticas se enfrentan a golpes, detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento y bloqueos del acceso a internet. En Francia, Italia, Albania e India se repite un patrón: los gobiernos tratan a quienes exigen justicia y rendición de cuentas como enemigos del Estado. La violencia policial busca infundir miedo y obediencia, pero no ha conseguido impedir que los jóvenes sigan ocupando las calles y reivindicando su capacidad de acción política.

La fuerza de estas resistencias no surge de la nada. Se alimenta de luchas anteriores, memorias colectivas y tradiciones educativas que enseñan que la injusticia puede ser cuestionada y el poder debe rendir cuentas. En Francia, la historia revolucionaria, la experiencia de 1968 y los debates sobre derechos y ciudadanía forman parte de la cultura política de los estudiantes. La educación puede ofrecerles un lenguaje para comprender la injusticia, cuestionar la autoridad y reconocer la protesta como un derecho democrático.

El conocimiento histórico también contribuye a cultivar la solidaridad y la responsabilidad colectiva, en abierta oposición al individualismo neoliberal. La democracia no puede reducirse a los procedimientos electorales: requiere derechos sociales, rendición de cuentas pública y capacidad colectiva para enfrentar la injusticia. Cuando los estudiantes se organizan y establecen alianzas con trabajadores, docentes y sindicatos, ponen en práctica esas enseñanzas y convierten la educación política en una herramienta de resistencia.

El Estado punitivo y la criminalización de la resistencia juvenil

La respuesta del gobierno francés al levantamiento estudiantil revela la expansión de un Estado represivo. Los jóvenes que reclaman escuelas dignas y un futuro mejor se enfrentan a detenciones masivas, gases lacrimógenos y armas capaces de causar lesiones permanentes. Mientras se desmantela el Estado de bienestar, se fortalece la maquinaria de castigo. Quienes exigen derechos democráticos son tratados como una amenaza al orden público y no como ciudadanos cuyas demandas merecen respuesta.

Las cifras citadas por June Loper y Harrison Stetler, de The Nation, situaban las detenciones cerca de las siete mil a comienzos de octubre; aproximadamente el 87 % de las personas detenidas serían menores de dieciocho años. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró que no había órdenes de contención. Las consecuencias incluyeron fracturas, traumatismos graves, pérdida permanente de visión y mutilaciones. Un adolescente de quince años perdió una mano tras la explosión de una granada policial en Lens, mientras otro quedó ciego de un ojo en Tours.

La violencia policial intensificó la indignación pública. Al mismo tiempo, los actos de saqueo, incendios y vandalismo de grupos más pequeños ofrecieron a sectores de la prensa la oportunidad de desplazar la atención desde las demandas educativas hacia las imágenes del desorden.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza, incluidos estrangulamientos, el lanzamiento de gases lacrimógenos directamente contra manifestantes y el uso extendido de balas de goma. Para el 8 de octubre, las autoridades francesas habían abierto dieciocho investigaciones por presuntas conductas indebidas de agentes policiales. Estos abusos revelan un Estado que subordina los derechos democráticos de los jóvenes a la preservación del poder y utiliza la criminalización para disciplinar a quienes cuestionan el orden establecido.

La represión también expone las dimensiones raciales y de clase del poder policial. En los barrios desfavorecidos, la protesta fue tratada como un disturbio urbano. El sociólogo Arthur Vuattoux describe un proceso de «adultificación»: los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías pierden las protecciones que suelen reconocerse a los niños y son presentados como delincuentes peligrosos que deben ser controlados. El contraste entre la vigilancia policial en distritos obreros como Seine-Saint-Denis y la que recae sobre estudiantes de instituciones de élite como Sciences Po revela una aplicación desigual de la autoridad.

Las mismas desigualdades que privan a los jóvenes pobres de oportunidades educativas los exponen a una mayor criminalización cuando se resisten. El Estado los considera poblaciones peligrosas en lugar de reconocerlos como jóvenes que ejercen sus derechos democráticos. En vez de abordar las causas del conflicto, las autoridades acusan a organizaciones de izquierda de explotar el descontento y responsabilizan a los estudiantes por los disturbios.

La cobertura mediática puede reforzar esta operación. En un artículo publicado por The New York Times el 19 de octubre, las imágenes de saqueos, cristales rotos y automóviles incendiados ocuparon un lugar central, mientras las demandas por escuelas dignas y justicia económica quedaron relegadas. En cambio, The Guardian reconoció que las manifestaciones habían sido mayoritariamente pacíficas y que en ellas participaron cientos de miles de personas, incluidos escolares y sus padres.

Los actos de vandalismo fueron protagonizados por grupos mucho más pequeños que el conjunto de los manifestantes. Sin embargo, el espectáculo de la destrucción permite presentar una lucha contra la austeridad como una crisis de orden público. Cuando los automóviles incendiados reciben más atención que el deterioro de la educación pública, la violencia estructural de la austeridad y el abandono de la juventud desaparecen de la discusión. La represión estatal pasa a presentarse como defensa del orden, mientras se ocultan las condiciones que originaron la protesta.

Restablecer el orden en las puertas de una escuela no resuelve la falta de docentes ni repara las condiciones que llevaron a los estudiantes a la calle. El énfasis gubernamental en la seguridad, reforzado por una cultura mediática atraída por las imágenes de destrucción, amenaza con sepultar las demandas de quienes reclaman una educación que les permita aprender y un futuro que no esté marcado por la precariedad.

La criminalización también puede adoptar formas económicas. Las propuestas de sancionar a los manifestantes por daños que no causaron personalmente y de deducir determinadas prestaciones sociales a sus familias extenderían el castigo a hogares que ya sufren las consecuencias de la austeridad. Bajo un Estado punitivo, la pobreza se convierte en una fuente de vulnerabilidad adicional y el ejercicio de los derechos democráticos queda asociado a la amenaza de represalias económicas.

La violencia estatal constituye, además, una forma de pedagogía pública. Las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y el castigo económico enseñan qué intereses protege el Estado, qué vidas considera prescindibles y qué consecuencias puede tener desafiar al poder. Esa pedagogía procura inculcar miedo y obediencia. Pero también puede generar indignación, solidaridad y la convicción de que la injusticia solo puede enfrentarse mediante la acción colectiva. Las calles se convierten entonces en espacios de aprendizaje político donde los jóvenes descubren su poder y cuestionan las instituciones responsables de su sufrimiento.

La represión pone al descubierto al Estado punitivo como instrumento de dominación capitalista. Pero la violencia dirigida contra los estudiantes también hace más visibles las fuerzas políticas que producen su abandono. La lucha ya no se limita a la defensa de la educación pública: se extiende a la confrontación con un sistema que trata los derechos democráticos como obstáculos para la acumulación de riqueza y poder.

Recuperar el futuro más allá del capitalismo

La revuelta estudiantil francesa encierra una advertencia que trasciende las aulas. Una generación privada de seguridad económica, educación digna, derechos democráticos y perspectivas de futuro se niega a aceptar la precariedad como destino. Estos jóvenes se enfrentan a un capitalismo mafioso que concentra riqueza y poder en una élite mientras considera prescindibles las necesidades de la mayoría. Su lucha expone la bancarrota moral y política de un sistema dispuesto a sacrificar el futuro de las nuevas generaciones para proteger la fortuna de los más ricos.

La juventud encarna una de las contradicciones centrales del capitalismo global: se la presenta como símbolo del futuro, pero se le niegan los medios para construirlo. Se la convoca al mercado como consumidora y se la excluye de la seguridad económica, la ciudadanía plena y el poder político. Las promesas de progreso ceden ante vidas precarias, abandono social y destrucción de las responsabilidades colectivas. La ira se vuelve políticamente explosiva cuando los jóvenes reconocen que el sistema que exige su lealtad es responsable de destruir sus posibilidades.

La manera en que una sociedad representa a su juventud revela su carácter político y moral. Bajo el neoliberalismo, los jóvenes son celebrados como consumidores y símbolos de innovación mientras se someten a las exigencias del mercado. Cuando se resisten, se convierten en objeto de miedo, vigilancia y castigo. Esta lógica afecta especialmente a los pobres y a quienes sufren la marginación racial, presentados como poblaciones peligrosas que deben ser disciplinadas. La respuesta francesa a la protesta muestra cómo el Estado punitivo protege el poder capitalista al criminalizar a quienes exigen escuelas dignas y un futuro habitable.

La importancia política de la revuelta reside en la capacidad de los jóvenes para comprender que sus dificultades personales tienen raíces en estructuras de explotación y dominación. Al organizarse colectivamente, pueden imaginar un futuro más allá del orden establecido y romper con la idea neoliberal de que cada individuo es el único responsable de su destino. Las alianzas con docentes, trabajadores y sindicatos permiten transformar la indignación en resistencia organizada. En estas luchas, los jóvenes se afirman como actores históricos capaces de cuestionar y modificar las condiciones de su existencia.

La educación resulta fundamental para esa transformación. La pedagogía crítica permite desarrollar conciencia, acción política e imaginación para concebir una sociedad más allá del capitalismo. Cuando la ignorancia se convierte en un arma política y la educación se reduce a un instrumento de conformidad, es indispensable recuperar su capacidad para formar sujetos críticos. Los jóvenes necesitan conocimiento histórico, imaginación política y herramientas para reconocer las conexiones entre sus problemas cotidianos y las estructuras de explotación que los producen.

Necesitan una educación que les permita cuestionar la autoridad, exponer la violencia del poder económico y comprender que pueden intervenir en la historia. Esa tarea no se limita a transmitir conocimientos: implica formar capacidades para la participación democrática, la solidaridad y la resistencia. La educación crítica debe integrarse en una lucha más amplia por una sociedad organizada alrededor de las necesidades humanas y no del beneficio privado.

La revuelta francesa ha transformado la defensa de las escuelas en una confrontación con la dominación capitalista. Reparar los edificios, revertir la austeridad y restablecer las protecciones sociales son objetivos imprescindibles, pero no bastan para desmantelar las estructuras de poder responsables de la crisis. Es necesario cuestionar un sistema que antepone el beneficio privado a la vida humana, legitima desigualdades obscenas y condena a generaciones enteras a la inseguridad y el abandono.

La movilización encierra la posibilidad de convertir la indignación juvenil en un movimiento de masas capaz de enfrentar la dominación capitalista y crear nuevas formas de vida democrática. Para ello hacen falta educación crítica, organización política y solidaridades que trasciendan fronteras nacionales y generaciones. También se necesita una imaginación política dispuesta a rechazar la ficción de que el capitalismo constituye el límite de lo posible o el final de la historia.

Los jóvenes que salen a las calles de Francia recuerdan que la historia no ha concluido y que el orden existente no es natural ni eterno. Una sociedad que atenta contra su juventud atenta contra su propio futuro. La negativa de los estudiantes a aceptar ese destino expresa una exigencia que supera las fronteras francesas: terminar con un sistema que convierte la precariedad juvenil en una condición de su supervivencia y construir una sociedad radicalmente democrática, donde la dignidad humana, la justicia económica y el derecho a un futuro prevalezcan sobre las exigencias del capital.

Nota del editor: Este artículo es una versión editada del ensayo «France’s Student Revolt: Gangster Capitalism and the War on Youth» de Henry A. Giroux, publicado originalmente por Counterpunch.