Argentina concentra los peores registros en el informe anual de la CIDH sobre libertad de expresión
El Informe Anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) traza un mapa de las Américas en el que la prensa enfrenta violencia física, judicialización y hostigamiento estatal. Argentina ocupa un lugar destacado: los casos de agresión a periodistas superaron el récord histórico y el organismo internacional documenta un patrón de deterioro sistemático que involucra al propio Poder Ejecutivo como agresor principal.
El informe anual de la RELE de la CIDH, aprobado el 30 de diciembre de 2025, dedica un extenso capítulo a la situación hemisférica. En ese marco, Argentina emerge como uno de los casos de mayor preocupación del año, con indicadores que superan los registros históricos de violencia contra la prensa.
Según datos del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentados en la audiencia del 194º período ordinario de sesiones de la CIDH (Miami, noviembre de 2025), los casos de agresión contra periodistas aumentaron un 53 % en 2024 respecto del año anterior, con 179 incidentes. En 2025 se registraron 256 casos. El Poder Ejecutivo Nacional fue identificado en todos los relevamientos como el principal agresor.
La Relatoría documentó amenazas de muerte contra periodistas en distintas provincias —Córdoba, Misiones, La Rioja, Río Negro, Salta, Buenos Aires—, perpetradas en varios casos por funcionarios públicos o actores directamente vinculados al ejercicio del poder. Entre los episodios más graves se cuenta la agresión al reportero gráfico independiente Pablo Grillo, alcanzado el 12 de marzo por una granada de gas lacrimógeno disparada por efectivos de la Gendarmería Nacional mientras cubría la marcha de los jubilados frente al Congreso Nacional. Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Al menos quince periodistas más resultaron heridos en esa misma jornada. La CIDH emitió un comunicado de prensa exhortando al Estado a garantizar la libertad de expresión y a ajustar la actuación de las fuerzas de seguridad a los estándares interamericanos.
A lo largo del año se repitieron agresiones similares en marchas de abril, mayo, julio y agosto: balas de goma, gases lacrimógenos, chorros de camiones hidrantes y detenciones presuntamente arbitrarias de fotoperiodistas. Los periodistas Nicolás Munafó (C5N), Lula González (El Destape) y Rodrigo Ruiz (Revista Cítrica) figuran entre los afectados directos, en episodios que en varios casos quedaron registrados en transmisiones en vivo. La Relatoría calificó estos hechos como parte de un «patrón deliberado de violencia» que convierte a los trabajadores de prensa en «objetivos específicos de las fuerzas de seguridad».
Judicialización, acreditaciones y vigilancia: el hostigamiento institucional
Más allá de la violencia directa, el informe registra con igual preocupación el uso de mecanismos institucionales como herramientas de presión sobre el periodismo. En mayo de 2025, el presidente Milei presentó ante la Cámara Federal denuncias penales por presuntas injurias y calumnias contra los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Viviana Canosa (Canal 13) y Ari Lijalad (El Destape). En julio, amplió las acciones judiciales contra Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos. Algunas de esas denuncias fueron desestimadas por la justicia, que consideró las expresiones periodísticas amparadas por la libertad de prensa.
La Relatoría enmarca estas prácticas dentro de los denominados Slapp (litigios estratégicos contra la participación pública), definidos como «un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados». El informe señala que el uso del derecho penal para limitar la expresión sobre asuntos de interés público contraviene el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El organismo también consigna dos casos de presunta censura judicial previa: en septiembre, un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires prohibió la difusión de audios que involucraban a la Secretaria General de la Presidencia; en Tucumán, el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital habría ordenado el cese de difusión de contenidos que cuestionaran al Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios introdujo nuevos criterios de acreditación para el acceso de periodistas a la Casa de Gobierno: cupos máximos, declaraciones juradas obligatorias, una «matriz de evaluación objetiva» basada en audiencia y alcance, y un código de vestimenta formal. La normativa tipificó como falta grave la transmisión en vivo o la toma de fotografías sin autorización expresa, y estableció que dos faltas graves podrían ser causales de revocación de acreditación. Entre los medios afectados se reportaron El Día y Clarín. La Relatoría recuerda que cualquier restricción a periodistas en fuentes oficiales debe responder a criterios objetivos y transparentes, previamente establecidos, y que corresponde al Estado demostrar su legalidad y proporcionalidad.
A todo esto, se suma el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que autoriza recabar información sobre personas que «erosionen» la confianza en funcionarios, «manipulen» la opinión pública o difundan «desinformación». La Relatoría advierte que su redacción «vaga y ambigua» podría facilitar vigilancia indebida contra periodistas, economistas y opositores.
El periodista Hugo Alconada Mon (La Nación), que expuso los contenidos del PIN, denunció hostigamiento e intrusión informática tras su publicación. El Decreto 383/2025, que aprobó el nuevo estatuto de la Policía Federal, también despertó alertas: autoriza tareas de prevención del delito en «espacios públicos digitales» —redes sociales abiertas, sitios web públicos— sin autorización judicial, lo que organizaciones de la sociedad civil calificaron como riesgo de perfilamiento discriminatorio y vigilancia masiva.
El discurso presidencial como amplificador del acoso
El informe dedica un apartado específico al rol de los discursos oficiales en la degradación del entorno periodístico. La Relatoría registró que durante 2025 el presidente Javier Milei calificó reiteradamente a periodistas y medios con términos como «basura mentirosa», «corruptos», «mandriles», «sicarios» y «cerdos», y que la cuenta presidencial en redes sociales reprodujo y amplificó publicaciones con mensajes similares. La etiqueta #NOLSALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas) circuló como herramienta de descrédito contra coberturas y opiniones.
Varias organizaciones (CELS, Amnistía Internacional, Fopea y otras) denunciaron estos señalamientos como parte de una «campaña de odio» sistemática, con impactos especialmente severos sobre mujeres periodistas. Jorge Fontevecchia, director del grupo Perfil, presentó en mayo una denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py contra el mandatario por presunta violación de la Ley Antidiscriminación, alegando «incitación al odio» y «persecución hacia el colectivo de periodistas».
Frente a estas prácticas, la Relatoría reitera que los señalamientos estigmatizantes de altos funcionarios «pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia» y colocar a periodistas en mayor vulnerabilidad. El Estado tiene, según el organismo, no solo un deber de abstención frente a restricciones indebidas, sino también una obligación positiva de garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Pauta cero, acceso restringido: el financiamiento y la información pública en disputa
Dos ejes adicionales completan el cuadro argentino en el informe. El primero es la política de eliminación de la publicidad oficial, bautizada «Pauta Cero», que el Ministerio de Capital Humano confirmó a comienzos de 2025 al dar de baja la Dirección de Gestión Administrativa encargada de gestionarla. El 1° de marzo, el presidente afirmó públicamente que se eliminaba la pauta para evitar el uso de fondos públicos en favor de «periodistas mentirosos pagados por el erario». El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la cuenta oficial de la Casa Rosada presentó la medida como garantía de «libertad de prensa absoluta». Organizaciones del sector advirtieron, en cambio, que la supresión generó dificultades financieras para los medios y afectó la estabilidad del empleo periodístico.
El segundo eje es el acceso a la información pública. En audiencia ante la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Decreto 780/2024 redujo el alcance del concepto de información pública al excluir «deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo», e introdujo la condición de buena fe para los solicitantes —lo que podría derivar en consecuencias patrimoniales negativas— e impuso costas judiciales a quienes peticionen, funcionando como desincentivo para periodistas y organizaciones. En sentido contrario, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la periodista Giselle Leclercq (Perfil), quien había solicitado información a Aerolíneas Argentinas sobre sus gastos en publicidad y propaganda durante 2024, datos que las autoridades habían calificado de «secretos». El fallo reafirmó el carácter público de esa información.
Las conclusiones regionales y sus recomendaciones a los Estados
El Capítulo III del informe presenta un cuadro hemisférico igualmente alarmante. En 2025 se documentó el asesinato de al menos veintisiete periodistas y comunicadores en ocho países: México encabeza la lista con once casos, seguido por Perú (cuatro), Ecuador (cuatro), Brasil (tres), Honduras (dos), Colombia (uno), Guatemala (uno) y Venezuela (uno). La Relatoría calificó la violencia contra periodistas como «la forma más extrema de censura y subrayó el triple impacto que genera: vulnera el derecho de las víctimas, produce un efecto inhibitorio sobre otros comunicadores y afecta el derecho de la sociedad a recibir información.
A escala regional, el informe identifica cuatro tendencias preocupantes: la persistencia de la violencia física en contextos de protesta —con Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Perú explícitamente señalados—; la expansión de mecanismos de judicialización y estigmatización contra la prensa por parte de funcionarios; el deterioro del acceso a la información pública, con modificaciones regresivas en México y Argentina; y el avance de legislaciones sobre vigilancia digital que, como el PIN argentino, el sistema Córtex en Brasil y la Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador, abren la puerta al monitoreo sin suficiente control democrático.
En el ámbito digital, la Relatoría registró además casos de uso de inteligencia artificial para generar deepfakes y contenidos manipulados destinados a desacreditar a periodistas, funcionarios y candidatos durante procesos electorales, con impacto especialmente severo en mujeres periodistas, blanco de contenidos misóginos generados por IA. Meta implementó en 2025 cambios significativos en su sistema de verificación de hechos, reemplazándolo por un mecanismo de «notas comunitarias» que, según organizaciones especializadas, podría reducir la detección de contenidos dañinos. La Relatoría llamó a los Estados a involucrarse en diálogos multilaterales para construir consensos en materia de moderación de contenidos y gobernanza de Internet, conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
En sus recomendaciones, la Relatoría llama a los Estados a derogar las leyes de difamación criminal, abstenerse de usar procesos penales para proteger el honor de funcionarios públicos y revisar la legislación sobre vigilancia comunicacional conforme a principios de necesidad y proporcionalidad. Exhorta a reformar los regímenes de acreditación periodística bajo criterios objetivos y transparentes, y a garantizar la seguridad de periodistas en contextos de protesta. En materia digital, recomienda evitar marcos regulatorios que incentiven la «censura privada» de las plataformas, promover el acceso universal a internet y fortalecer la ciudadanía digital de niñas, niños y adolescentes sin comprometer su autonomía.
El informe concluye con una advertencia que trasciende la estadística: en varios países de la región, el exilio forzado se ha convertido en una de las principales vías de protección para periodistas que enfrentan la represión. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, la Relatoría documenta que cuando los periodistas se refugian en el exterior, la represión se extiende a sus familiares que permanecen en el territorio nacional.
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