Soberanía productiva y tecnológica
La experiencia de Brasil —al igual que la de la Argentina— debería servir como una lección histórica en el debate actual sobre soberanía tecnológica en la industria digital.
Antes de la década de 1970, en Brasil operaban varias fábricas internacionales de semiconductores controladas por empresas multinacionales: Philips, Motorola, Siemens, NEC, Fairchild, Texas Instruments y National Semiconductor.
En esos años, Brasil tomó una decisión ambiciosa: alcanzar soberanía productiva y tecnológica en el incipiente sector de las tecnologías de la información, que luego se convertiría en la base de la llamada Tercera Revolución Industrial.
El gobierno de la dictadura militar consideraba excesiva la dependencia respecto de las empresas extranjeras del sector, especialmente de gigantes como IBM, cuyo dominio dejaba escaso margen para la competencia y representaba un riesgo para la soberanía nacional. Presionado por empresarios brasileños que veían en la informática una fuente estratégica de desarrollo y beneficios futuros, el gobierno impulsó medidas para proteger a la industria naciente. Los militares nacionalistas encontraron apoyo, incluso, entre sectores de izquierda.
El principal instrumento de ese acuerdo fue la Ley de Reserva de Mercado para productores nacionales, aprobada en 1984 con un solo voto en contra en el Congreso. Convencidos de que el proteccionismo podía transformar al país en un polo tecnológico, como había ocurrido en Japón, Brasil inició así una experiencia desarrollista singular.
Ese año, João Baptista de Oliveira Figueiredo —último presidente de la dictadura militar brasileña, que gobernó entre 1979 y 1985— transitaba el tramo final de un período marcado por el movimiento Diretas Já, que reclamaba elecciones directas.
Durante el gobierno de José Sarney (1985-1990), la Ley de Informática de 1984 reguló la compra nacional de equipamiento informático y limitó el ingreso de compañías como IBM, Microsoft y Apple. En 1986, Sarney reafirmó públicamente que la ley no sería modificada y sostuvo el proteccionismo que restringía la importación de computadoras y componentes para favorecer a la industria local. Estas políticas tecnológicas generaron fuertes tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos.
Brasil impulsó en los años setenta una política de soberanía tecnológica basada en la protección de la industria informática nacional, en un contexto de fuerte disputa con las grandes corporaciones estadounidenses.
Aunque había sido heredada de la dictadura militar, Sarney defendió la continuidad de la reserva de mercado como una cuestión de soberanía nacional.
La represalia comercial estadounidense no tardó en llegar. La administración de Ronald Reagan inició investigaciones y acciones judiciales por prácticas desleales y supuestas violaciones de propiedad intelectual. Además, aplicó sanciones a exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos.
Presionado por Washington, el gobierno de Sarney impulsó la Ley del Software (1987-1988). La norma, que protegía el desarrollo de software nacional, habilitó bajo ciertas condiciones la importación de programas extranjeros que no tuvieran equivalentes en el mercado brasileño.
Más tarde, la Ley 8242/1991, promulgada por Fernando Collor de Mello, modificó el concepto de empresa nacional y abrió el mercado local al capital extranjero, bajo el argumento de mejorar la competitividad y desarrollar capacidades en el sector de tecnologías de la información y automatización.
Qué dejó aquella experiencia
Empresas de base electrónica y digital como CCE, Elebra, Gradiente y Edisa ya existían antes de la Ley de Reserva de Mercado. Tras su promulgación surgieron otras compañías como Cobra, Scopus, Itautec, Microtec, Microdigital y Prológica.
Entre los principales impactos del proceso se destacan la formación de mano de obra calificada en informática e ingeniería, la generación de decenas de miles de puestos de trabajo —se estiman unos ochenta mil— y un fuerte impulso a la economía local. También se redujo parcialmente la brecha tecnológica y crecieron las inversiones privadas en investigación y desarrollo dentro del sistema universitario.
En el mercado brasileño aparecieron grandes fabricantes multinacionales como Panasonic y Semp Toshiba, mientras las empresas nacionales produjeron una amplia variedad de modelos y estándares, en contraste con el posterior predominio global de la arquitectura PC.
El desarrollo de capacidades tecnológicas en el sector digital contribuyó, además, a que el sistema financiero brasileño se transformara en una referencia internacional. Hoy es uno de los más innovadores y concentrados de América Latina, dominado por grandes bancos tradicionales y una rápida adopción de herramientas digitales. Supervisado por el Banco Central do Brasil, este ecosistema permitió el surgimiento de PIX, el sistema de pagos instantáneos que revolucionó las transacciones comerciales y desplazó en gran medida a las tarjetas de crédito y los tradicionales comprobantes bancarios.
Las críticas y los límites del modelo
Los cuestionamientos más frecuentes a la experiencia brasileña se concentran en varios puntos:
- La falta de competitividad de las empresas nacionales frente a las extranjeras.
- La producción de equipos más costosos y, en algunos casos, de menor calidad.
- Las dificultades para acceder a tecnologías avanzadas desarrolladas en el exterior.
- El estímulo indirecto a la piratería de software y a la clonación de computadoras.
- La fuga de talentos hacia países con sistemas científicos y tecnológicos más desarrollados.
- La ampliación de la brecha tecnológica con respecto a los países centrales al final del período de reserva.
- La aparición de mercados paralelos para el ingreso ilegal de componentes desde países vecinos, especialmente Paraguay.
Con la apertura económica, varias compañías fueron absorbidas por bancos, lo que favoreció procesos posteriores de innovación financiera y digital. Itautec pasó a integrarse al Banco Itaú; Cobra fue adquirida por Banco do Brasil; y Scopus terminó primero en manos de Bradesco y luego de IBM Brasil. Microsiga, por su parte, se transformó en Totvs y se consolidó en el mercado de software de gestión empresarial.
La reserva de mercado generó empresas locales, empleo calificado e innovación tecnológica, aunque también dejó problemas de competitividad, costos elevados y limitaciones para integrarse al mercado global.
Las fábricas de semiconductores Egis Semicondutores y Semikron abandonaron el mercado brasileño. La instalación de esas plantas había ocurrido en simultáneo con procesos similares en Asia. En 1974, Philips inauguró una fábrica en Recife y, ese mismo año, otra en Kaohsiung, Taiwán. Ambas comenzaron con una capacidad de producción de cincuenta millones de circuitos integrados anuales. Sin embargo, mientras las restricciones del mercado brasileño limitaron la expansión local, Taiwán alcanzó apenas cinco años después una producción de mil millones de circuitos integrados por año.
El problema central fue que Brasil diseñó una política informática orientada casi exclusivamente al mercado interno, a diferencia de Corea del Sur y Taiwán, que combinaron protección estatal con estrategias exportadoras. En el caso brasileño, las barreras protegieron a la industria local, pero el consumidor terminó pagando el costo de la falta de escala y competitividad internacional.
Estudios comparados y el debate pendiente
La experiencia brasileña despertó el interés de numerosos investigadores que estudiaron los procesos de industrialización en América Latina. Una reseña publicada en la revista Latin American Research Review en 1986 repasó varios trabajos relevantes.
Paulo Bastos Tigre (1983) sostuvo que la industria informática brasileña surgió tardíamente, ya que hasta 1975 casi todas las computadoras eran importadas. Sin embargo, destacó que entre 1975 y 1981, gracias a la sustitución de importaciones, la producción local superó los 1.100 millones de dólares y generó innovaciones significativas en diseño y aplicaciones. Para Tigre, Brasil representó un caso exitoso de industrialización impulsada por el Estado.
Thomas J. Trebat (1983) enfatizó el papel de las empresas estatales como motor del crecimiento económico y de la autonomía tecnológica, incluso en sectores de alta complejidad.
Dale Story (1981), al comparar Brasil con Argentina, Chile y México, concluyó que Brasil y México lograron mayores tasas de crecimiento cuando los conflictos sectoriales se desarrollaron con cierta autonomía respecto del Estado. En la Argentina y Chile, donde el Estado condujo directamente esos procesos, los resultados fueron menos exitosos. En Brasil, la presión por la reserva de mercado surgió principalmente de empresarios nacionales, apoyados luego por las Fuerzas Armadas y el Estado.
Odell y Dibble (1992) señalaron que Estados Unidos utilizó las negociaciones multilaterales como herramienta central para impulsar políticas de liberalización comercial durante las décadas de 1980 y 1990.
Para los autores de «Lecciones del pasado», publicado por la revista Carta Capital, el consenso neoliberal terminó consolidando la idea de que la experiencia brasileña había sido un fracaso absoluto, clausurando así cualquier debate sobre sus enseñanzas históricas.
Según esa visión dominante, la reserva de mercado solo había producido bienes caros y obsoletos y debía eliminarse para alcanzar la modernización. Sin embargo, esa modernidad prometida nunca llegó. Desde entonces, Brasil atravesó uno de los procesos de desindustrialización prematura más profundos del mundo, con bajo crecimiento económico y dificultades persistentes para generar empleo calificado.
Décadas después, la dependencia tecnológica reaparece bajo nuevas formas: infraestructura de nube, plataformas digitales y servicios estratégicos controlados por corporaciones extranjeras.
La desnacionalización avanzó rápidamente. La inversión extranjera pasó de representar el seis por ciento del PBI en 1995 al 45 %. El país quedó expuesto en una etapa marcada por las disputas geopolíticas entre grandes potencias. La dependencia tecnológica se extendió desde los chips hasta las plataformas digitales, las infraestructuras de nube, los cables submarinos y los satélites de órbita baja. Incluso la administración pública depende de grandes corporaciones tecnológicas extranjeras para áreas sensibles de comunicación y procesamiento de datos.
Contrariamente a la percepción dominante, la reserva de mercado produjo resultados significativos. Se crearon cientos de empresas nacionales, que llegaron a controlar el 66 % del mercado; el sector brasileño registró uno de los mayores crecimientos del mundo; y las compañías locales invirtieron entre el ocho y el 11 % de sus ingresos en investigación y desarrollo, además de contratar proporcionalmente mucha más mano de obra calificada.
La ingeniería inversa permitió desarrollar productos cercanos a la frontera tecnológica, como el sistema operativo SOX —basado en UNIX— y posicionó a Brasil en nichos como la automatización bancaria.
Aprender requiere tiempo
Si bien la experiencia brasileña mostró limitaciones y errores, muchas comparaciones internacionales resultaron metodológicamente débiles e ignoraron la rápida evolución de los productos nacionales, sostienen João Machado y Jorge Görgen, autores del artículo «Aprender requiere tiempo y dinero, pero es el único camino hacia el desarrollo sostenible», publicado también en Carta Capital.
Entre 1985 y 1989, Estados Unidos utilizó investigaciones comerciales y presiones diplomáticas para forzar el desmantelamiento de la reserva de mercado. Brasil debió reducir restricciones a productos importados, prometer que no renovaría el régimen de protección, revertir decisiones desfavorables a Microsoft y Apple —como en los casos MS-DOS/SISNE y Unitron/Apple Macintosh— y aprobar una ley de software alineada con los intereses estadounidenses.
Esa presión debilitó la coalición política interna que sostenía la política tecnológica. Los sectores exportadores comenzaron a temer represalias comerciales y, en un contexto de endeudamiento externo e inflación, Estados Unidos impuso el fin de la reserva como condición para renegociar la deuda. El resultado fue el abandono progresivo de las políticas de soberanía tecnológica.
No se trata hoy de restablecer mecánicamente la reserva de mercado ni de reeditar fórmulas de «compre nacional» o «compre argentino». Pero abandonar la búsqueda de soberanía tecnológica e industrial implica profundizar la dependencia y el empobrecimiento estructural. El desafío consiste en encontrar caminos adecuados a las condiciones actuales, aprendiendo de las experiencias históricas.
Tanto en Brasil como en la Argentina, el mercado de computación en la nube está dominado por tres proveedores: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Ese liderazgo también se replica en Europa. En Argentina, la empresa pública Arsat[1]Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A ofrece servicios de nube pública mediante infraestructura y software diferentes de los grandes actores globales, aunque su penetración en el mercado sigue siendo limitada.
Cuando una parte tan importante del almacenamiento, procesamiento de datos y de la capacidad de cómputo depende de proveedores sujetos a legislación extranjera, hablar de soberanía sin abordar esa dependencia resulta, como mínimo, insuficiente.
En ese contexto, y ante los signos de agotamiento del neoliberalismo, es urgente reabrir el debate sobre la soberanía productiva y tecnológica en el contexto digital.
Alfredo Moreno
Computador Científico. Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).
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Notas
| ↑1 | Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A |
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