Desigualdades digitales en Argentina
La pandemia puso en evidencia que el acceso a internet es una condición indispensable para ejercer derechos fundamentales, pero también expuso las profundas desigualdades que atraviesan la conectividad en Argentina. Un informe de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos (Raicced), basado en 31 entrevistas realizadas en las seis regiones del país, analiza cómo esas desigualdades se expresaron antes, durante y después de la emergencia sanitaria. El estudio identifica avances en infraestructura y políticas de inclusión digital, pero advierte que las diferencias territoriales, la concentración del mercado y la discontinuidad de las políticas públicas siguen condicionando el acceso, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías.
IDEAS CLAVE
- La pandemia hizo visibles desigualdades preexistentes. La emergencia sanitaria no creó las brechas digitales, pero expuso las diferencias estructurales que condicionan el acceso, el uso y el aprovechamiento de internet.
- La conectividad es un derecho habilitante. El acceso a Internet resulta indispensable para ejercer otros derechos fundamentales, como la educación, el trabajo, la información, la comunicación y la participación ciudadana.
- La desigualdad digital va más allá de tener o no tener internet. También comprende la calidad y estabilidad de las conexiones, la posibilidad de pagar el servicio, la disponibilidad de dispositivos y las competencias necesarias para utilizarlos.
- El territorio determina oportunidades desiguales. Las seis regiones del país presentan problemas específicos: déficits de infraestructura en el norte, dificultades de calidad y asequibilidad en los grandes centros urbanos y altos costos de despliegue en zonas de baja densidad poblacional.
- La disponibilidad de dispositivos sigue siendo una barrera. La dependencia de los teléfonos celulares para estudiar y trabajar durante la pandemia mostró las limitaciones de quienes no cuentan con computadoras u otros equipos adecuados.
- La alfabetización digital también es una cuestión de derechos. Saber conectarse no significa necesariamente poder aprovechar las tecnologías. Las desigualdades educativas, sociales y de género condicionan las posibilidades de apropiación.
- Las políticas públicas produjeron avances, pero no alcanzaron. La expansión de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), los programas de conectividad y la distribución de dispositivos mejoraron algunas condiciones de acceso, aunque su implementación fue territorialmente desigual y tuvo problemas de continuidad.
- Las organizaciones comunitarias cumplen un papel estratégico. Cooperativas, pymes y redes locales contribuyen a conectar territorios que no resultan atractivos para los grandes operadores, aunque enfrentan dificultades de financiamiento y acceso a infraestructura mayorista.
- La concentración empresarial limita la democratización digital. La posición dominante de los grandes operadores condiciona los precios, la competencia y las posibilidades de desarrollar proveedores alternativos.
- El debilitamiento de las políticas estatales amenaza los avances alcanzados. Los cambios regulatorios, la reducción de organismos de control y el desfinanciamiento de programas de conectividad ponen en riesgo la inclusión digital.
- La conectividad requiere una política integral. No alcanza con extender redes: es necesario articular infraestructura, calidad, asequibilidad, dispositivos, formación y participación social.
La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la conectividad y los derechos digitales en Argentina. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social demostraron hasta qué punto el acceso a internet se había convertido en una condición para garantizar otros derechos fundamentales: educación, trabajo, información, comunicación, cultura, asistencia social y participación ciudadana.
Al mismo tiempo, la emergencia sanitaria dejó al descubierto las limitaciones de las políticas públicas para garantizar un acceso equitativo y significativo a las tecnologías digitales en todo el territorio nacional.
El Informe Técnico N.º 5 de Raicced, titulado «Las desigualdades digitales en Argentina, antes, durante y después de la pandemia», analiza este proceso entre 2019 y 2024. El trabajo complementa una investigación anterior de la Red, basada en información estadística y fuentes públicas, y agrega una perspectiva territorial construida a partir de las experiencias y valoraciones de quienes participan en la provisión de conectividad, la gestión estatal y las iniciativas sociales y comunitarias.
La investigación parte de una definición que resulta central para comprender sus conclusiones: las desigualdades digitales no constituyen una simple diferencia entre quienes tienen conexión y quienes no la tienen. Son asimetrías estructurales que se apoyan en desigualdades sociales, económicas, educativas, territoriales y de género, y que, al mismo tiempo, pueden profundizarlas.
Por eso, el informe utiliza el concepto de desigualdades digitales en lugar de brecha digital. La diferencia no es solamente terminológica: permite reconocer que las condiciones de acceso y apropiación de las tecnologías están determinadas por relaciones sociales preexistentes.
Desde esta perspectiva, la conectividad se aborda como un derecho humano. Su ejercicio comprende distintas dimensiones: el acceso a las redes, la calidad y estabilidad del servicio, la posibilidad económica de pagarlo, la disponibilidad de dispositivos y las competencias necesarias para utilizar las tecnologías. También incluye la participación de distintos sectores sociales en la producción de contenidos, servicios y tecnologías, así como en la elaboración de políticas públicas.
El estudio se basa en 31 entrevistas semiestructuradas realizadas entre abril de 2023 y agosto de 2024 en las seis regiones del país. Participaron dieciocho representantes del sector estatal, ocho referentes de organizaciones sociales y comunitarias y cinco empresarios de pequeñas y medianas empresas y cooperativas proveedoras de internet. El relevamiento permitió identificar tanto problemas compartidos como particularidades regionales y diferencias entre las perspectivas de los actores.
Las desigualdades digitales: un mapa territorial heterogéneo
Uno de los principales hallazgos es que las desigualdades se concentran, en primer lugar, en las condiciones materiales de acceso a internet. Las limitaciones de infraestructura troncal y de última milla, la calidad de las conexiones y la estabilidad del servicio aparecen como los problemas más frecuentes en los testimonios. En segundo plano se ubican la asequibilidad y la disponibilidad de equipamiento, mientras que las dificultades vinculadas con las competencias digitales y la producción de contenidos tienen menor presencia.
El diagnóstico confirma y profundiza los resultados del informe anterior de la Raicced. Entre 2019 y 2023, la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) se extendió apenas un cuatro por ciento adicional, muy por debajo del crecimiento registrado en los dos períodos anteriores, del 33 % y el 63 %. Además, el 40 % de los parajes rurales del país carecía de conectividad en 2021, una proporción que llegaba al 70 % en las regiones NEA y NOA.
Las entrevistas permiten comprender cómo esas desigualdades se manifiestan en cada territorio.
En la región Centro, los principales problemas se relacionan con la asequibilidad y la calidad del servicio, especialmente en barrios populares y zonas periféricas. Aunque existe una infraestructura relativamente desarrollada, las condiciones de acceso distan de ser homogéneas. Las organizaciones comunitarias señalan que las empresas suelen evitar instalar redes en determinados barrios por considerarlos zonas de riesgo, lo que reproduce situaciones de exclusión territorial.
Un referente de Grupo Gesta, de Villa María, destacó que su organización consiguió ofrecer un servicio a un precio equivalente a la mitad del que cobran los operadores monopólicos. La experiencia muestra cómo los proveedores comunitarios pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso, aunque su capacidad de expansión depende de las posibilidades de inversión y de las regulaciones locales.
También aparecen desigualdades relacionadas con las habilidades digitales. Una referente de Protagonistas Digitales, en Córdoba, explicó que en los talleres de formación muchas mujeres no sabían utilizar un procesador de texto, por lo que las actividades debían comenzar con conocimientos mucho más básicos de los previstos. El ejemplo muestra que disponer de conexión no significa necesariamente contar con las herramientas para aprovecharla.
En Cuyo, las dificultades se concentran en la infraestructura troncal y de última milla, especialmente en las zonas rurales y alejadas de los centros urbanos. Sin embargo, las diferencias entre provincias muestran que la geografía no explica por sí sola las desigualdades: las capacidades estatales y la continuidad de las políticas públicas resultan determinantes.
San Luis constituye el caso más avanzado, con una red provincial de aproximadamente cuatro mil kilómetros de fibra óptica, de los cuales 2600 corresponden a tendido estatal propio. La inversión permitió conectar centros urbanos y extender servicios hacia localidades rurales, incluso en lugares donde fue necesario resolver previamente la falta de energía eléctrica.
La situación contrasta con San Juan, donde durante la pandemia quedaron expuestas deficiencias en las conexiones de escuelas y localidades alejadas, y con Mendoza, donde la concentración de prestadores y la centralización de los equipos técnicos dificultaban la calidad del servicio en el interior provincial.
En este último caso, la empresa mixta Interluz, de Lavalle, impulsó la recuperación de torres y antenas y la instalación de nuevos nodos mediante acuerdos con Arsat y Enacom. Los testimonios permiten concluir que allí donde existieron políticas estatales sostenidas o mecanismos de articulación público-privada, las condiciones de conectividad tendieron a mejorar.
La región Metropolitana presenta una paradoja: concentra la mayor infraestructura y oferta de servicios del país, pero mantiene fuertes desigualdades entre las áreas centrales y los barrios populares y periféricos. Los problemas se relacionan con la calidad y estabilidad de las conexiones, el acceso a dispositivos y las posibilidades de aprovechar las tecnologías.
Durante la pandemia, las organizaciones comunitarias de barrios populares debieron responder a una demanda creciente de conectividad para sostener la continuidad escolar, aunque carecían de recursos para ampliar sus redes. También señalaron que muchas familias disponían de pocos teléfonos y casi ninguna computadora en funcionamiento.
A esto se sumó la discontinuidad de programas como Conectar Igualdad y Sarmiento. Numerosos equipos quedaron obsoletos, bloqueados o fuera de servicio, sin mecanismos de reparación y mantenimiento. La virtualización acelerada de trámites y actividades educativas tampoco estuvo acompañada por instancias suficientes de capacitación digital.
El resultado es que la mayor disponibilidad de infraestructura no garantiza un acceso equitativo. La desigualdad se desplaza hacia las condiciones económicas, tecnológicas y educativas que permiten utilizar efectivamente la conectividad.
En el NEA, los principales problemas se vinculan con las diferencias de infraestructura entre provincias y entre zonas urbanas y rurales. Corrientes y Misiones presentan localidades que todavía no cuentan con redes de fibra óptica, mientras que Entre Ríos dispone de un desarrollo comparativamente mayor.
En las áreas rurales, la conexión depende muchas veces de enlaces inalámbricos que requieren condiciones técnicas específicas y ofrecen velocidades inferiores. Un referente de una pyme de Entre Ríos describió las dificultades que enfrentan los usuarios para instalar antenas y establecer conexiones en campos alejados, donde internet constituye, en ocasiones, la única alternativa de comunicación.
También se registran problemas de acceso a dispositivos. Durante la pandemia, numerosas familias debieron sostener las actividades escolares mediante teléfonos celulares, que no ofrecen las mismas posibilidades que una computadora para estudiar o trabajar. A las limitaciones económicas para adquirir equipamiento se suman las dificultades de alfabetización digital, incluso entre personas que utilizan habitualmente internet.
En el NOA, las desigualdades se relacionan con déficits históricos de infraestructura, escasa diversidad de prestadores y problemas de asequibilidad. Salta aparece como uno de los casos más críticos: antes de la pandemia no estaba conectada a la Refefo y todavía presentaba importantes limitaciones para extender la red provincial.
Los entrevistados señalaron que la falta de infraestructura pública y la concentración de proveedores favorecen tarifas elevadas y restringen las posibilidades de desarrollar alternativas comunitarias. Una referente de la Cooperativa Internet para la Economía Popular (Intep) explicó que las organizaciones pequeñas deben negociar con grandes empresas multinacionales desde una posición de marcada desigualdad, sin capacidad para establecer sus propias condiciones.
La falta de computadoras y tabletas también condicionó la continuidad educativa durante la pandemia. Una referente comunitaria destacó que el celular resulta insuficiente para crear contenidos, explorar información y acceder al conocimiento en las mismas condiciones que una computadora. A esto se suman las dificultades de formación digital, particularmente entre mujeres de barrios populares que debían acompañar las actividades escolares de sus hijos.
En la Patagonia, las desigualdades están condicionadas por la extensión territorial, la dispersión poblacional y los costos de despliegue y mantenimiento de las redes. El informe advierte que sus resultados deben interpretarse con cautela porque en esta región se realizó una sola entrevista. Sin embargo, el testimonio recogido destaca el papel de las empresas estatales provinciales, especialmente Altec, en la instalación de antenas y puntos de wifi gratuitos en pequeñas localidades y parajes rurales de Río Negro.
La experiencia muestra que, en territorios donde la inversión privada no encuentra incentivos suficientes, la intervención pública resulta decisiva para garantizar el acceso.
En conjunto, la comparación regional confirma que las desigualdades digitales no responden a una única causa. Mientras en el norte predominan los problemas de infraestructura y cobertura, en las regiones Centro y Metropolitana adquieren mayor relevancia la calidad, la asequibilidad, los dispositivos y las habilidades digitales. Cuyo muestra fuertes diferencias entre provincias y Patagonia enfrenta condicionamientos específicos derivados de su geografía.
También se observan distintas perspectivas según el sector entrevistado: los representantes estatales priorizan los problemas de infraestructura y cobertura; los empresarios destacan los costos de inversión y las condiciones de competencia; y las organizaciones comunitarias ponen el acento en la disponibilidad de dispositivos, las desigualdades sociales y de género y las carencias de formación digital.
Las políticas públicas y el papel del Estado
El segundo eje del informe analiza las políticas digitales implementadas durante el período 2019-2024. Los testimonios muestran que las principales iniciativas estuvieron orientadas a ampliar la infraestructura de conectividad, extender las redes troncales y de última milla, distribuir equipamiento y promover competencias digitales.
Durante la pandemia, el Estado asumió un papel central en la expansión del acceso. Entre las iniciativas destacadas aparecen el desarrollo de la Refefo, los programas de conectividad para barrios populares, las políticas de entrega de dispositivos y las acciones de formación educativa.
La tercera etapa de la Refefo contempló la construcción de 4408 kilómetros de fibra óptica y la conexión de alrededor de 258 localidades de dieciocho provincias. También se destacan los programas Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y Roberto Arias, orientados a ampliar la conectividad en barrios populares y promover redes comunitarias.
Sin embargo, el alcance de estas políticas fue desigual. El Programa Roberto Arias, por ejemplo, registraba apenas dos proyectos adjudicados a nivel nacional hasta mayo de 2023, mientras que otros cuatro permanecían aprobados técnicamente, pero sin resolución definitiva. La burocracia y las demoras administrativas aparecen entre las principales dificultades señaladas por las organizaciones.
Las experiencias regionales muestran distintas modalidades de intervención.
En Centro se destacan los espacios de formación tecnológica, como la Tecnoteca y la Medioteca Leonardo Favio de Villa María, y las iniciativas comunitarias de Córdoba que combinaron tendido de redes, puntos wifi, computadoras y tarifas sociales. En Cuyo sobresale la continuidad de las políticas de conectividad de San Luis y la articulación de Interluz con Arsat y Enacom en Mendoza.
En Metropolitana se valoran los programas de conectividad para barrios populares, las políticas educativas y las iniciativas de capacitación docente, robótica y alfabetización digital. En el NEA adquieren relevancia las empresas estatales Telco, Marandú y Enersa, que impulsaron redes troncales para facilitar la conexión de proveedores locales. En el NOA se destacan la creación de Saltic y las iniciativas comunitarias, aunque sus resultados estuvieron condicionados por problemas de financiamiento y continuidad. En Patagonia, Altec y las empresas provinciales de telecomunicaciones de Chubut y Neuquén aparecen como actores relevantes para extender la cobertura.
La evaluación general indica que las políticas más valoradas fueron aquellas que combinaron infraestructura, acceso a dispositivos, formación y articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones sociales. Sin embargo, la expansión de las redes no alcanza por sí sola para garantizar derechos digitales. Se necesitan políticas que aseguren la calidad y asequibilidad del servicio, el mantenimiento de los equipos y el desarrollo de competencias para su utilización.
El informe incorpora, además, los cambios introducidos por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. Entre las medidas señaladas figuran la modificación de la Ley Argentina Digital mediante el DNU 70/2023, que habilitó el ingreso de empresas internacionales de internet satelital como Starlink, OneWeb y Amazon Kuiper; la intervención del Enacom y el cierre de sus veintiocho delegaciones provinciales; y la derogación del DNU 690/2020, que había declarado a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales en competencia y establecido mecanismos de regulación de precios.
También se eliminaron disposiciones que ampliaban el financiamiento de los programas Renabap y Roberto Arias. Posteriormente, en 2025, se disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que financiaba parte del despliegue de la Refefo y las iniciativas de última milla para pymes y cooperativas.
El estudio advierte que estas decisiones afectan la continuidad de políticas que habían permitido avances parciales en territorios históricamente relegados. La reducción de la presencia estatal y el debilitamiento de los mecanismos de financiamiento y regulación ponen en riesgo la sostenibilidad de las redes y de los proyectos comunitarios.
La concentración del mercado como obstáculo estructural
El tercer eje de la investigación identifica la concentración de los proveedores de internet, tanto mayoristas como minoristas, como uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos digitales.
El problema adquiere características diferentes según los actores. Para las organizaciones sociales y comunitarias, la concentración mayorista constituye una barrera central porque necesitan contratar ancho de banda e infraestructura troncal para desarrollar sus propias redes de última milla. La escasez de proveedores les impone precios elevados y condiciones desfavorables, o directamente les impide acceder al servicio.
En cambio, para pymes, cooperativas y los actores estatales, la preocupación se concentra en el mercado minorista. La posición dominante de los grandes operadores limita la competencia, reduce las alternativas disponibles y condiciona los precios y la calidad de los servicios.
Las diferencias regionales también son significativas. En el NOA, donde los déficits de infraestructura troncal son mayores, las organizaciones comunitarias señalan especialmente las dificultades para contratar servicios mayoristas. En el NEA, donde existe un despliegue más importante de fibra óptica, las preocupaciones se orientan hacia la concentración de los prestadores minoristas y las dificultades para extender servicios a zonas rurales y periurbanas.
En Centro y Metropolitana aparecen problemas vinculados con la concentración de operadores y las condiciones que enfrentan los pequeños proveedores. En Patagonia, la baja densidad poblacional y la escasa presencia de pymes incrementan la dependencia de grandes empresas.
El diagnóstico confirma que la concentración del mercado no es solamente una cuestión económica. También condiciona las posibilidades de ampliar la infraestructura, diversificar los prestadores y desarrollar alternativas comunitarias que permitan garantizar el acceso en territorios donde la rentabilidad comercial resulta insuficiente.
Una política de derechos frente a las desigualdades persistentes
Las conclusiones del informe de la Raicced recuperan una idea central: la pandemia no creó las desigualdades digitales, sino que hizo visibles las que ya existían y mostró cómo se reproducen y transforman en el entorno digital.
Entre 2019 y 2024 se registraron avances en el despliegue de infraestructura, la distribución de dispositivos y las políticas educativas. Sin embargo, esos progresos no alcanzaron para garantizar condiciones equitativas de acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías.
La conectividad continúa condicionada por factores territoriales, económicos, sociales y de género. La falta de infraestructura limita la cobertura y la competencia; los costos restringen la continuidad del servicio; la ausencia de dispositivos adecuados reduce las posibilidades de estudiar y trabajar; y las carencias de alfabetización digital dificultan el aprovechamiento de las herramientas disponibles.
El aporte específico de esta segunda investigación consiste en incorporar las experiencias de los actores locales y mostrar desigualdades que los datos estadísticos agregados no alcanzaban a registrar. Las entrevistas permiten reconocer diferencias entre provincias de una misma región, entre barrios centrales y periféricos e incluso entre distintas etapas de implementación de una misma política.
A esa perspectiva se suma el análisis de los cambios regulatorios y políticos introducidos durante el gobierno de Milei. El informe considera que la derogación de mecanismos de regulación tarifaria, el debilitamiento del Enacom y el desfinanciamiento de programas de conectividad profundizan las dificultades para garantizar el acceso en los territorios más postergados.
También advierte sobre los riesgos de una mayor concentración empresarial. La operación de Telecom por Telefónica Argentina, por 1.245 millones de dólares, podría concentrar, según las estimaciones citadas en el estudio, el 61% del mercado de telefonía móvil, el 69% de telefonía fija y hasta el 80% de internet residencial en algunas zonas del país.
La conclusión es que los derechos digitales no pueden garantizarse mediante una política limitada a extender redes o facilitar el ingreso de nuevos operadores. Requieren una intervención estatal sostenida, capaz de regular las asimetrías del mercado, promover la diversidad de prestadores, asegurar condiciones económicas de acceso y fortalecer las iniciativas comunitarias.
La conectividad no constituye un fin en sí mismo: es una condición para ejercer otros derechos. Por eso, el desafío consiste en construir políticas integrales y territorialmente situadas que articulen infraestructura, calidad, asequibilidad, dispositivos, educación digital y participación social.
En definitiva, las desigualdades digitales expresan y profundizan desigualdades históricas. Sin políticas públicas capaces de reconocer esa complejidad y sostener respuestas en el tiempo, el acceso a internet y las oportunidades que ofrece seguirá siendo un privilegio distribuido de manera desigual entre regiones y sectores sociales.
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