Etiquetado frontal: El manual del buen lobista

La clave del negocio de la industria alimentaria es que los consumidores compren comidas y bebidas sin saber bien qué contienen. A la luz del avance de múltiples enfermedades que aquejan a la población afectada por esa dieta, América Latina se convirtió en el escenario de un nuevo enfrentamiento entre quienes reclaman (y consiguen) políticas públicas y un lobby feroz que busca impedirlas, limitarlas o derribarlas.
Foto: Simón Burchell

En la Argentina, como en América Latina, las grandes marcas de la industria alimentaria no solo copan el mercado. Mientras en la góndola compiten por conquistar clientes para sus productos, trabajan unidas para paralizar y bloquear políticas públicas que buscan proteger la salud de los consumidores, como el proyecto de ley de etiquetado frontal. Para ello usan estrategias de cabildeo que han perfeccionado a lo largo de los años.

Desde hace décadas distintos investigadores vienen reuniendo información y pruebas para dejar en evidencia cómo operan las marcas en los diferentes espacios de poder con el fin de obturar políticas públicas. Nutrido de la evidencia disponible, El manual del buen lobista, elaborado por Delfina Torres Cabrero y Gino Viglianco para Qué hay detrás de una caja bonita, un especial multimedia sobre el etiquetado de los alimentos y su legislación en América Latina, producido por Bocado, muestra el paso a paso (registran diez) del riguroso trabajo que hacen las marcas que nos alimentan para que sigamos comiendo sin saber.

Los diez pasos que identifican Torres Cabrero y Viglianco son: demorar las leyes; comprar voluntades; crear un relato; disfrazarse de ciencia; dar miedo; hacer caridad; girar puertas; demandar; bloquear en bloque; intimidar.

Veamos a continuación qué dicen Torres Cabrero y Viglianco acerca de «crear un relato« y «disfrazarse de ciencia».

Crear un relato

Más que un actor económico, la industria se convirtió en un interlocutor autorizado en materia de salud pública. La legitimidad no la obtuvo presentando evidencia científica sino acumulando poder en distintos ámbitos.

Las marcas son expertas en posicionarse como parte de las soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad y que, en algunos casos, son alentados por ellas mismas. En 2008 la cámara comercial Chilealimentos creó el programa Chile crece sano para trabajar junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la lucha contra la obesidad. Y hay cientos de ejemplos similares.

En junio de este año la fundación de la empresa Danone lanzó en Argentina un programa de “educación alimentaria y nutricional en tiempos de pandemia” que implica “capacitar” a docentes de niños y niñas de cinco años. El programa, desarrollado en alianza con la Fundación Educacional —donde ponen dinero marcas como McDonalds, Coca Cola, Shell y Disney— se pensó para aplicar en jardines de infantes de la localidad bonaerense de Almirante Brown, en las inmediaciones de una de las plantas de producción de la firma. Un mes después, también en la Argentina, el Grupo Arcor, productor de golosinas, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación en el que comprometió una inversión de veinticinco millones de pesos (equivalentes a u$s 260.000) para el «desarrollo de contenidos educativos digitales» y “veinticuatro espacios de innovación con equipamiento multimedial en escuelas de todo el territorio nacional».

En Brasil desde el inicio de la discusión sobre la creación de un nuevo sistema de rotulado frontal, en 2014, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) puso en la misma mesa a investigadores en salud pública, organizaciones no gubernamentales y fabricantes de ultraprocesados. El peligro de la igualdad jerárquica se hizo más y más evidente a lo largo de los años, cuando Anvisa acabó por posicionarse a medio camino entre las presiones privadas y la salud pública. Al final, Brasil definió un sistema de rotulado que no está basado en las mejores evidencias científicas, un sistema de «lupas».

Otra estrategia empleada es crear una narrativa que invierte roles: es el consumidor quien tiene que resistir, estoico, el esfuerzo que la industria hace permanentemente para generar deseo y necesidad. «El modelo de octógonos negros es disuasivo, demoniza los alimentos y nosotros creemos que estas cosas son primero de elección y después de porción. Es distinto comerse una barra entera de chocolate que una barrita», dice Daniel Funes de Rioja, presidente de la poderosa Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que representa a 35 cámaras sectoriales y a más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas en la Argentina.

Las marcas proponen que, así como el consumidor debe aprender a comportarse, ellos podrán adecuarse generando mecanismos de autorregulación. Copal tiene su propio código de autorregulación para publicidad infantil: se lanzó oficialmente en 2019 en un acto con presencia del entonces secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y la directora nacional de Alimentos y Bebidas (y ex directora ejecutiva de Copal), Mercedes Nimo. Postula restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas que superen las doscientos kilocalorías por porción envasada en espacios y programas con audiencias compuestas en un 35% o más por menores de 12 años. Esto mismo hicieron asociaciones empresarias de toda la región —en Colombia, en Brasil, en Perú— y también empresas de manera unilateral como Kellogg´s y Ferrero.

Además, la publicidad. La plataforma económica que sostiene a los medios de comunicación y que los ha convertido en pieza clave para difundir sus mensajes comerciales disfrazados de notas informativas. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, asegura que cuando se debatía la ley de etiquetado en México surgieron en los medios «una gran cantidad de articulistas en contra, pagados por la industria. Medios de comunicación muy respetados publicando páginas enteras sobre el etiquetado firmadas por el staff como si fueran notas periodísticas, negándole el derecho al lector de saber si es una información pagada».

En Chile, después de la entrada en vigor de la ley y de su reglamento, la industria de comestibles afinó la mira para deslegitimar. Una de esas nuevas estrategias fue la campaña Hagámoslo bien que elaboró la cámara AB Chile e incluyó un comercial con los rostros más conocidos del deporte y el espectáculo diciendo que la ley era confusa. «Todos queremos que en Chile se coma más sano, pero esto no está claro», era el mensaje que fue rechazado por figuras del gobierno, la sociedad civil y la ciencia. «Al día siguiente todos estos rostros pedían perdón, que no sabían que habían sido engañados por la industria», recuerda el entonces senador Girardi.

En 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ordenó levantar un comercial difundido en televisión por las organizaciones colombianas Educar Consumidores para concientizar sobre el gran riesgo para la salud que representa el alto consumo de bebidas azucaradas. La campaña se titulaba Tómala en serio y causó tanto fastidio en la industria que el organismo oficial dispuso además que revisaría antes de su emisión «toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas». Es decir, aplicaría la censura previa. Finalmente, la Corte Suprema colombiana levantó el veto y habilitó la difusión del comercial, al considerar que restringir la información afectaba el derecho a la salud de los consumidores.

Disfrazarse de ciencia

En los años 60, cuando comenzaba el debate sobre la toxicidad del cigarrillo, circularon estudios que se presentaban como científicos cuando eran financiados por la industria del tabaco para negar los daños que causaban a la salud. Treinta años más tarde se hicieron públicos documentos internos de esa industria en los cuales se jactaban del éxito que tuvieron aquellas estrategias para socavar regulaciones que podrían haber salvado millones de vidas.

En esos mismos años otra industria estaba perfeccionando la misma estrategia: la industria de comestibles y bebidas.

Las marcas hablan permanentemente de salud. Lo hacen a través de supuestos expertos quienes, en momentos clave de la discusión, piden que no se «demonicen» los alimentos ultraprocesados y apuntan contra la propuesta de etiquetado frontal de advertencia en medios de comunicación y ámbitos de discusión de políticas públicas.

En Argentina, las semanas de debate por la ley de etiquetados tuvieron entre los referentes más consultados a médicos y nutricionistas relacionados con las marcas. Alberto Cormillot, que tiene una línea de productos ultraprocesados que llevan su nombre y conduce una fundación que recibió dinero de Coca Cola, dijo en televisión que con una norma tan «exigente» todos los alimentos tendrían sellos y se diluiría su efecto: «Si todo es negro, nada es negro».

También es una voz solicitada la de Monica Katz, exdirectora de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) —una organización que coloca su sello de aval en galletas azucaradas, yogures y sal— y partícipe de la campaña Tu porción justa, un rotulado creado por la empresa de golosinas Arcor para estimular el consumo «moderado» de productos que en Chile tienen dos, tres y hasta cuatro octógonos. Esta campaña fue denunciada por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) y Fundeps por considerar que su mensaje es «engañoso y riesgoso» y que se trata de una estrategia comercial que vulnera el derecho a la salud y a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Entrevistada por diferentes medios sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal, Katz ha manifestado: «Me preocupa que mi nieta recorra una góndola y vea que el yogur, que es algo que yo quiero incentivar, tiene etiqueta negra o una advertencia de peligro en calidad nutricional». Los yogures que tendrán sellos contienen hasta ocho cucharadas de azúcar ocultas, cuando el máximo diario recomendado por la OMS para un adulto es de seis.

A exponer ante el Congreso de Argentina han llegado profesionales que se presentan como independientes, aunque no lo son tanto. Como ejemplos, Susana Socolovsky, financiada por Coca Cola para la participación en simposios y congresos, y Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea), cuya posición —crítica del modelo de advertencias— llegó a este medio a través de la agencia de prensa de Danone.

«Si todos los consumidores hicieran ejercicio el problema de la obesidad no existiría», dijo Indra Nooyi, CEO de Pepsi. Coca Cola por su parte financiaban un instituto de investigación dedicado a convalidar con estudios esa teoría: La Red Global del Balance Energético. Entre los años 2010 y 2015 Coca Cola gastó casi u$s 120.000.000 para pagar investigaciones académicas, asociaciones con las principales agrupaciones médicas y programas de ejercicio para combatir la obesidad. Al menos doce de los científicos que ponían en duda el comúnmente aceptado vínculo entre azúcar y obesidad tenían lazos financieros con Coca Cola, que les había pagado millones de dólares.

En 1978 Alex Malaspina, entonces vicepresidente de Coca Cola, fundó el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI, por sus siglas en inglés) como «una oportunidad de unir a la industria alimentaria y llevar adelante investigaciones». Bayer, Mondelez, PepsiCo, Grupo Bimbo, Danone, Cargill y Dow son hoy algunas de las empresas que participan del grupo. «Llamemos al pan, pan, y a ILSI un grupo de lobby», dice un reporte de 2012 del Observatorio de las Corporaciones de Europa (CEO, por sus siglas en inglés), una organización que expone cómo operan en el trazado de políticas los intereses de empresas que no persiguen el bien.

El reporte describe cómo el ILSI ingresó a la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Logró colocar representantes en comisiones de tabaco, pesticidas, organismos genéticamente modificados, aditivos, azúcar, sal, grasas trans, en momentos de debate clave acerca de temas como la toxicidad de ciertos venenos, la seguridad de los transgénicos, la inocuidad de aditivos. Y, por supuesto, la relación entre productos ultraprocesados y obesidad. Apoyan su posición en estudios donde sus científicos escriben cosas como: “La disminución del gasto energético y de la actividad física y el número de horas invertidas en actividades sedentarias cumplirían un rol crítico (en la obesidad infantil)”, mientras que “el aumento de la ingesta calórica se encuentra aún más discutido y obedece a características individuales de cada región y a factores biológicos y culturales”.

En México ILSI fue denunciada como una corporación de lobby dedicada a impedir políticas públicas que pudieran resultar inconvenientes a Coca Cola. En 2015 ofreció una serie de estudios según los cuales que no existe relación entre bebidas endulzadas, obesidad y diabetes. El presidente de la organización entonces el ingeniero Raúl Portillo, a la vez director de Asuntos Científicos y Regulatorios de Coca Cola. ILSI fue denunciado por El Poder del Consumidor y el escándalo obligó al instituto a cerrar sus oficinas.

La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab) y el International Council of Beverages Associations (ICBA) son estructuras creadas a nivel supranacional para generar presión. Aunque llevan nombres que sugieren un interés por el bienestar —y se pueden confundir con entidades de la sociedad civil—, son alianzas empresariales. Cámaras que reúnen a otras cámaras de todos los países y ponen espalda con espalda a las grandes marcas de alimentos y bebidas de todo el mundo.

Desde que el Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas (Nupens) de la Universidad de San Pablo (USP) desarrolló la clasificación NOVA para identificar a los alimentos por su nivel de procesamiento (de sin procesar a ultraprocesados), y más aún cuando esta clasificación se popularizó al ser incorporada a la Guía Alimentaria para la Población Brasileña del Ministerio de Salud, en 2014, uno de los esfuerzos más grandes de la ciencia patrocinada por la industria está puesto en desacreditarlo.

Brasil se convirtió en un escenario central en esta batalla, que terminó extendiéndose por toda América Latina. Las asociaciones nacionales y regionales de tecnología alimentaria son los principales impulsores de los argumentos movilizados por las corporaciones en contra de los estudios científicos que se realizan desde las universidades nacionales de ese país. Entrevistas, simposios, encuentros con estudiantes y profesionales de la salud intentan convencer de que la expresión «ultraprocesados» no tiene sentido y que no existen alimentos buenos ni malos para nombrarlos específicamente.

En un estudio firmado por la Universidad de Costa Rica (que participa de la junta directiva de ILSI en Mesoamérica) y la Asociación de Tecnología Alimentaria de Costa Rica (Ascota) asegura que el término «ultraprocesados» «no tiene fundamento científico» y critica directamente la clasificación de alimentos NOVA. Para el estudio, la preocupación por el consumo de este tipo de alimentos tiene una raíz «ideológica» alentada, en parte, por bloggers carismáticos que eligen referirse a la alimentación como un «tema de moda».

La deslegitimación a instituciones y profesionales ha llegado a casos extremos donde los que se cuestiona son esos espacios y autoridades en sí. En Argentina la entonces directora de la Sociedad Argentina de Nutrición dijo en repetidas oportunidades que la Organización Panamericana de Salud no era parte de la Organización Mundial de la Salud. Algo similar ha ocurrido en la región Caribe: en un simposio desarrollado para plantear perspectivas sobre el etiquetado frontal la industria ha salido a cuestionar públicamente la autoridad de la organización: «No es una fuente confiable».

Por último y desde un tiempo muy anterior a estos debates, la industria participa asidua y regularmente de congresos y espacios de formación para profesionales y de las sociedades específicas. Coca Cola ha estado presente en los Congresos Latinoamericanos de Nutrición junto con empresas como Herbalife. Nestlé pareciera ser socio estratégico de todas las sociedades de pediatría del continente y de otras que en apariencia no tienen que ver con rubros que serían de su interés. Por ejemplo, un gerente de Nestlé participó en la Diabetes Association Trinidad & Tobago Expo 2017. Unilever es socio del Instituto Nacional del Corazón en Colombia y de la Federación Mundial del Corazón. En un estudio se encontró que en los eventos científicos de América Latina y el Caribe cuyos patrocinadores eran de acceso público hubo 92 actores de la industria de alimentos auspiciando el 88 % de los eventos.

Qué propone el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos

El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, también conocida como de etiquetado frontal, es una propuesta recomendada por los principales organismos internacionales, que ya funciona en otros países y que el año pasado logró la media sanción del Senado. El 13 de julio, luego de haber estado estancado nueve meses por la fuerte presión de las empresas trasnacionales de alimentos, el proyecto obtuvo dictamen favorable en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados. El dictamen de mayoría reunió 91 firmas para avalar la media sanción del Senado.

De ser aprobado, uno de los puntos más importantes es que los alimentos y bebidas analcohólicas que se comercialicen envasados incluyan, de manera obligatoria, información nutricional en el frente de los envases con un sello de forma octogonal de color negro que indique el exceso de azúcares, grasas, sodio y demás contenidos que son los principales causantes de riesgos graves para la salud.

Puntos destacados del proyecto

– Advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz.

– Promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

– Está dirigido a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.

– Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en la Argentina deben colocar leyendas como «Exceso en azúcares», «Exceso en sodio», «Exceso en grasas saturadas», «Exceso en grasas totales» o «Exceso en calorías».

– En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: «Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as».

– En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda: «Contiene cafeína. Evitar en niños/as».

– El sello adoptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas.

– El tamaño de cada sello no será nunca inferior al cinco por ciento de la superficie de la cara principal del envase.

– No podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. En caso de que el área de la cara principal del envase sea igual o menor a diez centímetros cuadrados y contenga más de un sello, la autoridad de aplicación determinará la forma adecuada de colocación de los sellos.

– Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

– Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.

– Se prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen en sus envases información nutricional complementaria, logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, etcétera.

– Se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes.

– Se prohíbe resaltar declaraciones nutricionales complementarias que destaquen cualidades positivas y/o nutritivas de los productos.

– Se prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, la entrega o promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos, juegos, descargas digitales, o cualquier otro elemento, como así también la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales.

– Se prohíbe la promoción o entrega a título gratuito.

– El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del país.

– Los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos del Sistema Educativo Nacional.

– El Estado nacional priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia.

– Se encomienda al Poder Ejecutivo la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino a efectos de adecuar sus disposiciones a la presente ley.

La OPS, la FAO y Unicef recomiendan su aprobación

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Unicef recomendaron apoyar «sin cambios y sin más dilaciones» la sanción del proyecto de ley que establece el etiquetado frontal de alimentos.

Las tres organizaciones de las Naciones Unidas consideraron, en un posicionamiento en conjunto, que, si la Cámara de Diputados sanciona la ley, tal como fue aprobada por el Senado de la Nación, hará que la Argentina «de un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes».

¿Manzur, un oponente de peso?

En una reciente nota, Delfina Torres Cabrero, coautora de El manual del buen lobista, opina que con Juan Manzur en el gobierno nacional la ley de etiquetado frontal suma un oponente de peso.

Torres Cabrero recuerda que «Manzur también fue el detractor máximo del impuesto a las bebidas azucaradas que intentó introducir la gestión de Mauricio Macri en la reforma tributaria de 2017, medida que demostró tener resultados exitosos para la salud en otros países. La desactivación de la iniciativa fue negociada personalmente por Manzur y José Alperovich —principal padrino político de Manzur— con los entonces ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne y anunciada por los tucumanos como una victoria. La gestión incluyó el trabajo codo a codo de Manzur con Coca Cola, tal como él mismo expuso en sus redes sociales».

No obstante, señala que «la política no es lineal y el nuevo cargo de Manzur no anula por completo la posibilidad de que la ley sea sancionada. Más aún cuando cuenta con un respaldo transversal dentro del Congreso, el aval del Ministerio de Salud y la presión de una sociedad civil cada vez más organizada. De hecho, aunque es conocido como un ferviente católico con posiciones antilegalización del aborto y fue denunciado penalmente en 2019 por obstaculizar el acceso al aborto legal a una nena de once años violada, su gestión como ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner no se reflejó directamente en un repliegue de la agenda de derechos sexuales. Pero sobre este dato no hay duda: es un oponente acérrimo y confeso a la ley de etiquetado frontal, sentado en la segunda silla de mayor importancia de la Casa Rosada».

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