Ciberseguridad, dependencia tecnológica y elecciones 2027

Ilustración: Magnific

Los acuerdos estratégicos del Gobierno con Estados Unidos e Israel reconfiguran el escenario de la ciberseguridad y las telecomunicaciones en la Argentina. La adopción de estándares extranjeros, la dependencia de proveedores tecnológicos y el futuro del software electoral abren interrogantes sobre la soberanía digital, el control de las redes y la transparencia de los comicios de 2027.

IDEAS CLAVE

El gobierno de Javier Milei avanzó en acuerdos estratégicos que profundizan el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel en materia de seguridad y tecnología digital. Este posicionamiento geopolítico abre interrogantes sobre el futuro de la cooperación tecnológica y la autonomía del país. Los planes de ciberseguridad y la incorporación de equipamiento inteligente para la infraestructura de telecomunicaciones tienden a concentrarse en tecnologías de origen estadounidense, mientras que Israel aparece entre los posibles proveedores para la modernización del software utilizado en el escrutinio electoral.

Una pregunta debería comenzar a ocupar un lugar central en la agenda política argentina: ¿cómo se controlará el recuento de votos en las elecciones de 2027? ¿Con qué tecnologías y qué mecanismos de ciberseguridad se operará el escrutinio electoral?

En octubre de 2026 se formalizó un acuerdo con Estados Unidos que incluye un aporte no reembolsable de quince millones de dólares, a cargo del Departamento de Estado, destinado a la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad y de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC) en Argentina.

Mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada en el Boletín Oficial, Argentina adoptó el estándar estadounidense TIA SCS 9001 como referencia obligatoria para evaluar proveedores tecnológicos del sector público. La disposición apunta a sustituir progresivamente equipamiento crítico y redes de datos de empresas de origen chino, como Huawei y ZTE, en la infraestructura estatal y en la red troncal de la empresa pública Arsat.

Los acuerdos con Estados Unidos también incluyen convenios sobre criptografía, protección de infraestructuras críticas e intercambios orientados a considerar a ese país como una jurisdicción con «protección adecuada» de datos personales. Estas iniciativas se inscriben en un marco bilateral más amplio de cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Con Israel, los acuerdos colocan a la ciberseguridad en el centro de la cooperación. Entre ellos se encuentra la adhesión e implementación de los Acuerdos de Isaac, que estructuran entendimientos en materia de defensa, inteligencia y articulación policial-militar. También se contemplan acuerdos de cooperación en inteligencia y defensa, impulsados por las áreas de Defensa y Seguridad, que abarcan el intercambio de información sensible y el fortalecimiento de capacidades operativas.

En abril de 2026 se suscribió, además, un acuerdo estratégico enfocado en inteligencia artificial, innovación tecnológica, capacitación de talento especializado y ciberseguridad aplicada a los sectores productivos.

La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que desde el 9 de noviembre impone la certificación estadounidense SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA) para las infraestructuras críticas argentinas, generó un fuerte rechazo en la industria. Las objeciones abarcan desde la falta de consulta previa y el impacto económico sobre los pequeños operadores hasta el alineamiento geopolítico que, según sus representantes, puede profundizar una dependencia digital difícil de revertir.

Representantes empresariales del sector coinciden en que fortalecer la ciberseguridad, proteger las infraestructuras críticas y adecuar las redes de datos son objetivos necesarios y compartidos. Sin embargo, cuestionan que la medida se haya adoptado sin una consulta pública previa. También rechazan la imposición exclusiva de un estándar privado estadounidense, diseñado para evaluar procesos administrativos de la cadena de suministro, pero que no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos.

A través de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), que reúne a los principales operadores del país, la industria solicitó revisar los nuevos requisitos y abrir una instancia de diálogo. En un pronunciamiento, sostuvo que comparte plenamente «el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las redes, infraestructuras estratégicas para el desarrollo del país», pero expresó su preocupación ante la posibilidad de quedar sujeta «a un único esquema privado de certificación».

La entidad señaló que ese esquema evalúa procesos de gestión de seguridad de la cadena de suministro, pero no certifica por sí mismo la seguridad técnica de los equipos. Por eso, planteó que la protección efectiva de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y la posibilidad de acreditar el cumplimiento mediante estándares internacionales reconocidos.

La normativa es obligatoria para la contratación y construcción de infraestructuras que el Estado argentino considere críticas y para sus empresas públicas. Esto impacta directamente sobre Arsat, la empresa satelital argentina, declarada superavitaria hace un año y, al mismo tiempo, incluida entre los posibles activos nacionales sujetos a privatización.

Sin embargo, un aspecto de su articulado abre la posibilidad de que los nuevos requisitos también alcancen al sector privado a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Aunque la disposición tiene vigencia inicial en el ámbito del sector público nacional, su eventual extensión por medio del organismo regulador podría involucrar a todo el ecosistema de telecomunicaciones: operadores, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Ese escenario genera preocupación por los sobrecostos que podría introducir, el achicamiento de la competencia, el encarecimiento de la tecnología y las posibles consecuencias sobre el despliegue de conectividad.

En particular, el artículo 9 instruye al Enacom a evaluar la extensión de estos requisitos a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios. En otras palabras, abre la puerta a trasladar a todo el sector un estándar excluyente que, desde esta perspectiva, podría perjudicar el desarrollo de la infraestructura digital del país.

La neutralidad tecnológica constituye un principio rector de la política de telecomunicaciones y se encuentra en línea con lo establecido por la Ley Argentina Digital N.º 27078. La adopción de un único estándar privado de origen extranjero plantea, por lo tanto, un interrogante sobre la continuidad de ese principio y la libertad de evaluar proveedores mediante criterios técnicos diversos.

Existen otros modelos de evaluación vigentes, como el Network Equipment Security Assurance Scheme (Nesas), desarrollado por la GSMA y el 3GPP para evaluar la seguridad de la infraestructura de redes móviles, y la norma ISO/IEC 27036, que establece criterios para identificar y gestionar los riesgos de seguridad de la información en las relaciones con proveedores y en las cadenas de suministro.

La existencia de estos instrumentos permite plantear una discusión sobre la necesidad de adoptar mecanismos de evaluación que no queden subordinados a una única certificación ni a intereses geopolíticos particulares.

Que el Estado se ocupe de la seguridad de la cadena de suministro de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones es correcto y sumamente necesario. Los riesgos vinculados con componentes falsificados, firmware manipulado o falta de soporte técnico son reales. Pero esa protección también debe garantizar la neutralidad tecnológica respecto de los proveedores y asegurar que la evaluación responda a criterios técnicos verificables.

En este contexto se produjo la renuncia de Ariel Waissbein al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un episodio que abre una nueva etapa de incertidumbre sobre la política de protección digital del Estado argentino.

Waissbein presentó su renuncia a fines de octubre, en un escenario en el que, según trascendió, no habría contado con el respaldo necesario para convocar a las empresas del sector y avanzar en la construcción de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. También dejó su cargo el subdirector Ezequiel Gutesman y, días más tarde, fue desplazado Ariel Cessario, coordinador del CERT.ar, el equipo encargado de responder a incidentes informáticos.

La transición ocurre mientras conviven un préstamo de treinta millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un nuevo aporte de quince millones de dólares anunciado por Estados Unidos para infraestructura digital. El esquema de ejecución de estos recursos todavía no fue definido.

La salida de Waissbein abrió, además, un nuevo frente interno en el Gobierno y afectó a uno de los sectores vinculados con Rodrigo Lugones, consultor cercano a Santiago Caputo e hijo del ministro de Salud, Mario Lugones.

El desplazamiento aparece también como parte de los movimientos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para reorganizar los organismos que quedaron bajo su órbita. El Centro Nacional de Ciberseguridad depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, un área sensible tanto por su presupuesto como por su responsabilidad en la protección informática del Estado.

Entre las funciones del organismo se encuentran la prevención de ataques contra dependencias públicas, la coordinación con empresas que operan infraestructuras críticas y el diseño de protocolos para proteger la información estatal. También interviene en la definición de estándares que deberán cumplir los centros de procesamiento de datos.

El Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (Litat), de los trabajadores informáticos, presentó una declaración sobre el extractivismo de datos, el tecnocesarismo y la necesidad de construir una arquitectura institucional capaz de convertir las capacidades técnicas argentinas en soberanía digital efectiva.

El documento advierte: «Argentina y América Latina enfrentan una nueva forma de dependencia estructural: el extractivismo de datos y el tecnocesarismo. La capacidad de los grandes actores tecnológicos globales para controlar infraestructuras, datos y estándares digitales compromete la soberanía estatal, la autonomía económica y los derechos ciudadanos. El país no carece de capacidades, pero sí de una estrategia articulada».

El Índice Global de Ciberseguridad ubica a Argentina por debajo de Brasil y Estados Unidos. Sobre un total de 194 países, el país se encuentra en un nivel intermedio de desarrollo en esta materia.

En Argentina, las infraestructuras críticas (IC) comprenden instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos esenciales cuya interrupción, destrucción o degradación tendría un impacto grave sobre la seguridad nacional, la economía, la salud pública o el funcionamiento del Estado. Dentro de este universo, las infraestructuras críticas de información (ICI) abarcan específicamente las redes y los sistemas digitales que sostienen esos servicios básicos.

Entre los principales sectores comprendidos se encuentran:

  • Telecomunicaciones y TIC: redes troncales de fibra óptica, centros de datos, sistemas satelitales y nodos de conectividad.
  • Energía y agua: generación y distribución eléctrica, redes de gas y petróleo, centrales nucleares y suministro de agua potable.
  • Finanzas y administración pública: sistemas bancarios, medios de pago, recaudación tributaria y bases de datos de identidad ciudadana.
  • Transporte y salud: control del tráfico aéreo, puertos, sistemas ferroviarios y redes hospitalarias de alta complejidad.

Los principales ciberataques y tendencias de riesgo identificados para el período 2025-2026 muestran un escenario de creciente exposición:

  • La cadena de suministro, principal superficie de ataque. Los terceros participan en el 48 % de las brechas de seguridad, frente al 30 % registrado en la medición anterior. Los ataques se desplazan hacia componentes de software e inteligencia artificial que las organizaciones no controlan directamente.
  • Los atacantes llegan antes que los parches. La explotación de vulnerabilidades desplazó al robo de credenciales como principal vector de entrada y ocurre, en promedio, siete días antes de que exista una corrección disponible. Mientras tanto, los tiempos de remediación se prolongaron, con un deterioro promedio de 45 días.
  • ؅La inteligencia artificial dejó de ser una amenaza teórica. Se documentó la primera vulnerabilidad de día cero atribuida a un desarrollo con IA, mientras que el 21 % de las brechas ya involucra sistemas de inteligencia artificial de las propias organizaciones. El uso no autorizado de estas herramientas también se duplicó.
  • El fraude migró hacia la voz y la suplantación de identidad. El phishing por voz se convirtió en el segundo vector de entrada. A su vez, el fraude mediante correos electrónicos corporativos provocó más de tres mil millones de dólares en pérdidas denunciadas en un solo país.
  • América Latina es la región más atacada. Con 3364 ataques semanales por organización y un crecimiento del 78 % en los incidentes de ransomware durante 2025, la región combina una elevada exposición con una limitada confianza en su capacidad para proteger infraestructuras críticas.

Para 2027 se identifican tres riesgos principales:

1. Explotación masiva acelerada por inteligencia artificial. Vulnerabilidades detectadas mediante IA podrían ser explotadas a gran escala a través de proveedores y componentes de código abierto, antes de que los equipos de seguridad puedan reaccionar.

2. La identidad, humana y no humana, bajo asedio. La suplantación en tiempo real mediante voz y video puede afectar los procesos de aprobación, mientras que los agentes de IA operan con credenciales y permisos que no siempre cuentan con mecanismos adecuados de control.

3. Extorsión que impide la recuperación. El robo de datos combinado con ataques contra copias de seguridad e infraestructura de virtualización puede comprometer la continuidad operativa, el cumplimiento normativo y la reputación de las organizaciones.

    El ingreso de Argentina a la alianza Pax Silica constituye una señal de alerta sobre esta orientación. La iniciativa se vincula con un nuevo orden geopolítico en el que la cadena de suministro de semiconductores, microchips, infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de inteligencia artificial adquiere un valor estratégico central.

    El eje Estados Unidos-Israel impulsa alianzas bilaterales y multilaterales que, según esta interpretación, buscan consolidar su influencia sobre las cadenas tecnológicas globales y ampliar su capacidad de intervención en América Latina.

    Con la incorporación a Pax Silica, la política tecnológica argentina profundiza una transformación de su posicionamiento internacional. Se trata de un proceso que, por su dimensión material, excede las categorías tradicionales con las que suele analizarse la dependencia económica y política.

    No estamos ante una simple transferencia de recursos ni ante una configuración política transitoria. El problema reside también en los mecanismos jurídicos, tecnológicos y financieros que pueden consolidar compromisos de largo plazo y limitar la capacidad de los futuros gobiernos para modificar las decisiones adoptadas. En el caso argentino, esta discusión también alcanza a las facilidades y beneficios del denominado Súper RIGI.

    La adopción de estándares técnicos privados estadounidenses y el reemplazo o la adquisición de equipamiento de origen chino por tecnología norteamericana para la red de Arsat y las posibles redes provinciales y nacionales privadas representan, desde esta perspectiva, un avance hacia una mayor dependencia tecnológica y una pérdida de autonomía sobre las redes y los datos del país.

    El escenario plantea riesgos de concentración tecnológica en un único proveedor extranjero, de control remoto de las redes y de exposición de información sensible, además de posibles ventajas comerciales para determinadas empresas.

    El hacking electoral comprende un conjunto de acciones que pueden configurar una plataforma de manipulación ilegal del proceso democrático. Incluye ataques cibernéticos contra bases de datos y sistemas de escrutinio, campañas de desinformación y difusión de deepfakes —imágenes, videos o audios creados o manipulados mediante inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje profundo— destinados a desestabilizar campañas o alterar la percepción pública.

    Los procesos electorales enfrentan cada vez más amenazas de intervenciones tecnológicas transnacionales. Los ciberataques pueden comprometer distintos componentes de la infraestructura electoral, desde los sistemas informáticos hasta los servicios de conectividad y transporte de información. Las urnas ya no constituyen el único objetivo: son la instancia final de un proceso de intervención más amplio que resulta necesario comprender para defender las democracias.

    El dispositivo de hacking electoral puede operar de manera coordinada sobre tres dimensiones estructurales:

    1. Capa de infraestructura. Incluye ataques DDoS (denegación de servicio distribuido), en los que múltiples dispositivos automatizados envían grandes volúmenes de tráfico malicioso a un servidor o una red. La saturación agota los recursos disponibles e impide el acceso de los usuarios legítimos. También contempla el uso de ransomware, programas maliciosos que bloquean sistemas o secuestran información y que podrían utilizarse para interrumpir la difusión de resultados e inducir situaciones de alarma.

    2. Capa lógica. Comprende la posible introducción de puertas traseras (backdoors) en el software de escrutinio. Estas vulnerabilidades podrían permitir la alteración de procesos informáticos, incluida la manipulación de porcentajes de votos, sin activar necesariamente las alertas previstas.

    3. Capa cognitiva. Se refiere al uso de infraestructuras algorítmicas para intervenir sobre la percepción y la subjetividad de las personas. En esta dimensión, el objetivo es capturar y manipular la atención ciudadana. Mediante técnicas de minería de datos se pueden elaborar perfiles psicométricos y dirigir campañas de miedo personalizadas. A su vez, las granjas de bots coordinadas pueden aprovechar los algoritmos de recomendación de las plataformas para viralizar difamaciones y multiplicar la circulación de deepfakes. El propósito no necesariamente es persuadir al electorado, sino paralizarlo o radicalizarlo mediante la saturación informativa y el miedo.

    Durante más de seis meses, Forbidden Stories y sus socios investigaron las actividades de un personaje identificado con el seudónimo de «Jorge», siguiendo su rastro hasta Modi’in-Maccabim-Re’ut, ciudad israelí donde se concentra parte de la industria de alta tecnología del país.

    En el mercado paralelo de la desinformación, empresas legales y estructuras clandestinas se han especializado en manipular la realidad y difundir relatos engañosos.

    En continuidad con el trabajo de Gauri Lankesh, periodista india asesinada en 2017 mientras investigaba la desinformación y las fábricas de noticias falsas, la investigación se adentró en una industria que utiliza distintos recursos para intervenir sobre los medios y la opinión pública, en detrimento del derecho a la información y la democracia.

    El trabajo periodístico puso al descubierto una estructura internacional de producción y despliegue de campañas de desinformación que, según sus hallazgos, puede ser utilizada para potenciar a sectores de la derecha internacional.

    Forbidden Stories identificó a Demoman International, empresa dirigida por Tal Hanan, exintegrante de las fuerzas especiales israelíes que trabaja de manera privada bajo el seudónimo de «Jorge». Según la investigación, Hanan habría participado clandestinamente en operaciones vinculadas con elecciones de distintos países durante más de dos décadas.

    El propio Hanan afirma haber intervenido de manera encubierta en 33 elecciones presidenciales. Sus servicios, presentados como «operaciones secretas», habrían estado disponibles para agencias de inteligencia, campañas políticas y empresas privadas interesadas en manipular la opinión pública. También sostuvo que esas operaciones se utilizaron en África, América del Sur y Central, Estados Unidos y Europa.

    Uno de los principales servicios del denominado Equipo Jorge es un paquete de software llamado Advanced Impact Media Solutions (AIMS). La herramienta permite administrar miles de perfiles falsos en redes sociales y plataformas digitales como Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram y YouTube. Algunos de esos avatares cuentan incluso con perfiles comerciales, tarjetas de crédito, monederos de bitcoin y cuentas de Airbnb.

    Para las organizaciones de derechos digitales, los antecedentes internacionales de este entramado tecnológico constituyen una advertencia sobre los riesgos asociados con el negocio electoral:

    1. Vigilancia y datos. Empresas tecnológicas de origen israelí han sido cuestionadas internacionalmente por desarrollar herramientas de intrusión y espionaje masivo, como el conocido sistema Pegasus. Las organizaciones críticas advierten que la administración de bases de datos con millones de electores argentinos y la arquitectura de los servidores de transmisión no deberían quedar expuestas a empresas vinculadas con agencias de inteligencia extranjeras.

    2. La pantalla de las «empresas locales». El desembarco de estas tecnologías no siempre se produce de manera directa. Puede concretarse a través de firmas locales que actúan como representantes o integradoras y adquieren licencias de software y hardware diseñado en Tel Aviv. Este mecanismo dificulta identificar el origen efectivo de los algoritmos que intervienen en los sistemas de procesamiento y recuento de votos.

    El riesgo que representa para Argentina la contratación de sistemas tecnológicos y software cerrados puede resumirse en tres dimensiones:

    Los acuerdos con empresas y gobiernos tecnológicamente avanzados pueden representar una oportunidad para mejorar distintos procesos públicos. Sin embargo, las políticas y los convenios del Gobierno argentino en materia de digitalización también plantean interrogantes sobre la autonomía tecnológica y la soberanía de los datos.

    Mientras el discurso oficial destaca la velocidad del recuento provisorio y el prestigio internacional de los proveedores, la falta de auditorías independientes puede convertirse en un factor de riesgo para la legitimidad de los resultados electorales.

    La integridad de una elección exige transparencia y mecanismos de control verificables. La contratación de sistemas cerrados, sin acceso suficiente al código fuente ni garantías de auditoría independiente, compromete la posibilidad de fiscalizar adecuadamente los procesos y las tecnologías que intervienen en el escrutinio.

    La Argentina se encuentra ante un escenario en el que la ciberseguridad, los ciberataques y la dependencia de infraestructuras tecnológicas extranjeras adquieren una dimensión decisiva. De cara a 2027, el desafío será garantizar que la modernización tecnológica no se traduzca en una pérdida de soberanía ni en un proceso electoral cuya transparencia y seguridad no puedan ser comprobadas.

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