Otro DNU para liberar el mercado de telefonía, Internet y TV
Algo similar a lo que sucedió en el mercado de las prepagas de salud, este miércoles 10 de abril el Gobierno nacional emitió el decreto de necesidad y urgencia 302/2024, que liberaliza el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). De esta manera elimina la regulación de precios en los servicios de telefonía, TV por cable e internet.
Según el texto de este nuevo decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27078, el objetivo de esta medida es fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.
Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.
La publicación en el boletín oficial señala que «El presidente en acuerdo general de ministros decreta: «Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27078 y sus modificatorias por el siguiente «los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación»».
A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
El texto oficial establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.
Milei anula la regulación de precios y da vía libre a intereses pesados | Por Martín Becerra
Entre las motivaciones de esta reforma, se señala la necesidad de incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el Gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.
Entre otros fundamentos para tomar la iniciativa, el gobierno puntualizó los siguientes argumentos: «Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20».
Además, el decreto sostiene «que, en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente».
Con esta decisión. el Gobierno anuló el Decreto de 690/2020 con el que la administración anterior de Alberto Fernández buscó, por la emergencia sanitaria del covid, controlar los precios de los principales servicios de TV por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet. Aunque el Gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.
En los hechos, el Decreto 690 no estaba vigente debido a su suspensión por recursos de amparo que las empresas fueron consiguiendo para eludir su cumplimiento poco tiempo después de ser sancionado. Además, la Corte Suprema rechazó sistemáticamente los recursos presentados por el Estado Nacional para que se expida sobre la cuestión con el argumento de que, al no haber resoluciones de fondo —solo medidas cautelares dispuestas por la propia Justicia— no podía pronunciarse. Este cúmulo de instancias judiciales en favor de las empresas del rubro, que se sumaron una sobre otra, permitió el incremento discrecional de las tarifas, que tuvieron una fuerte incidencia en el desarrollo del proceso inflacionario.
Foto: Tony Stoddard | Unsplash
