Héctor Huici explica sus prioridades de gestión al frente de la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad

Héctor Huici es el nuevo subsecretario de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno nacional. Es abogado y en el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como titular de la Secretaría TIC. En una entrevista realizada por Nicolás Larroca para DPL News, la primera desde que asumiera a mediados de abril, conversó acerca de las prioridades de su gestión. Aquí un resumen de ese diálogo.

A la pregunta acerca del estado en que encontró al sector en su nuevo rol de subsecretario, la respuesta de Huici fue que «el sector muestra las consecuencias del desmanejo de la economía de la gestión anterior. La inflación, el cepo cambiario (restricción para adquirir dólares), las restricciones al crédito y el aumento de la pobreza impactaron muy negativamente, con la consecuente caída del ingreso medio por usuario (ARPU). Todo ello ha limitado la capacidad de inversión. A un problema mundial que es la reducción de márgenes se sumó el DNU 690/20 que agravó las cosas. Afortunadamente ya ha sido derogado».

En cuanto a sus prioridades, manifestó que «las prioridades de la Subsecretaría, como lo indica el decreto 318/24 (ver aquí), son de índole regulatoria y de fijación de políticas, pero entre los temas urgentes está colaborar con la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la eficientización del organismo. No sirve la regulación sin una buena autoridad de fiscalización y control, y la información que recopila el organismo es un insumo importante para una buena regulación.

A la pregunta acerca de qué diferencias y similitudes encuentra del mercado entre su gestión previa y la actual, dijo que «en 2015 estábamos en una situación compleja con respecto a las redes móviles, pero la situación económica, aunque mala, no era la misma que dejó la administración anterior en diciembre de 2023. La Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) era básicamente un tendido de fibra óptica y no una red completamente iluminada como es hoy, casi no tenía lasing right y había poca capacidad vendida en el Arsat-2. Eso cambió entre 2015 y 2019 y se mantuvo». Y agregó: «Hoy hay un sector telco “empobrecido” pero con intereses, quizás, más convergentes. A los consumidores hoy también los veo más atentos a lo que compran en calidad y precio, priorizando el servicio de conectividad a Internet. Ahora las plataformas también ocupan un lugar aún más relevante que el que tenían en 2015».

Acerca del plan de mediano plazo para Arsat expresó que «El Estado eligió la forma de sociedad anónima comercial para los fines que le ha encomendado. La empresa tiene que hacerlo con eficiencia y sin acudir al auxilio directo o indirecto del Tesoro. Tampoco tiene que pretender condicionar la política regulatoria como han intentado hacerlo todas las pasadas gestiones, ni tiene que ser quien subsidie los negocios de terceros. Conocer el estado de avance del satélite SG-1 y de la Refefo es necesario para avanzar con más precisiones».

Y sobre las políticas para la universalización de los servicios, dijo que «El Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) debe ser repensado en forma integral. En primer lugar, acotando su uso a lo que surge de la ley: áreas de alto costo o demanda de personas en situación de vulnerabilidad económica. En segundo término, hay que darle lugar al play or pay de forma más sencilla, y transparentar y hacer competitiva la asignación de sus recursos. Una cosa muy importante es tener presente que el FFSU funciona en subsidio del mercado, por lo que debemos ver en cada caso por qué el mercado no está satisfaciendo determinadas necesidades y actuar en su caso sobre esas causas, como excesivos aranceles, alta fiscalidad, trabas al despliegue, desincentivos regulatorios, etc.».

Otra pregunta que se le formuló está relacionada con qué políticas se plantea para promover la inversión y dar sostenibilidad a las inversiones en infraestructura. Su respuesta fue: «Los privados no deben pedirle al Estado las soluciones que ellos mismos pueden encarar. Hoy la compartición de infraestructura —activa y pasiva— es una tendencia que va consolidándose de la mano de la reducción de los márgenes y las constantes y crecientes necesidades de Capex. El pliego de 5G lo ha previsto y debemos fomentar esa compartición, particularmente cuando se trata de infraestructura en el espacio del dominio público. El Estado en todos sus niveles debe facilitar los despliegues, reduciendo costos y poniendo a disposición inmuebles y derechos de paso».

Acerca de qué medidas concretas se plantea el Gobierno para desregular al sector tras la eliminación del DNU 690, Huici dijo: «Hay muchas obligaciones obsoletas y permitidas propias de la época en que el principal servicio era la telefonía básica, por ejemplo. En otros casos debemos avanzar en otras soluciones como flexibilizar el mercado secundario de espectro. Es mejor la regulación por incentivos y no de comando y control, pero en cualquier caso se necesita mejorar la tarea de cumplimiento. Debemos usar la tecnología para mejorar el control de la calidad de los servicios de una manera menos intrusiva y apelando a la colaboración de los usuarios. Además, hay que revisar la utilidad de la información que se pide, la periodicidad y también evitar superposiciones con otros organismos nacionales». En cuanto a qué sigue en materia de espectro y despliegue luego de la subasta del 5G, Huici planteó que «El 5G tiene obligaciones muy básicas y espaciadas en el tiempo. En materia de espectro, durante la gestión anterior se continuó con el plan plurianual de espectro que habíamos trabajado en el último año de nuestra gestión. Hay que retomarlo y concluirlo».

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