La Justicia prorroga otros seis meses la cautelar en favor de Telecom para fijar sus precios
La Justicia renovó el amparo a favor de Telecom contra el DNU que Alberto Fernández había firmado en 2020 y que declaró a la telefonía celular, Internet y la TV por cable como «servicios públicos». La empresa lleva dos años con ese «paraguas» legal, luego extendido a otras operadoras del sector.
La Justicia prorrogó por otros seis meses la cautelar a favor de Telecom Argentina contra el decreto que firmó Alberto Fernández en 2020 y que había declarado a la telefonía celular, Internet y la televisión por cable como servicios públicos y, por tanto, sus precios deberían estar fijados y autorizados por el Estado. gracias a este nuevo amparo judicial, la empresa podrá seguir teniendo libertad para definir los valores que cobra por esas prestaciones.
Así lo notificó la compañía, en una nota enviada este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV). «Informamos de la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo federal 8 que, en los autos «Telecom Argentina SA c/EN-Enacom y otro s/medida cautelar (autónoma)» (…) resolvió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar oportundamente otorgada en las citadas actuaciones, por el plazo de seis meses, conforme artículo 5 de la ley 26.854», precisó.
De esta forma, Telecom ya cumple dos años para operar con paraguas judicial, tras la primera medida cautelar que obtuvo a su favor por este conflicto en abril de 2021. Esa decisión judicial suspendió todos los efectos de la aplicación del decreto.
En agosto de 2020, en plena pandemia, el presidente Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia 690. La declaración de Internet, telefonía móvil y TV por cable como servicios públicos implicó que sus precios pasaran a estar totalmente regulados. Fundamentalmente, en cuanto a sus valores, que se regirían por una pauta establecida por el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom). Además, en un contexto en el que se volvieron esenciales durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO), el decreto creó una «prestación básica universal y obligatoria» (PBU).
Toda la industria de telecomunicaciones encendió alarmas por el impacto que supuestamente el decreto tendría en materia de inversiones. Telecom fue la telco que más rápido reaccionó en Tribunales. Obtuvo distintos fallos a favor, algunos de los cuales se hicieron extensivos, también a todo el sector. La primera cautelar fue en abril de 2021. Tiempo después, también Telefónica y Claro consiguieron sus propios amparos. Las tres —que consolidan más del 90 % del mercado— operan bajo esa cobertura desde entonces.
En los hechos, eso dejó a la pauta de aumentos que fija el Enacom, prácticamente, como algo testimonial. Por ejemplo, en enero, el ente permitió aumentos escalonados de hasta el 17,6 % de febrero a abril. Las grandes operadoras informaron a sus clientes subas de hasta el 30 % sólo en el primer mes del año. De hecho, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a ese periodo fue del seis por ciento y el rubro Comunicación subió el ocho por ciento por las subas en los servicios de telefónia e Internet. En febrero y marzo, volvieron a ajustar sus precios.
Al 30 de septiembre —última información disponible—, Telecom tenía, bajo las marcas Flow y Personal, veinte millones de clientes de telefónia móvil, 3.500.000 de TV por cable y 4.200.000 de abonos de banda ancha. Su controlante es Cablevisión Holding, sociedad entre el fondo mexicano Fintech y el mismo grupo de accionistas propietario del Grupo Clarín.
