La CIDH fija estándares de derechos humanos para las políticas fiscales en las Américas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/26, «Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas», un documento que establece un precedente regional al afirmar que las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público y endeudamiento deben evaluarse bajo parámetros de derechos humanos.
La resolución sostiene que las políticas fiscales no pueden reducirse a instrumentos técnicos o meramente económicos, sino que constituyen herramientas centrales para garantizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En una región marcada por profundas desigualdades estructurales y crisis recurrentes, la CIDH propone orientar las decisiones estatales hacia criterios de equidad, inclusión y justicia distributiva. De este modo, cuestiones como la política tributaria, el gasto público, la deuda o las medidas de ajuste deben analizarse según su impacto sobre la garantía efectiva de derechos.
Entre los principales lineamientos de la Resolución 2/26 se destacan:
- Compatibilidad con los derechos humanos: toda medida fiscal debe respetar los compromisos internacionales asumidos por los Estados.
- Igualdad y no discriminación: los sistemas tributarios y presupuestarios deben corregir desigualdades estructurales vinculadas al género, la raza o la condición social.
- Progresividad y no regresividad: se promueve una estructura impositiva progresiva y se rechazan retrocesos injustificados en materia de derechos.
- Movilización del máximo de recursos disponibles: los Estados deben ampliar su capacidad fiscal mediante el combate a la evasión, la corrupción y los privilegios fiscales injustificados.
- Protección de niveles mínimos esenciales: incluso en contextos de crisis, áreas como salud, educación, seguridad social y cuidados deben contar con protección reforzada.
- Participación y transparencia: se impulsa la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana en las decisiones fiscales.
- Deuda pública y austeridad: las políticas de ajuste solo pueden aplicarse de manera excepcional, temporal y proporcional, sin afectar derechos fundamentales.
En materia tributaria, la CIDH recomienda fortalecer los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio, revisar exenciones fiscales y avanzar en medidas regulatorias como gravámenes ambientales o impuestos a productos nocivos para la salud.
La medida impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.
Respecto del presupuesto y el gasto público, el organismo subraya que el presupuesto estatal constituye la principal herramienta para transformar obligaciones jurídicas en políticas concretas, por lo que su diseño debe contemplar criterios de suficiencia y equidad.
Sobre deuda y sostenibilidad fiscal, la resolución advierte que los procesos de endeudamiento insostenible y las condicionalidades impuestas desde el exterior pueden comprometer seriamente la capacidad de los Estados para garantizar derechos.
Asimismo, remarca que las medidas extraordinarias adoptadas en situaciones de crisis o emergencia deben cumplir requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
La CIDH también alerta sobre los efectos de la corrupción y de la captura institucional por parte de sectores de poder económico, fenómenos que distorsionan las prioridades fiscales, erosionan la calidad democrática y debilitan la protección de derechos.
La resolución adquiere especial relevancia en países que atraviesan fuertes programas de ajuste fiscal y conflictividad social, como Argentina. La CIDH advierte que los recortes en áreas sensibles —como educación, salud o protección social—, cuando no cuentan con una justificación compatible con estándares de derechos humanos, profundizan las desigualdades y afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
En ese contexto, episodios recientes como la Marcha Federal Universitaria o las denuncias sobre irregularidades en programas de discapacidad, entre otros, exponen cómo las decisiones sobre la administración de recursos públicos tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de personas.
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