Australia: El fracaso de los acuerdos voluntarios plataformas-medios obliga al gobierno a cambiar la regulación
Tras el vencimiento de los convenios con Meta y la opacidad en las negociaciones de Google, el gobierno australiano evalúa un impuesto directo del 2,25 % a las grandes plataformas para financiar el periodismo y corregir las deudas de transparencia y equidad del modelo de 2021.
La implementación del Código de Negociación de Medios de Noticias en Australia, que en 2021 marcó un precedente jurídico y de políticas a nivel global, entró en una fase de revisión crítica. Lo que inicialmente se presentó como la solución innovadora para corregir el desequilibrio de poder entre productores de noticias y plataformas digitales, demanda cuatro años después un diagnóstico y revisión que ponga límites.
Los límites de la «voluntad» y la opacidad
Como se señalara en un análisis previo, el modelo australiano se erigió sobre una premisa de incentivos asimétricos: el Estado otorgó en 2021 a Google y Meta un margen de maniobra para firmar acuerdos privados bajo la amenaza de una «designación» formal. Esto activaría un arbitraje obligatorio de «oferta final». Sin embargo, la realidad de su aplicación demuestra que el código se aplicó poco y nada en su fase coercitiva. Y dejó el equilibrio en manos de la voluntad corporativa.
Durante los primeros años se inyectaron cerca de doscientos millones de dólares australianos anuales al ecosistema de medios. Pero este monto ocultaba una debilidad estructural: los fondos no llegaron como una reparación por el valor del contenido, sino como un «canon de tranquilidad» pagado por las plataformas para evitar la regulación estricta. El diagnóstico ya era claro en 2024: no había datos públicos sobre los montos ni transparencia en las condiciones. Quedó claro que no resulta posible equilibrar la relación. Las plataformas continuaron con la imposición de sus términos, con la decisión en las firmas de «acuerdos» y la definición de criterios de «calidad» o «alcance» jerarquizar la información.
Este escenario confirma que la sostenibilidad del periodismo no puede quedar anclada a acuerdos privados opacos. Mientras Google ha mantenido una postura de negociación (aunque bajo sus propias reglas de optimización del buscador), el «apagón informativo» de Meta revela la vulnerabilidad del sistema cuando depende de que el mercado resuelva las asimetrías una vez que el Estado «invitara» a las partes a sentarse. La política de «esperar y ver» del gobierno australiano permitió que los contratos vencieran sin que se activaran los mecanismos de arbitraje previstos. Y dejó a las redacciones en una situación de extrema fragilidad.
¿Hacia una regulación de “segunda generación”?
La dimensión política de esta revisión trasciende las transferencias de recursos económicos; es una batalla por la soberanía (no solo) informativa. Ante el fracaso de los acuerdos voluntarios para garantizar el pluralismo, el gobierno australiano ha comenzado a diseñar una regulación que se propone revisar los errores anteriores. Se habilita la incertidumbre: ¿será una de «segunda generación»?
El debate se ha desplazado hacia el News Bargaining Incentive (NBI) y la posibilidad de un impuesto directo. Ya no se trata solo de «invitar a negociar», sino de establecer una carga fiscal del 2,25 % sobre los ingresos locales de las plataformas que no demuestren acuerdos justos. Los ejes de esta nueva política pública buscarían resolver las deudas pendientes del primer código:
- Transparencia obligatoria: frente a la opacidad de los acuerdos previos, la nueva fase exige que los datos sean auditables y que los fondos se destinen efectivamente a las cuestiones prefijadas.
- Distribución centralizada y equitativa: el modelo inicial benefició desproporcionadamente a los grandes conglomerados. La revisión actual prioriza un fondo específico para el periodismo local, regional y comunitario.
- Condicionalidad laboral: una de las propuestas más disruptivas es que el dinero recibido por los medios se distribuya según el número de periodistas a tiempo completo.
El tema está en agenda en todas las regiones del mundo. De hecho, y en sintonía con lo que se propone en Australia, la justicia europea acaba de respaldar ese ítem clave: los medios tienen derecho a recibir una remuneración equitativa cuando sus contenidos son usados por redes sociales y agregadores.
El diagnóstico de 2026 debe incorporar un elemento que no estaba en el radar principal en 2021: la inteligencia rrtificial generativa. Como se ha subrayado, herramientas como Google Gemini u OpenAI reconfiguran el tráfico web al ofrecer resúmenes directos que evitan que el usuario haga clic en la fuente original. Esto agrava la asimetría: las plataformas ya no solo «ordenan» la información, sino que la «canibalizan» para entrenar sus modelos. La revisión australiana contempla incluir a la IA dentro del marco de compensación. Si el contenido periodístico es el insumo para que la IA genere valor, debe haber una retribución que no dependa exclusivamente del tráfico generado (mediante clics), sino del uso del material para el entrenamiento y la salida de datos.
Lecciones para América Latina
Para nuestra región, el caso australiano es un laboratorio imprescindible. La lección fundamental de este proceso es que la regulación de plataformas no es un acto legislativo de una sola vez, sino una vigilancia constante. Como ya advertimos, permitir que las plataformas elijan con quién negocian perpetúa la concentración mediática. Por su parte, el Estado no puede ser un espectador; debe tener la capacidad técnica de auditar algoritmos y sancionar los incumplimientos.
El objetivo final debe ser garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, no la rentabilidad de las empresas periodísticas tradicionales. Australia reconoce que el Código de Negociación fue un primer paso, que resultó necesario pero insuficiente. El éxito de la nueva fase regulatoria determinará si el periodismo puede sobrevivir como un bien público o si quedará reducido a un subproducto de los ecosistemas cerrados de las grandes plataformas dominantes.
Santiago Marino
Investigador asociado a Observacom, que comparte sus contenidos bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC 4.0).
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