Política, políticas y comunicación

La derrota electoral expuso las grietas del Frente de Todos, generó cambios y habilitó una serie de balances sobre la gestión. ¿Será (también) la comunicación?

Los resultados de las PASO del 12 de septiembre expusieron una crisis política a cielo abierto. Entre las múltiples razones de la derrota del Gobierno asomó, aunque esta vez no encabeza la lista, la tesis de la comunicación como un problema. La idea sería que, además de la crisis económica y los escándalos en el marco de la gestión de la pandemia, «se comunica mal».

Las decisiones implementadas en las últimas dos semanas configuraron una serie de cambios en el elenco de gestión que se extiende a ministerios y algunos espacios áreas claves. Entre ellas, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. El área, tras la renuncia de Francisco Meritello, será la única —por ahora— en la que una mujer reemplazará a un varón en el cargo, ya que en ese lugar el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, designó a la periodista Valeria Zapesochny. Sin embargo, la cuestión de la (dis)paridad de género es un debate que nos excede.

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Lo que sí resulta un objetivo es marcar que este relanzamiento de la administración Fernández tras el cisma electoral habilita a configurar un balance y una serie de pendientes en materia de políticas de comunicación. Es decir, a analizar qué hizo hasta hora y qué está pendiente en materia del Estado como administrador, gestor y regulador del sistema de comunicaciones.

Ya en su asunción, en 2019 -antes de la pandemia-, resultaba claro que la cuestión no estaría en el centro de la agenda del Gobierno. Apenas había lugar para un proyecto de repensar la pauta oficial de publicidad y sus objetivos y poco más.

Lo hecho y lo pendiente

La pandemia cambió todo. El derrotero del aislamiento para la adecuación del sistema de salud y el traslado al hogar de gran parte de las tareas de educación, investigación y trabajo expuso las magras condiciones de funcionamiento de los servicios de Internet en el país. Eso, combinado con la creciente inflación y con el sector de esos servicios al tope de los aumentos de precios, habilitó a la principal medida del gobierno de Fernández en materia de comunicación: el DNU 690, de agosto de 2020.

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Con esa medida, avanzó en definiciones sobre la prestación de los servicios de Internet, telefonía móvil y TV paga como servicio público. Además, suspendió los aumentos de sus tarifas hasta fin de 2020 y amplió la capacidad de acción del organismo regulador. Sin embargo, poco más de un año después de su sanción, no tiene logros significativos para mostrar.

La reacción de las empresas del sector recibió el apoyo de distintas instancias del Poder Judicial y mediante la judicialización se frenó su aplicación para casi todos los actores. Los aumentos de las tarifas llegaron apenas a la mitad (26,4%) de la inflación promedio de los últimos doce meses (51,4%), pero desde un tiempo ya no demandan la aprobación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por parte de las empresas para establecer aumentos.

La semana pasada, los reclamos del sector fueron expresados en las jornadas organizadas por la Asociación Argentina de TV por Cable. Allí, el ámbito corporativo compartió que «la intervención del Estado ha tenido un impacto absolutamente negativo, con una retracción notable de la inversión».

Por otra parte, el sistema de medios sigue fuertemente concentrado y con alta incidencia de capitales extranjeros. Esos rasgos fueron permitidos y coadyuvados por la administración de Macri, pero nada ha cambiado desde entonces, como tampoco en materia de Publicidad Oficial, más allá del incremento en el gasto y la divulgación sistemática de sus destinos.

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Otro aspecto que engrosa el debe de la actual gestión es la administración de los fondos para los medios sin afán de lucro. La situación habilitó una serie de reclamos del sector frente al Enacom.

Por último, mientras el espacio audiovisual ampliado argentino continua en franca expansión, con emergencia de nuevos actores y modelos, la omisión regulatoria beneficia a los gigantes globales, que compiten sin regulación con actores nacionales que operan bajo normativas nacionales en un ecosistema que se vuelve cada vez más dinámico. Ampliar la regulación al sector podría ser un paso adelante en la modificación del escenario.

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