La tecnología de la impunidad: el lobby de las «falsas denuncias» como contraofensiva al feminismo en la Argentina
Cuatro medios de comunicación, integrantes de la Red de Medios Digitales, decidieron unir esfuerzos para investigar la expansión de un entramado político, judicial y mediático que busca instalar la idea de que las denuncias por violencia de género son falsas. El resultado es un relevamiento que identifica actores, discursos y estrategias que configuran lo que sus autores denominan una «tecnología de la impunidad»: un dispositivo articulado que, bajo la retórica de la «industria de las denuncias» apunta a deslegitimar a las víctimas y debilitar la capacidad de respuesta del Estado frente a la violencia machista.
En un país donde solo el 0,3 % de las denuncias por violencia de género resultan falsas, según registros del Ministerio Público Fiscal, y donde menos del uno por ciento de las denuncias por abuso sexual infantil llega siquiera a un veredicto, un conjunto organizado de actores políticos, judiciales, mediáticos y civiles viene construyendo, con creciente eficacia, la narrativa opuesta: la de que denunciar es una industria, un negocio, un arma. Esta es la paradoja que documenta el relevamiento El lobby de las «falsas denuncias»: la última frontera de la ultraderecha, producido de manera colaborativa por las redacciones de Periódicas, Enfant Terrible, Feminacida y La Nota Tucumán, todas integrantes de la Federación Nacional Red de Medios Digitales (RMD).
Qué se está analizando y con qué alcance
El informe se propone mapear un ecosistema de organizaciones, comunicadores, abogados y funcionarios que operan activamente para instalar la idea de que las denuncias por violencia de género, abuso sexual o femicidio no responden a hechos reales de violencia estructural, sino a instrumentos de manipulación política, extorsión económica o venganza. Los autores denominan a este fenómeno «tecnología de la impunidad»: no un conjunto casual de frases dispersas, sino un dispositivo político y comunicacional articulado en varias dimensiones —discursiva, institucional-legislativa, mediática, jurídica y transnacional— cuyo efecto práctico es reducir la capacidad del Estado y de la justicia para intervenir ante la violencia machista.
El mapeo se realizó con metodología mixta: scrapping de redes sociales y portales de noticias combinado con investigación manual, lectura de declaraciones públicas, proyectos legislativos, análisis cualitativo de publicaciones, rastreo de alianzas políticas y entrevistas a especialistas. El alcance territorial de esta primera etapa abarca Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones donde se detectó mayor presencia y consolidación estratégica de estos actores. Los autores advierten explícitamente que el relevamiento no pretende ser exhaustivo ni cerrar el registro del ecosistema: su propósito es demostrar la existencia del lobby y comenzar a dimensionar su articulación.
La hipótesis central del informe es que este tipo de discurso se reforzó a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei y de la llegada de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia. El ahora exfuncionario cuestionó públicamente la figura de femicidio, declaró que el feminismo era una distorsión del concepto de igualdad y avanzó en la intención de eliminar esa figura del Código Penal argentino.
Consideraciones y hallazgos: un lobby organizado con polos territoriales definidos
La investigación identificó un total de 44 actores —organizaciones, fundaciones, abogados y funcionarios— que participan en la producción, circulación y legitimación de discursos vinculados a la supuesta «industria de las falsas denuncias». La distribución geográfica revela polos de concentración significativos: Santa Fe lidera con veinte actores relevados, seguida por Tucumán con doce, Buenos Aires con siete y Córdoba con tres. Al mismo tiempo, se detectó presencia en otras provincias como La Rioja, Jujuy, Entre Ríos y Misiones, lo que señala la necesidad de ampliar el estudio.
El crecimiento de este ecosistema es reciente y acelerado. Cerca del 30 % de los actores surgieron entre 2024 y 2025, aunque hay raíces previas: solo dos actores son anteriores a 2015, mientras que los picos de surgimiento en 2020 y 2021 sugieren que coyunturas como la pandemia, la movilización de sectores de ultraderecha y los debates legislativos actuaron como disparadores. El análisis cualitativo reveló cinco narrativas que estructuran el discurso: la «mala víctima» —que desacredita a quien denuncia mediante la exposición de su vida privada y emocionalidad—; el Síndrome de Alienación Parental (SAP), categoría rechazada por organismos profesionales y prohibida en procesos judiciales pero persistentemente utilizada; la «mala madre», que desvía la atención hacia la adulta responsable del cuidado insinuando que contamina el relato; el «interés económico», que sostiene que detrás de cada denuncia hay un propósito material; y la «campaña de desprestigio», especialmente utilizada cuando el denunciado es una figura pública.
La narrativa más frecuente entre los 44 actores relevados es la de la campaña de desprestigio: veintitrés organizaciones la utilizan como argumento central. Le sigue el SAP, defendido por dieciocho actores, en su mayoría organizaciones que defienden a varones denunciados por abuso sexual infantil. Los autores del informe son enfáticos: todos estos señalamientos constituyen mitos sin sustento jurídico ni evidencia empírica, ninguno validado por la justicia ni por la literatura científica.
Desde distintas perspectivas territoriales, los textos que componen el informe coinciden en que el fenómeno no es una suma de casos aislados sino una estrategia articulada. En Santa Fe, Periódicas documenta cómo la senadora Carolina Losada —que se define feminista, pero sostiene que la mentira y las falsas denuncias no tienen género— se convirtió en la principal referente política del lobby en el Congreso, impulsando junto con el ministro Cúneo Libarona un proyecto para elevar las penas por falsas denuncias de dos meses a un año hasta tres o seis años, con prisión efectiva. Su alianza con Andrea Guacci, fundadora del Observatorio de Falsas Denuncias, y la organización de seis jornadas itinerantes por todo el país —realizadas en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Tucumán y Córdoba— configuran lo que el informe llama una «promoción institucional de la industria de las falsas denuncias».
Entre los casos que estas jornadas visibilizan como banderas figura Juan Trigatti, el llamado «profe Juanchi», docente santafesino que fue absuelto en primera instancia, pero luego condenado a doce años de prisión por dos tribunales sucesivos por abuso sexual de cinco niñas. Su esposa Fernanda De Luca es una figura activa en las jornadas de Losada.
En Córdoba, el equipo de Enfant Terrible contextualiza el fenómeno en la tensión entre el conservadurismo y la vanguardia que históricamente caracteriza a esa provincia, y documenta las conexiones entre organizaciones cordobesas —Acampe Rojo, Padres Sin Derechos, El Otro Lado— con redes nacionales e internacionales como el Registro Internacional de Personas Inocentes Acusadas Falsamente (Ripiaf). La directora del observatorio de género Mumala, Betiana Cabrera, describe la estrategia central del movimiento: tomar la potencia del relato de la víctima y usarlo a favor de varones «injustamente denunciados» como motivo de contraofensiva.
Tucumán emerge en el informe de La Nota Tucumán como un núcleo de articulación especialmente activo, con una red que involucra legisladores, jueces, fundaciones, medios y el Colegio de Abogados provincial, que organizó en 2025 dos de las jornadas con mayor respaldo institucional. El debate público tucumano fue moldeado entre 2023 y 2025 por medios como El Tucumano, Contexto y La Gaceta mediante técnicas de agenda setting que posicionaron la idea de una creciente «industria de las falsas denuncias».
Como caso testigo, el informe analiza la denuncia de una periodista deportiva tucumana por abuso sexual grupal contra ex jugadores de Vélez Sarsfield, proceso que derivó en una contradenuncia contra la víctima, su padre, sus representantes legales y cuatro testigos, con una investigación por falso testimonio que avanza a mayor velocidad que la causa de fondo. La situación escaló hasta una medida cautelar de censura previa contra un medio local, cuestionada por organizaciones de derechos humanos como violatoria de la Constitución Nacional y la Convención Americana.
Conclusiones: urgencia democrática
Los autores del informe son explícitos en señalar por qué consideran urgente visibilizar este fenómeno. La narrativa de las «falsas denuncias» tiene un efecto desmovilizador concreto: contribuye a que las víctimas duden, a que los testigos no colaboren, a que los organismos públicos se retraigan. Cuando ese discurso se articula con reformas legislativas que buscan eliminar la figura del femicidio o reducir la perspectiva de género en la justicia, se está desplegando, en términos del propio informe, una tecnología de impunidad. La abogada feminista Melisa García, fundadora de Abofem Argentina, lo plantea en términos directos: los marcos penales para castigar la denuncia falsa ya existen; lo que estas iniciativas buscan es ensañarse con mujeres, niñeces y diversidades, partiendo de la sospecha de que las mujeres mienten.
Desde distintas perspectivas y territorios, los textos que conforman este relevamiento coinciden en un punto central: sin instituciones y políticas públicas que garanticen la perspectiva de género, el país quedará atrapado en una modernidad donde la impunidad de los agresores se construye, sistemáticamente, sobre el descrédito de quienes denuncian.
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