Amnistía Internacional: crítico informe acerca de los primeros cien días del gobierno de Milei

La sede en Argentina del movimiento global ​que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos presentó ayer en una conferencia de prensa un informe en el que señala que las medidas adoptadas desde el 10 de diciembre «han afectado de manera contundente los derechos de las personas». También afirma que durante los primeros cien días del presidente Javier Milei, que se cumplen hoy, la confrontación se convirtió en la narrativa gubernamental para desviar la atención sobre los conflictos reales.

Belski, García Rey y Juncal durante la conferencia 

El informe tiene tres ítems donde se resaltan los ejes principales en los que Milei basó su accionar como presidente de la Nación: la confrontación y el odio como regla, los jubilados, un sector castigado y la administración del conflicto social. El informe, asimismo, subraya que en estos cien días Milei utilizó la confrontación y la desinformación como receta para romper límites que generaron retrocesos en materia de derechos humanos.

Del encuentro con los medios participaron en representación de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski, directora ejecutiva; Paola García Rey, directora adjunta y Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional.  

«Pese al poco tiempo transcurrido, advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en en la vida y los derechos de las personas. Hace años que monitoreamos a los gobiernos de todos los espectros políticos y es nuestro deber exponer las medidas que generan retrocesos. Al empobrecimiento económico de gran parte de la sociedad, esta administración suma un nuevo modelo de liderazgo de no diálogo y de violencia permanente. Así se fija el interés del debate público en la confrontación, el odio o la pelea. Esto no es nuevo ni excluyente de Argentina», señaló Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

La confrontación y el odio como regla 

En varias partes del mundo, como en Estados Unidos, India, Brasil, Hungría, Turquía o Filipinas, hay líderes que promovieron y promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias en culpabilizar a mujeres, migrantes, personas LGBTIQ+, entre otros, por problemas económicos, sociales o de seguridad. Y con ello generar el escenario y adoptar todo tipo de medidas que violan los derechos de las personas. 

El Gobierno utilizó como herramienta la confrontación y desinformación para tapar la realidad de hambre e indigencia que estamos viviendo.»

MARIELA BELSKI

La construcción de la idea de «casta» y de «los mismos de siempre» funciona en ese sentido: desencadena cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan la dinámica «amigo-enemigo». 

«X (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos, indirectas y acusaciones. Los otros poderes, referentes de la oposición, periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es el presidente de la Nación, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión», agregó Belski. 

Los jubilados, un sector castigado 

Amnistía Internacional afirma que los jubilados no son ni un sector ni un segmento etario. Son los que han perdido no solamente capacidad de compra sino también tranquilidad y dignidad ren los últimos años y con especial énfasis en los últimos meses. Ajustar a los ajustados no parece ningún castigo poderoso, sin o lo contrario. Por eso, trabajar en una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo y proyecten un acompañamiento de las variables económicas a futuro es un imperativo de derechos humanos.

Esta realidad no se puede tapar con represión, restricciones, protocolos y resoluciones», aseguró García Rey al referirse a las políticas del Gobierno: retracción del gasto público y de la economía, salarios que no aumentan y el «deterioro» de las jubilaciones y pensiones.

La ecuación que se pretende con los jubilados es que no «pierdan» frente a la inflación. Pero el objetivo que debe perseguirse es el de que puedan «ganarle» y mejorar su poder adquisitivo, lo cual requeriría una recomposición efectiva de sus niveles de ingresos de acuerdo con sus necesidades. Las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo los jubilados irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo por fuera del «empate» con la jubilación. 

«El “no hay plata” no puede empujarnos a la disyuntiva de si recomponer su jubilación o dejar morir a los jubilados y pensionados. Hay una obligación moral pero también un compromiso internacional: la Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos a la seguridad social de manera progresiva hasta el máximo de sus recursos disponibles», indicó Juncal.

Administración del conflicto social 

La devaluación de diciembre de 2023 subió los precios y, pese al esfuerzo del gobierno de paliar la situación socioeconómica, incrementando los valores de las transferencias de las políticas sociales, esto no alcanzó para revertir la tendencia en ascenso de la pobreza e indigencia. El cierre del año se dio con un el 49,5 % de la población bajo la línea de pobreza y en enero de 2024 ascendió, según la UCA, a 57,4 %.  

Este número es aún mayor en las infancias. Según los últimos datos disponibles del Indec, ya en el primer semestre de 2023 el 56,2% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años era pobre. Es evidente que la evolución de la inflación durante la segunda mitad del año y principios de 2024 profundizó la crisis social general. 

Ajustar a los ajustados no es tocar los intereses de la casta sino todo lo contrario.»

SANTIAGO JUNCAL

La cuadruplicación interanual del valor de la Canasta Básica Alimentaria (subió 301,1 %) y la suba semejante en la Canasta Básica total (290,2 %) registradas en febrero son, en ese sentido, señales de un mayor deterioro de las condiciones de vida y de alimentación de niños, niñas y adolescentes en todo el país.  

La pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social. Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura. 

«Argentina necesita un cambio. Somos conscientes, y así lo hemos denunciado a lo largo de los distintos gobiernos de todo color e ideología; la profunda crisis económica y social que viene atravesando Argentina en los últimos años exige un rumbo nuevo. Pero cómo esos procesos de cambio se lleven adelante y la manera en que esos cambios impactan en las personas es tan relevante como el objetivo que se pretende conquistar. En ese recorrido, es importante que las personas ocupen un lugar central para elaborar planes y respuestas eficaces y de largo plazo. Debe gobernarse para la gente, no para las finanzas. Los ajustes de hoy no pueden ni deben dejar a la deriva a nadie», concluyó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

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Sube la imagen negativa de Milei

El informe nacional de marzo de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, titulado La Economía en la Era Milei, revela en términos económicos una percepción de empeoramiento de la situación doméstica de los encuestados, y en términos políticos un rechazo mayoritario a medidas ideológicas anunciadas desde la Presidencia, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y los cierres de la Agencia Télam y el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi).

El relevamiento fue realizado entre el 7 y el 9 de marzo, con un tamaño de muestra de 1500 casos en todo el país. El informe que dio a conocer la consultora este domingo revela que el 57,3 % de los encuestados tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei, contra un 42,3 % que tiene una imagen positiva. 

Mientras el 23,9 % confía en que al ajuste lo está pagando «la política», como postula el Gobierno nacional, un 71,6 % está en desacuerdo con esa afirmación.

Paralelamente, un 69,8 % reconoce que su situación económica empeoró desde que Milei es presidente, mientras que solo un 24,7 % afirma que está mejor.

En esa misma línea, un 69 % está de acuerdo con la frase «No sé qué más ajustar para llegar a fin de mes», un 53,8 % tiene miedo de quedarse sin trabajo y un 54,7 % cree que «el sacrificio económico no valdrá la pena».

Respecto a la cruzada político-ideológica planteada desde el oficialismo, solo un 35,9 % de los consultados está de acuerdo con la afirmación «No me importa la economía si castiga a los políticos».

Asimismo, un 59,9 % está en nada de acuerdo con eliminar el Fonid; un 52,8 % está en nada de acuerdo con cerrar la agencia de noticias Télam; y una 47,9 % está en nada de acuerdo con el cierre del Inadi.

Finalmente, otro dato relevante en este informe tiene que ver con una consulta respecto a la relación entre Nación y las provincias. Un 61,8 % prefiere que su gobernador defienda intereses de su provincia, aunque tenga que enfrentar al presidente; frente a un 35,9 %, que prefiere que ayude al presidente, aunque su provincia pierda recursos.


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