Las centrales sindicales reclaman frenar la derogación del Estatuto del Periodista

Hugo Yasky y Hugo Godoy advierten que sin trabajadores de prensa con derechos no hay periodismo libre; y sin periodismo libre, tampoco hay ciudadanía plenamente informada.

IDEAS CLAVE
  • La vigencia del Estatuto: la posible derogación de la Ley 12908 a partir del 1 de enero de 2027 plantea un conflicto que requiere una intervención urgente del Congreso.
  • Una cuestión democrática: la defensa del Estatuto excede los derechos laborales del sector y compromete la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.
  • Un escenario de hostilidad: los firmantes denuncian agresiones, hostigamiento y presiones desde el poder que afectan el ejercicio profesional.
  • La actualización normativa: el proyecto propone incorporar los desafíos de la inteligencia artificial, mejorar las condiciones laborales y fortalecer la protección del trabajo periodístico.
  • Las presiones económicas: Godoy y Yasky vinculan la demora parlamentaria con los intereses de los monopolios de la comunicación y sus estrategias de reducción de costos.
  • Una definición política: sin trabajadores protegidos no hay periodismo independiente ni ciudadanía informada.

 La defensa del Estatuto del Periodista Profesional volvió a instalarse en el centro de la agenda sindical y política. La posible pérdida de vigencia de la Ley 12908, prevista para el 1 de enero de 2027 por efecto de la Ley de Modernización Laboral aprobada este año, encendió una señal de alarma entre las organizaciones de prensa y las centrales de trabajadores, que reclaman una respuesta urgente del Congreso.

En un pronunciamiento conjunto, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, exigieron a la senadora Carmen Álvarez Rivero que impulse el tratamiento inmediato de los proyectos destinados a impedir la derogación de la norma y promover su actualización. Advirtieron que, si el Parlamento no interviene antes de su entrada en vigencia, el país podría atravesar un retroceso institucional con consecuencias para el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a la información.

El reclamo no se limita a preservar una legislación laboral histórica. Según sostienen los dirigentes sindicales, el Estatuto constituye una herramienta fundamental para garantizar condiciones dignas de trabajo y proteger la independencia profesional frente a las presiones económicas y políticas. En ese sentido, vinculan la defensa de la norma con un escenario que describen como cada vez más hostil para quienes ejercen el periodismo: insultos desde el poder, hostigamiento a mujeres periodistas, agresiones policiales durante las protestas e intentos de imponer discursos únicos.

En ese contexto, advierten que proteger el trabajo periodístico también significa defender el derecho de la sociedad a conocer la verdad y contar con información plural. La discusión, por lo tanto, excede los intereses de un sector profesional: compromete pilares básicos de la vida democrática y la posibilidad de que la ciudadanía ejerza sus derechos en una sociedad informada.

El proyecto impulsado por los trabajadores de prensa, explican Godoy y Yasky, no pretende conservar una legislación ajena a las transformaciones de la actividad, sino adaptarla a los desafíos actuales. Entre sus propuestas figuran la regulación del uso de la inteligencia artificial, mejoras en las condiciones laborales y una mayor protección para quienes producen y acceden a la información pública. La actualización del Estatuto aparece así como una respuesta a los cambios tecnológicos y a las nuevas condiciones en las que se desarrolla el trabajo periodístico.

Sin embargo, pese al consenso alcanzado entre sindicatos, federaciones, centrales y distintas entidades del sector para sostener y modernizar la norma, las iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso continúan sin tratamiento. Para los firmantes, esa demora no es ajena a las disputas que atraviesan el sistema de medios. Señalan que frenar el debate responde a la presión de los monopolios de la comunicación, interesados en reducir costos laborales, precarizar el oficio y deteriorar la calidad de las noticias.

Como antecedente de esa preocupación, recuerdan la carta que los sindicatos de prensa entregaron al papa León XIV durante su reciente visita al país, en la que advirtieron que la eliminación del Estatuto vulneraría el derecho de la sociedad a estar informada. También recuperan las reiteradas intervenciones del pontífice en defensa de un periodismo libre y comprometido con la verdad, al que considera un servicio indispensable para la paz social, la dignidad humana y el bien común.

La exigencia de convocar urgentemente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sintetiza, finalmente, el alcance de la disputa. Lo que está en juego no es solamente la continuidad de una norma laboral, sino el reconocimiento de que no puede existir periodismo libre sin trabajadores protegidos, ni ciudadanía informada sin condiciones para producir y hacer circular información independiente.

La defensa del Estatuto del Periodista se convierte así en una discusión sobre el modelo de democracia que se pretende construir: una sociedad con diversidad de voces, derechos laborales y libertad para informar, o un escenario en el que la precarización y la concentración de poder debiliten las condiciones necesarias para el ejercicio del periodismo.

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